Ayer la Cámara de Senadores rechazó el pedido de censura al ministro del Interior, Eduardo Bonomi. A solicitud del senador del Partido Nacional (PN) Álvaro Delgado, la votación fue nominal, por lo que, uno a uno y en orden alfabético, los legisladores fueron anunciando si apoyaban la moción presentada por Javier García (PN). La votación salió 15 a 16, ya que los legisladores del Frente Amplio (FA) respaldaron a Bonomi.
García propuso la acción por tres motivos: la versión de la muerte de un recluso, el 9 de octubre, en el penal de Libertad a manos de otros presos, que resultó falsa –el comisionado penitenciario parlamentario aseguró luego que lo mataron policías, y el ministerio admitió que la información oficial era errónea–; el episodio ocurrido en Artigas, donde Bonomi intentó tapar la pancarta de unos productores tabacaleros, y los incidentes en la manifestación en contra del G20 en el centro de Montevideo.
En la discusión García dijo que dos oficiales del Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO) debieron hacer una denuncia en una seccional del centro de la ciudad por un atentado con bombas de pintura marrón en la manifestación del 30 de noviembre, una acción que calificó de humillante. García reclamó que “sólo identificaron a dos de los violentos”. “La acción de la Fiscalía deja que desear, ya que promete no molestar hasta después de las vacaciones”, ironizó, refiriéndose a la pena que se negoció con uno de los condenados, que se aplicará luego de un viaje a Valizas.
Varios senadores de la oposición aseguraron que Bonomi fue cómplice de encubrimiento del asesinato en el Penal de Libertad porque la página del Ministerio del Interior (MI) mantuvo publicada la información de la muerte del recluso después de que el comisionado parlamentario, Juan Miguel Petit, determinara que la guardia fue la responsable del homicidio. Sobre esto Jorge Larrañaga (PN) dijo: “Si no hubo complicidad y encubrimiento, fue omisión de asistencia. La más barata [de las acusaciones] para el ministro es que hay incapacidad”. Además de la renuncia, Larrañaga reclamó la dimisión del jefe de Policía de Montevideo, Ricardo Pérez, por los incidentes en la marcha contra el G20, porque “14 forajidos pusieron en ridículo a la Policía nacional”. Sin embargo, dijo que la responsabilidad mayor es del presidente de la República, Tabaré Vázquez, por mantener en su cargo a Bonomi, y sostuvo que el mandatario es “necio” por persistir en el error. “El presidente abandonó la conducción de estos temas, estamos con piloto automático”, aseguró.
La senadora Verónica Alonso (PN) dijo que no le pediría la renuncia a Bonomi porque ella lo sacará cuando su partido acceda al gobierno. “Hoy ustedes [el FA] van a dar la cara a la derrota. No van a estar los votos en el Senado [para la censura], pero van a estar en las urnas. Lo voy a sacar [a Bonomi] cuando mi partido gane las elecciones”, sostuvo Alonso.
En su intervención Pedro Bordaberry (Partido Colorado) resaltó el aumento de los delitos y pronosticó que si sigue la tendencia actual, en 2019, habrá 480 homicidios.
Por su parte, Pablo Mieres (Partido Independiente) aseguró que si el ministro hubiera actuado de buena fe, habría bajado inmediatamente la información de la web sobre la muerte del recluso. “No se puede alegar que no se sabía, no se puede seguir sosteniendo que el tema fue un ajuste de cuentas. Eso en cualquier lado se llama encubrir, esa es la realidad de mantener una información falsa en pie. De los tres episodios este es el más grave, por lejos”, dijo.
En filas oficialistas, el senador del FA Charles Carrera sostuvo que las acusaciones de la oposición estaban fundadas en mentiras. “No es cierto que la Policía no pudiera actuar por mandato del ministerio”, sostuvo con relación a la marcha por el G20. Aseguró también que fue la Policía la que entregó la información a la Fiscalía en el caso de la muerte en Libertad. “Hubo malos policías que intentaron liberarse de su responsabilidad camuflando las circunstancias de la muerte”, explicó. Con relación al episodio con los tabacaleros, afirmó que los verdaderos perjudicados fueron las personas que querían participar en el acto que fue interrumpido por los manifestantes. “En mi opinión, buscaban desvirtuar la reunión. Detrás de esta irrupción existieron intencionalidades políticas para tapar los logros [del gobierno]”, opinó. El integrante del FA dijo que hay que atacar la “naturaleza estructural” de la violencia. Destacó que en la cámara no hubo ninguna mención a que 80% de los homicidios son entre personas que se conocen, que en Uruguay hay 40.000 delitos por violencia de género por año, y 300.000 niños y adolescentes que viven en hogares violentos.
Rafael Michelini (FA) recordó que en 2018 el Parlamento votó “tres o cuatro” leyes que tenían que ver con los delitos porque el año pasado se aprobó el nuevo Código del Proceso Penal, pero luego “tuvimos que salir a corregir”. “Hubo una confusión de roles [...] y el delito se disparó, porque a río revuelto, ganancia de delincuentes”, acotó.
Por otra parte, Ivonne Passada (FA) reclamó la responsabilidad de la oposición por la situación de las cárceles antes de que asumiera la izquierda. “Eran un caos” en el que los presos tenían que vivir en contenedores a los que calificó de “cloacas”. “La gente vivió entre materias fecales, orina y otras cosas”, afirmó.