Se inauguró el sábado el nuevo memorial en homenaje a los fusilados de Soca, que está emplazado en Camino de los Fusilados (ruta 70), a 300 metros del kilómetro 75 de la ruta 9, en Canelones. Floreal García, Mirtha Hernández, Héctor Brum, María de los Ángeles Corbo y Graciela Estefanel fueron secuestrados el 8 de noviembre de 1974 en Buenos Aires, torturados en centros clandestinos de detención en Argentina, trasladados a Uruguay en secreto (lo que fue conocido como el “vuelo 0”), torturados de nuevo en la casa de la rambla de Punta Gorda, y después fueron ejecutados, eventualmente, por los proyectiles hallados en el lugar, en donde ahora está emplazado el nuevo memorial.

Amaral García, hijo de Floreal García y Mirtha Hernández, nacido el 25 de octubre de 1971, fue secuestrado junto a sus padres y entregado a una pareja de policías argentinos. En 1984 Abuelas de Plaza de Mayo localizó a Amaral, que después del fallecimiento de la pareja de policías había estado al cuidado de quienes figuraban como sus abuelos maternos, y posteriormente, cuando estos también fallecieron, fue llevado a Formosa por un falso medio hermano, integrante de la Secretaría de Inteligencia del Estado. En diciembre de 1984 Abuelas de Plaza de Mayo inició la causa en la Justicia Federal y en julio de 1985 se iniciaron los trámites judiciales para la restitución ordenando los análisis inmunogenéticos. En setiembre de 1985 la Justicia argentina le restituyó la verdadera identidad a Amaral, después de que se confirmaran los resultados. Según testimonios de Víctor Semproni, que estuvo detenido por pertenecer al Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN-T), el torturador Jorge Pajarito Silveira le dijo que el operativo que derivó en la ejecución de los fusilados de Soca fue una represalia con el MLN-T por el asesinato del coronel Ramón Trabal, ocurrido en París. Sin embargo, el MLN-T nunca se hizo responsable de la muerte de Trabal.

Una pieza clave para develar lo sucedido con los fusilados de Soca fue el testimonio de Julio Abreu, que también fue secuestrado en Argentina por encontrarse en el cumpleaños en el que detuvieron a Floreal García. Abreu, que no era militante político, estuvo bajo amenaza durante la dictadura, pero en 2005 decidió dar testimonio ante la Justicia.

Nuevo memorial

Por iniciativa de la Comisión por la Memoria de los Fusilados de Soca, la asociación de ex presos políticos Crysol erigió el memorial en 2008. En ese momento consistía en un gran mural acompañado por una placa. Con la remodelación se le agregó una plataforma de cemento que culmina en cinco estructuras verticales que llevan grabados los nombres de las víctimas. También se agregaron luces que iluminan cada una de las estructuras desde el piso y bancos donde se puede tomar asiento para contemplar el mural.

En nombre de Crysol habló Enrique Chalar, quien calificó los asesinatos de “un crimen brutal y estremecedor”, “tan estremecedor como el hecho de que a 44 años debamos seguir reclamando justicia”. “Lo poco que se ha avanzado en el esclarecimiento de estos hechos se debe a esfuerzos privados de familiares, de compañeros y amigos, siendo notable la falta de involucramiento real y efectivo del órgano que tiene todas las potestades y facultades para investigar: el Poder Judicial”, criticó Chalar. Para el referente de Crysol, aunque “desde octubre de 2011 no existen obstáculos legales para actuar, la causa judicial, a pesar de los esfuerzos de la Fiscalía Especializada en Delitos de Lesa Humanidad, sigue sin avanzar. Incluso, los más que probables involucrados en los sucesos hasta gozan de prisión domiciliaria, sin haber sido nunca, pero nunca, interrogados al respecto”. Chalar también se refirió a la vandalización de distintos sitios de la memoria que, “lamentablemente”, parece haberse “puesto de moda”, entre “nostálgicos y cómplices del proceso”, que además niegan “públicamente los hechos”, y reclamó al Poder Judicial que “tiene que cumplir con su cometido institucional”. “Su máximo órgano, la Suprema Corte de Justicia [SCJ], debe dejar de tolerar las mil y una triquiñuelas que en forma permanente emplean los sospechados como delincuentes para enlentecer las causas. Debe generar las condiciones que permitan que los jueces actúen, se enfoquen y resuelvan. Debe frenar las indebidas prisiones domiciliarias de quienes han sido condenados por los peores crímenes que conoce la historia de Uruguay”, remató.