El gobierno israelí puso en marcha un plan que establece que cerca de 40.000 inmigrantes de Sudán y Eritrea tienen que marcharse a un tercer país o, de lo contrario, serán encarcelados “indefinidamente” a partir de abril.

El puntapié inicial de esta política –que fue aprobada en enero–, tuvo lugar el domingo, cuando las autoridades entregaron cartas a sudaneses y eritreos residentes en Israel en las que les pedían abandonar el país en un plazo de 60 días. En el documento, el gobierno asegura que, a cambio, les brindará un apoyo financiero de 3.500 dólares y el pago de un pasaje de avión, según informaron medios israelíes. Este “incentivo” busca que los inmigrantes se vayan del país de manera “voluntaria”.

En una primera etapa, las cartas se entregarán a unos 20.000 hombres sudaneses y eritreos que no estén casados y no tengan niños a su cargo, de acuerdo con el diario israelí Haaretz. Los africanos recibirán las notificaciones cuando se presenten a la Autoridad de Población, Inmigración y Fronteras de Israel para renovar sus permisos de residencia.

El gobierno israelí considera que los inmigrantes africanos que buscan asilo en su país son refugiados económicos y no políticos, a pesar de que muchos proceden de zonas de conflicto. En 2014, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aprobó una política para reducir la presencia de inmigrantes mediante acuerdos de acogida con terceros países como Ruanda y Uganda, y de incentivos económicos. La misión, argumentó Netanyahu en ese momento, era “devolver el sur de Tel Aviv a los residentes israelíes”.

Desde entonces, unos 15.000 inmigrantes fueron deportados y los que se negaron acabaron en el centro de detención de Holot, en el desierto del Negev, al sur del país. La directora de la organización Hotline para Refugiados y Migrantes, Reut Mijael, dijo el domingo a la agencia de noticias Efe que decenas de inmigrantes recluidos en Holot ya recibieron las cartas para que abandonen Israel. A la vez, Mijael explicó que aunque “por ahora, las familias, las personas con vulnerabilidad, los menores de edad y la gente mayor quedan excluidos del plan”, esto “podría cambiar en el futuro”.

Si bien la carta se titula “Nota informativa para el infiltrado que se marcha a un tercer país seguro”, muchos testimonios de refugiados africanos que han ido a Ruanda y Uganda en los últimos años afirman que esos países no les ofrecen protección ni garantizan sus derechos básicos.

El viernes estos dos países africanos negaron que hayan alcanzado un acuerdo para recibir inmigrantes de Israel en el marco del nuevo programa, que recibió la condena de organizaciones de derechos humanos, activistas sociales, actores y rabinos.

El fin de semana, un grupo de académicos israelíes especializados en derecho internacional señalaron, en un comunicado, que el plan del gobierno israelí viola las leyes internacionales de derechos humanos, la jurisdicción internacional sobre el estatuto del refugiado y el principio de no devolución. La iniciativa fue incluso rechazada por pilotos de avión que ya advirtieron que no conducirán cuando se trate de trasladar a los deportados.

En el plano internacional, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados instó a Israel a “que elimine su política de reubicar a eritreos y sudaneses en países del África subsahariana”. La entidad denunció además las dificultades que hay en el país para obtener el estatus de refugiado. “Las peticiones se rechazan sistemáticamente. Desde 2009, sólo diez eritreos y un sudanés lo han logrado”, explicó Sharon Harel, responsable adjunta de esa agencia en Israel.

En tanto, Human Rights Watch dijo que esta política “es la última de una serie de medidas coercitivas contra estos grupos destinadas a frustrar su legítimo derecho a buscar protección y, casi con toda certeza, dará lugar a una detención masiva e ilegal de solicitantes de asilo”.