Mediante un comunicado, el Sindicato Autónomo Tabacalero (SAT) se distanció de las protestas de trabajadores del sector durante el acto del Consejo de Ministros en Pueblo Sequeira, en el departamento de Artigas, que terminó con un altercado con el ministro del Interior, Eduardo Bonomi.

“El señor Delmar Suárez no es afiliado a nuestro sindicato, tampoco nuestro sindicato negocia las condiciones de trabajo de los trabajadores rurales o productores agrarios, que se dedican al cultivo o cosecha de tabaco”, dice el comunicado del SAT. El hijo de Delmar Suárez, Osvaldo, fue uno de los detenidos tras el incidente y es funcionario de la Intendencia de Artigas y productor tabacalero.

Tras estas aclaraciones, el gremio estimó conveniente hacer algunas precisiones: sostuvo que las tareas de cultivo, cosecha y selección de acopio se llevan a cabo en las ciudades de Artigas y Rivera, y que efectivamente se trata de un sector con “importantes dificultades debido a las medidas antitabaco y el contrabando”, por lo que el sindicato se encuentra “luchando” para “efectivizar a 60 familias que su trabajo es zafral y eventual”. “Actualmente en el país más de 1.000 familias dependen directamente de la producción y exportación de derivados del tabaco”, aseguró en el comunicado.

Finalmente, el sindicato invita a “todos los actores al diálogo” para poder enfrentar el contrabando de tabaco y cigarrillos, “que roza el 30% del consumo nacional”, para “mejorar las condiciones y calidad del trabajo, y reglas claras que contribuyan a la estabilidad del sector y la salud de todos los uruguayos”.

El otro argumento

Ayer, el Ministerio del Interior también emitió un comunicado sobre el incidente, pero a efectos de “esclarecer versiones sobre el procedimiento policial”, que terminó con dos manifestantes detenidos. Según la cartera, la custodia de Bonomi detectó que uno de los manifestantes involucrados en los hechos “poseía antecedentes penales de conducta violenta”. “En razón de ello, se procedió a retirarlo –junto a los demás protagonistas de los hechos– de forma inmediata del área y disponer su traslado a la seccional más próxima con el fin de ser asistido, confirmar identidades e informar al fiscal competente, lo que se dio cumplimiento en los plazos establecidos”, sostiene el comunicado. Según la cartera, “en esta última instancia se verificó” que uno de los manifestantes poseía numerosos antecedentes penales. El ministerio hizo público el nombre del involucrado y los cinco delitos por los que había sido procesado, que incluían rapiñas en calidad de cómplice, lesiones graves, abigeato y “homicidio agravado en reiteración real con un delito de lesiones graves”.

Las reacciones no se hicieron esperar, incluso en el Frente Amplio: “Como respuesta a la desmedida repercusión política de los incidentes en Artigas, el comunicado del Ministerio del Interior es un auténtico desatino. La información que tiene el Estado no se puede usar para desacreditar a las personas, por más antecedentes que tengan”, dijo el senador suplente oficialista Rafael Paternain.