Jaime Durán Barba, el asesor ecuatoriano que pisa fuerte en la cocina del gobierno argentino, afirma que “Mauricio Macri es la nueva izquierda”. A las definiciones de Durán Barba no hay que tomarlas muy a pecho, y menos en este caso. Argentina es un país en el que, gracias a los traumas del pasado, nadie se define de derecha ni conservador. Fino analista, el asesor ecuatoriano suele incurrir en el arte de la provocación, como cuando disparó que en Argentina hay un terrorismo mapuche financiado por la Mapuche International Link de Bristol y la Association Amérique Indienne de Bélgica; o que Adolf Hitler fue “un tipo espectacular”; o que Cristina Fernández de Kirchner “es creativa y se reinventa” y, al día siguiente, que es “la vieja política en versión delirante”.

El derrotero reciente de la izquierda definida por Durán Barba es curioso. De hecho, invita a pensar exactamente lo contrario. Es decir, que Macri, tras obtener un importante triunfo electoral en las elecciones parlamentarias de octubre, decidió dejar de lado inhibiciones para mostrar un rostro de derecha dura e impulsar una agenda que, si bien erosiona perceptiblemente el apoyo popular, consolida a su núcleo más fiel.

Los ejemplos de esta tendencia se acumulan de modo vertiginoso. Macri y sus ministros se empeñaron en enaltecer a un policía que mató de un disparo por la espalda a un ladrón que huía tras acuchillar a un turista, el 8 de diciembre pasado. Ayer (ver recuadro), una Cámara del Crimen confirmó en segunda instancia el procesamiento del policía, y el gobierno redobló la apuesta: “[Luis] Chocobar hizo lo que tenía que hacer”, afirmó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, una ex montonera de línea dura que conservó la línea dura pero giró abruptamente a la derecha.

El gobierno y medios afines se lanzan a describir un escenario de inseguridad que no se corrobora con las estadísticas delictivas, que ubican a Argentina en una situación estable y con una realidad mucho más próxima a la de Uruguay que a la de Brasil, Colombia o México.

“Un asesino”

Después de la ratificación de la pena, tanto la ministra de Seguridad Patricia Bullrich como el presidente Mauricio Macri volvieron a defender a Chocobar. “No comparto lo que expresan estos jueces: la Policía nos tiene que cuidar a nosotros, no a los delincuentes”, dijo Macri, antes de considerar que el ladrón que murió por la acción de Chocobar era “un asesino”.

Semanas antes del episodio Chocobar, Macri, Bullrich y la vicepresidenta Gabriela Michetti habían justificado el aparente asesinato por parte de un prefecto (guardia marina), nuevamente por la espalda, de un manifestante mapuche en Bariloche, dando rienda suelta a una versión disparatada de los hechos que, hasta ahora, ha resultado desmentida por los peritajes. La noticia del disparo contra Rafael Nahuel se conoció el 26 de noviembre, en el mismo momento en que era despedido en su pueblo natal el cuerpo de Santiago Maldonado, otro joven que murió en el marco de una represión de Gendarmería a una protesta mapuche en la Patagonia.

El nuevo escenario

A dos meses de las elecciones de medio término, diciembre cerró con un cambio en el escenario político, a prueba de los que se arriesgan a predecir el futuro.

La reforma jubilatoria aprobada en el Congreso provocó un drástico recorte de los aumentos a partir de este año. El nuevo cálculo de las jubilaciones exhibió al Poder Ejecutivo negociando con gobernadores peronistas (algunos denunciaron una abierta “extorsión”) e instalando una impactante parafernalia represiva en las inmediaciones del Congreso.

Para colmo, el menor aumento de las jubilaciones, que en marzo será de 5,71%, la mitad del que hubiera correspondido con el cálculo vigente desde 2009, afectará al segmento de mayores de 60 años, cuyo apoyo al oficialismo nacional duplicaba al que obtenía entre los jóvenes de entre 17 y 24 años. La jubilación mínima pasará a ser, en marzo, de 380 dólares.

Las protestas masivas en el Congreso, una de las cuales vio a un grupo de unas 500 personas agrediendo a la Policía durante dos horas, derivaron en decenas de heridos y detenidos entre los manifestantes. Organismos de derechos humanos nacionales e internacionales denunciaron un incremento de los arrestos arbitrarios y del uso abusivo de la fuerza, que ocasionó la pérdida de la visión de media docena de manifestantes a causa de balas de goma policiales.

Claudio Bonadio, un juez federal de la derecha peronista que viene actuando en consonancia con el gobierno de Macri, procesó a decenas de manifestantes. A algunos de ellos, con el argumento de que portaban limones y bicarbonato para contrarrestar los gases lacrimógenos, o ropa para cambiarse; eso, según el juez, es impropio de un manifestante pacífico.

Para el kirchnerismo, los partidos de izquierda trotskista y los organismos de derechos humanos, Macri nunca dejó de ser un representante conservador apenas camuflado por un discurso desideologizado y un marketing intenso. La prisión desde el inicio del gobierno de Cambiemos de la disidente indigenista Milagro Sala, cuestionada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y comités de Naciones Unidas, fue, para estos sectores, un ejemplo palmario de un gobierno autoritario, y un proceso de acelerado endeudamiento externo marca la pauta, según esa visión, de una administración neoliberal clásica.

En cualquier caso, la situación se intensificó en los últimos meses, cuando comenzaron a ser arrestados, como en un dominó, funcionarios del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, en procesos que hasta juristas críticos del ciclo anterior denuncian como un abuso de la figura de la prisión preventiva. Sobre algunos imputados, como el ex ministro de Planificación Julio de Vido, las sospechas conocidas son variadas y fundadas, pero sobre otros, como el ex canciller Héctor Timerman o el ex candidato a vicepresidente Carlos Zannini, los argumentos parecen prendidos con alfileres, cuando no estrambóticos. Aparece otra vez en escena Bonadio, el juez que más arrestos dispuso.

Las encuestas coinciden en que la imagen de Macri y su gobierno habían cobrado impulso tras la victoria de octubre, ubicándose en cerca de 55 puntos positivos, y que en estos meses perdió unos 15 puntos, más de lo que había crecido. Llegó así a niveles del primer trimestre de 2017, cuando a la decepción del primer año económico del gobierno de Cambiemos se sumó una maniobra judicial de funcionarios para condonar una deuda millonaria que el Estado reclamaba hacía 15 años a una empresa privatizada que era propiedad de los Macri.

La clave para este bajón de popularidad parece estar en motivos económicos. Al fin y al cabo, el arresto de kirchneristas y hasta la mano dura del policía Chocobar (no así el asesinato del manifestante mapuche en Bariloche) son bien valorados por segmentos importantes de la sociedad, en especial, por los votantes de Macri.

El politólogo e investigador de la Universidad de Lisboa Andrés Malamud define, en diálogo con la diaria: “El gobierno se había sostenido hasta ahora en base a expectativas, no a resultados. Como los resultados demoraban tuvo que cambiar de planes. En lo sustantivo, pasó de alentar inversiones a hacer obra pública; en lo discursivo, de desideologizar el futuro a ideologizar el presente”.

Malamud, que suele exponer una visión pragmática de la política, explica que “esta ideologización/derechización es consistente con los instintos de parte del elenco gobernante, pero su utilización es instrumental y no finalista: si encuentra obstáculos, o cuando la economía recupere, podrá licuarla otra vez”.

Para Christian Castillo, docente de Sociología de las universidades de Buenos Aires y La Plata, Macri “es un exponente claro de la derecha que hizo un giro hacia una política de ataque directo mediante lo que llamaron el reformismo permanente después de las elecciones, pero esa dirección sufrió un golpe muy duro por la resistencia en las calles el 14 y 18 de diciembre, en contra de la reforma previsional. Logró imponer una medida antipopular a fuerza de una feroz represión, que no impidió que surgieran cacerolazos esa misma noche en la ciudad de Buenos Aires. El reformismo duró un mes y tuvieron que archivar la reforma laboral”.

Al cambio en las jubilaciones se suma una inflación que, cuando ya pasó medio mandato de Macri, se ubica todavía igual o incluso por encima de los niveles que tenía durante el gobierno de Cristina. Cambiemos cerró su primer año de gobierno con 40% de inflación, menos del doble de la de 2015. El año pasado alcanzó 24,8%; en tanto, se fijó una meta de 15% para este año. La performance de enero (1,8%) y la que se prevé para febrero llevan a estimaciones de que superará los 20 puntos.

El primer trimestre del año dará lugar a nuevos aumentos de servicios públicos del 20% al 70%, que se sumarán a los de por sí draconianos (desde cifras ridículamente bajas) de 2016 y 2017.

En este contexto, la discusión también apunta a cuán fortalecido llegará Macri a 2019 y a si habrá una propuesta opositora con potencial. El ex jefe de gabinete Alberto Fernández graficó que “con Cristina no alcanza y sin ella no se puede”, en alusión al piso alto y el techo bajo de adhesiones que conserva la ex mandataria, lo que obliga a complejas negociaciones entre enemigos recientes.

Diferentes facciones del peronismo comenzaron a dar pasos hacia la unidad, aunque otros, sobre todo los gobernadores de provincias, exhiben un discurso mucho más próximo a Macri que a su predecesora.

Castillo, que además es dirigente del Partido de los Trabajadores por el Socialismo, avizora que “el camino a 2019 está lleno de piedras y abierto. No depende tanto de lo que haga la oposición sino de la resistencia en las calles. Es un gobierno que se está tornando crecientemente antipopular, tanto por la reforma previsional como por los escándalos de corrupción, que se dan de distinta forma de la del gobierno anterior. Este se beneficia de sus propias empresas, el blanqueo de capitales, las cuentas en paraísos fiscales; problemas habituales en un gobierno compuesto por miembros de la clase dominante”.

Malamud, en tanto, amplía su visión desde la capital de Portugal, desde donde sigue atentamente la realidad argentina: “La ideologización galvaniza el voto propio y el ajeno, pero dada la pobreza de las alternativas, no tiene un efecto claro sobre los independientes y moderados. Lo más probable es que el resultado sea positivo para el gobierno en un año no electoral, porque le garantiza un piso de apoyo en las encuestas. En 2019, en cambio, o hay crecimiento económico o las elecciones dependerán de la unidad o dispersión del peronismo”. Y desliza un condimento sugerente de la realidad política argentina. “Esta variable [la unidad del peronismo] también depende, en parte, del gobierno”.