La Cámara de Representantes trató el miércoles el informe de la comisión investigadora sobre la construcción de la regasificadora de Puntas de Sayago. Los legisladores aprobaron por mayoría el informe presentado por el oficialismo, en el que rechazan remitir el caso a la Justicia, y una moción para que los documentos que fueron declarados como reservados por el Poder Ejecutivo se mantengan como tales.

El diputado nacionalista Pablo Abdala publicó en su cuenta de Twitter fragmentos de su exposición en el Parlamento. Manifestó que se actuó con “arbitrariedad” y “desviación de poder”, y además dijo que existió “favoritismo” hacia la empresa brasileña OAS, a la que se le adjudicó la conexión del gasoducto. El diputado además sostuvo que la “oferta de OAS no era la más barata y la ingeniera Jara mintió en relación a este punto”.

La presidenta de ANCAP, Marta Jara, le respondió en la misma red social, y dijo que Abdala no “respeta el debido proceso”. Lo que corresponde, añadió, es que “si tiene indicios”, presente “el tema a la Justicia”. “No los tiene. Difama protegido por sus fueros. Lo considero una cobardía. Nada más para decir”, expresó.

Abdala dijo a la diaria que lamenta haberla “ofendido”. En su opinión, hay una línea “muy sutil” entre “tratar a alguien de mentiroso” y marcar que alguien “dijo una mentira”. De todas formas, precisó que él no juzga a las personas, sino las declaraciones. Reiteró que el gobierno “construyó un relato falso” en torno a la regasificadora y que la ministra de Industria, Energía y Minería, Carolina Cosse, y la presidenta de la petrolera “alimentaron” la idea de que la “regasificadora se iba a hacer de igual forma, que seguía en marcha, y lo mantienen hasta el día hoy”. Para él, es una forma de “burlarse de los legisladores y, por extensión de la ciudadanía”, ya que “está claro que no hay regasificadora y no va a haber”.

Asimismo, el legislador cuestionó la moción de mantener en secreto los documentos declarados como tales en la investigadora. De todos modos, aseguró que presentarán la denuncia a la Justicia y “le tendremos que pedir al juez que solicite al Parlamento y al gobierno esos documentos. ¿Cuál es el empecinamiento en mantener esto en secreto?”, puntualizó. En tanto, el diputado oficialista Roberto Chiazzaro comentó que el Poder Ejecutivo había declarado como reservados los documentos cuando los envió a la comisión y, que en el Frente Amplio entendieron que había que mantener la voluntad del gobierno. Agregó que también votaron para que las actas de la comisión fueran publicadas.