La Corte de Asís de Apelación de Roma, presidida por la jueza Agatella Giuffrida, convocó la próxima audiencia del juicio Plan Cóndor para el 21 de diciembre de tarde. Sólo entonces se expresará por el pedido de admisión de nueva documentación y nuevos testigos que en la audiencia del 7 de noviembre requirieron la Procuraduría General, la fiscal Tiziana Cugini y las partes civiles, en particular el abogado Andrea Speranzoni, que representa al Estado uruguayo en esta segunda instancia del juicio.

En la audiencia de ayer, Fabio Maria Galiani, el abogado de Uruguay durante la primera instancia de la contienda, buscó evidenciar su aporte durante el juicio y cuestionó la sentencia, ya que, en su opinión, cae en el error de considerar a Jorge Néstor Tróccoli y el Fusna (Fusileros Navales) marginales en los operativos de represión. Se quejó de la poca consideración que se dio a las pruebas que presentó, que a su juicio eran más que suficientes para demostrar la culpabilidad de Tróccoli y Juan Carlos Larcebeau Aguirregaray. Luego pasó a explicar lo que, según él, no funcionó en el juicio de primera instancia. Su análisis se centró en el rol de la ex fiscal Mirtha Guianze, quien fue testigo en el juicio, en las supuestas contradicciones en su testimonio y en su conflicto de interés en las investigaciones sobre Tróccoli. También mencionó el parentesco de la ex fiscal con Carlos Guianze, quien en 1976 designó a Tróccoli al frente del S-2 (el departamento de inteligencia del Fusna). También sostuvo que Guianze tuvo influencia en las testigos Rosa Barreix y Cristina Finn, a quienes empujó a ocultar algunas circunstancias.

Sobre el pedido de admisión de nueva documentación y de nuevos testigos que hizo Speranzoni dijo que ya hay suficiente documentación y que todo el material depositado en esa segunda instancia tiene una relevancia histórica y no jurídica. Respecto de los testigos, expresó que al único que vale la pena escuchar nuevamente es a Alex Lebel. En cambio, sostuvo que los otros testigos propuestos por Speranzoni no tienen una relevancia en el juicio. Los demás abogados que defienden a las víctimas, en cambio, apoyaron completamente los pedidos de la Procuraduría General, la Fiscalía y Speranzoni.

Las defensas de los imputados, en cambio, se opusieron de forma contundente a la renovación parcial de la prueba y a la convocatoria de nuevos testigos, e interpusieron cuestiones relacionadas con la ciudadanía de las víctimas en el momento de sus desapariciones y al retraso en el recurso de la apelación interpuesto por la Procuraduría General.

Buena parte de la audiencia correspondió al alegato del abogado defensor de Tróccoli, Francesco Guzzo, que centró su discusión en el compendio documental presentado por Speranzoni. Sostuvo que no se puede aceptar la documentación porque no se trata de pruebas que surgieron después de la sentencia en primera instancia, sino de documentación que siempre estuvo en los archivos del Fusna y del Ministerio de Defensa Nacional, y que se buscó después de las absoluciones. Se refirió a Tróccoli como un soldado de segunda fila, marginal en cualquier operación y a quien se le encomendaba exclusivamente escribir relaciones de servicio; un personaje secundario que “vivía entre papeles”. Le agradeció a Galiani por decir que la documentación depositada en primera instancia era completa y que es innecesario proceder a nuevas adquisiciones documentales. Concluyó con una firme oposición a la renovación de la prueba y se opuso de manera contundente a los pedidos de las otras partes procesales, especialmente a volver a convocar testigos. “Los defensores de los imputados afirmaron que las nuevas pruebas aportadas no eran útiles”, dijo Speranzoni a la diaria. “Esto revela nerviosismo, porque en realidad hablamos de testigos a los que nunca se escuchó en primera instancia y, sobre todo, de testigos y material documental que relacionan a Tróccoli y Larcebeau con las actividades operativas de la Escuela de Mecánica de la Armada de Buenos Aires. El acceso a ese material fue posible sólo a partir de abril de 2017, con la apertura de archivos hasta aquel entonces cerrados y con su desclasificacion. Esa alteración demuestra que hemos apuntado al corazón de la cuestión”, argumentó el abogado. El jurista explicó que los documentos relacionados con los casos de Elena Quinteros y Rafaela Filipazzi, depositados en la pasada audiencia, sirven para explicar los procedimientos operativos del Fusna, y sostuvo que son “útiles” para que la oficina del fiscal inicie nuevos procedimientos. “La importancia de las nuevas evidencias es funcional para identificar las responsabilidades de aquellos que han sido absueltos en primera instancia, pero también para encontrar la verdad sobre el destino de los desaparecidos: para saber dónde y cómo fueron asesinados. Soy optimista acerca de la decisión que la Corte tomará en relación con nuestros pedidos”, concluyó Speranzoni.