El proyecto de ley de financiamiento de partidos políticos quedó en el tintero luego de que la oposición y el diputado frenteamplista Darío Pérez se negaran a dar sus votos para levantar el receso parlamentario. Si bien el proyecto volverá a estar arriba de la mesa en febrero, cuando el Parlamento retome su actividad, las consecuencias de no votar la iniciativa pueden ser “dañinas” para el sistema político, consideró el politólogo Daniel Chasquetti.

Para Chasquetti, aprobar este proyecto de ley sería dar un mensaje a la ciudadanía, ya que el texto promueve medidas “severas”, como los topes a las donaciones particulares y a los montos que los propios candidatos puede aportar a sus campañas, además de prohibir las donaciones de las empresas privadas, así como las anónimas. “Hay cálculos de corto plazo que le están haciendo daño al sistema político; la población está esperando lo contrario a la señal que dieron el otro día: establecer reglas que den más transparencia y cristalinidad”, manifestó.

Sobre uno de los artículos más resistidos por parte de la oposición, el que define la distribución gratuita de minutos publicidad en televisión abierta, Chasquetti dijo que se utilizan argumentos “inexactos” para posicionarse en contra. El proyecto prevé repartir 45% en forma igualitaria entre los lemas que tengan representación parlamentaria, 50% en proporción directa a los votos obtenidos por cada lema en la elección nacional anterior, y 5% para los restantes partidos. “En el mundo se calcula la distribución de la publicidad según el peso que tiene cada partido en el Parlamento. Acá hubo un acto de desprendimiento bastante grande por parte del Frente Amplio (FA), que tiene la mayoría en las dos cámaras, pero optó por ceder 45% en forma equitativa”, señaló Chasquetti. Para el politólogo, una vez que se realizara ese reparto, el oficialismo se quedaría con un tercio del espacio gratuito mientras la oposición obtendría dos tercios.

El politólogo también mencionó el artículo que prohíbe la publicidad estatal durante el período electoral y opinó que es “irracional” no querer aprobarlo. “Ahora, el Estado va a salir con campañas de Antel, UTE, ANCAP –como la vez pasada, que fue vergonzoso– porque en definitiva va a buscar equilibrar con fondos públicos el poder que tiene la oposición respecto del mundo económico”, afirmó Chasquetti. De todos modos, se mostró optimista sobre su eventual aprobación en febrero. “El proyecto todavía está en la agenda. Su aprobación exigirá negociar qué medidas todavía se pueden llegar a implementar. Eso los legisladores lo pueden hacer, pero tiene que haber voluntad política”.

Por su parte, el politólogo Rafael Piñeiro entiende que esta iniciativa avanzaba significativamente en materia de transparencia. Entre los cambios que impulsa, mencionó como positiva la eliminación de las donaciones de las empresas privadas. Esto, agregó, tiene sentido en Uruguay porque la legislación actual impide donar a las asociaciones profesionales, gremiales, sindicales, entre otros, por lo que es “incoherente” que se dé luz verde a las empresas para que donen pero, por otro lado, se prohíba la donación de las cámaras empresariales. Además, resaltó, esta modificación tiene una lógica de fondo: el financiamiento “es una forma de participación en el proceso político democrático”. Por lo tanto, es “bastante discutible” que las empresas tengan legitimidad para “intervenir” en el proceso de selección de los gobernantes, porque la democracia establece la participación “entre ciudadanos”, acotó.

Otro de los puntos valorados como un avance por Piñeiro es el que refiere a los topes de los montos que podrán destinar a sus campañas los candidatos. Acotó que fijar un límite “obviamente tiene un aspecto positivo”, que es acortar la brecha entre quienes tienen plata y quienes no. Sin embargo, puntualizó que el proyecto presenta un vacío al no exigir al candidato que blanquee la procedencia de esos fondos, ya que los candidatos, por ejemplo, pueden declarar como suyas donaciones de empresas que desean mantener el anonimato o aportar más de lo que pueden legalmente.

A diferencia de la actual normativa, el proyecto de ley obliga a declarar ingresos y gastos de los precandidatos de las elecciones internas. Muchas veces sucede, explicó Piñeiro, que en esta instancia los candidatos menos conocidos optan por invertir más. Un claro ejemplo, señaló Piñeiro, fue el de la lista 711, encabezada por Raúl Sendic, en las internas de 2014, cuando fue la más votada del Frente Amplio. “Es una estrategia para hacerse conocidos cuando los que ya son conocidos no hacen tanta campaña”, indicó.

El dinero y el camino del poder

Una forma de entender cómo funcionan los partidos políticos es analizando sus prácticas de financiamiento. “El camino del dinero es el camino del poder, porque la plata sigue la forma en la que se estructura el poder”, señaló Piñeiro. En el artículo llamado “¿Quién maneja la caja? Financiamiento político y estructuras partidarias en Uruguay”, publicado este año en la revista Colombia Internacional, escrito por los investigadores de la Universidad Católica del Uruguay (UCU) Santiago Acuña y Cecilia Rossel, además de Piñeiro, se muestra cómo, a pesar de tener las mismas reglas de juego, las prácticas de financiamiento difieren entre los partidos, así como entre los distintos sectores. El estudio, además, se enmarca en un proyecto de investigación más amplio llamado “Financiamiento de campañas electorales en Uruguay”, realizado por el Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la UCU, Uruguay Transparente, el programa No Toquen Nada y la Fundación Friedrich Ebert en Uruguay.

Lo primero que observaron fue cómo se conformó el financiamiento de las fórmulas presidenciales en la primera vuelta de las elecciones de 2014. El FA tuvo 40,2% de financiamiento público, 58,4% de financiamiento interno y 1,4% de financiamiento privado; el Partido Nacional (PN) tuvo 53,4% de financiamiento público, 38,5% de financiamiento interno y 8,1% de financiamiento privado, y el Partido Colorado (PC) tuvo 44,7% de financiamiento público, 47,4% de financiamiento privado y 7,9% de financiamiento interno.

Según el estudio, en el oficialismo todos los sectores destinaron fondos a la fórmula presidencial. Del total del financiamiento público recibido por las listas al Senado (unos 220,2 millones de pesos), la fórmula se quedó con 84,2 millones y el resto se repartió entre las listas de senadores. En cambio, el estudio indica en el PN los aportes recibidos a la fórmula fueron “exclusivamente” del sector Todos, que lidera Luis Lacalle Pou, ya que el financiamiento público obtenido por los votos conseguidos por el sector Alianza Nacional, liderado por Jorge Larrañaga, fue “cedido” a la lista al Senado de ese sector. Sobre el financiamiento privado, el estudio asegura que en el FA las que reciben mayoritariamente este tipo de donación son las listas de diputados de Montevideo y de senadores. Eso se “contrasta fuertemente” con lo que sucede en los partidos tradicionales, en los que los diputados del interior “parecen gozar de mayor autonomía financiera” que los del FA.

Según explican los autores, las formas de “financiamiento” y los gastos de campaña “son producto de las relaciones de poder dentro de los partidos”. Asimismo, destacan que “las lógicas de recaudación y ejecución de gasto tienden a reforzar los patrones políticos y organizativos que les dieron vida. En otras palabras, las formas de organizar el financiamiento electoral son un factor explicativo de la distribución de poder dentro de los partidos y las fracciones”.

Cuando el financiamiento es “centralizado”, indica el estudio, es las autoridad del partido o del sector la que se encargará de fijar las reglas de juego. Por el contrario, si “el poder reside en los candidatos”, ellos se encargarán de “restringir al partido o a la fracción en su capacidad de recaudación y, en definitiva, en su poder para decidir una distribución de recursos que pueda eventualmente perjudicarlos”. También explican que si la estructura del partido es más descentralizada –como la del PN y PC–, la recaudación y el gasto se centrarán a nivel departamental.