Por quinto día consecutivo se organizaron manifestaciones ayer en Budapest, la capital de Hungría, contra el proyecto de reforma laboral impulsado por el gobierno del partido derechista Fidesz, que encabeza Viktor Orbán.

El proyecto, al que la oposición denomina “ley de esclavitud”, habilita a los empleadores a reclamar a los trabajadores hasta 400 horas extras anuales –actualmente el límite es de 250– y a tomarse tres años para pagarlas. El gobierno afirma que esta nueva legislación laboral es necesaria debido a la falta de personal en las empresas y considera que además beneficiará directamente a quienes quieran trabajar horas extras.

En Hungría el problema de la falta de trabajadores se agudizó en los últimos años, durante la administración de Orbán, que está en el poder desde 2010. Con su discurso y sus políticas, el primer ministro se ha opuesto a la llegada de inmigrantes al país, lo que generó muchas vacantes en el mercado laboral.

Ayer la movilización en Budapest se concentró frente a la sede de la radio y televisión pública (MTVA), de la que horas antes fueron expulsados por la fuerza dos diputados opositores que pretendían leer ante las cámaras las demandas de los manifestantes. Los parlamentarios independientes Ákos Hadházy y Bernadett Szél fueron expulsados del edificio por la seguridad privada con la que cuenta la cadena.

La diputada Szél, que subió a su perfil de Facebook un video en el que se registra su expulsión y la de Hadházy del canal, pidió además la renuncia del ministro del Interior, Sándor Pintér, y afirmó que la Policía no intervino cuando la seguridad privada los agredió. “Esto ya no es un sistema híbrido, es una dictadura”, dijo Szél, según informó la agencia de noticias Efe.

En la plataforma de la movilización, además del repudio a la nueva ley laboral, se suman el reclamo de un Poder Judicial y unos medios públicos que sean independientes del gobierno de turno, y la adhesión de Hungría a la Fiscalía Pública Europea. La oposición considera que Orbán está adoptando una postura cada vez más autoritaria y aprovecha su mayoría en el Parlamento para presionar a los tribunales y los medios de comunicación.

En respuesta a las protestas, miembros del partido Fidesz calificaron de “criminales” a quienes están detrás de los “disturbios callejeros” de los últimos días y acusaron al multimillonario George Soros, nacido en Hungría y firme crítico de Orbán, de promover las manifestaciones. Estas afirmaciones son replicadas por los medios estatales, sobre los que Orbán ejerce un férreo control. Según informó la agencia France 24, las cadenas públicas húngaras consideraron a los manifestantes como anarquistas o “mercenarios de George Soros”.