El ex presidente peruano Alberto Fujimori será procesado por la matanza de Pativilca –en la que murieron seis campesinos después de haber sufrido torturas– ocurrida en 1992, durante su gobierno. El tribunal a cargo dictó la sentencia al entender que, en este caso, no aplica el indulto que le concedió el actual mandatario peruano, Pedro Pablo Kuczynski, porque fue emitido fuera de plazo.

El Colegiado B de la Sala Penal Nacional aceptó la petición de los familiares de las víctimas de la matanza de Pativilca de no aplicar el derecho de gracia que Kuczynski otorgó a Fujimori en diciembre y que impide que el ex presidente sea procesado por otros dos casos similares. Al hacerlo, el tribunal ordenó el procesamiento del ex presidente, acusado como autor mediato por el secuestro, las torturas y el asesinato de seis hombres de entre 17 y 38 años en el municipio de Pativilca, 183 kilómetros al norte de Lima, donde los cadáveres fueron encontrados con signos de violencia y disparos en la cabeza. El fiscal Luis Landa pide 25 años de prisión para el ex presidente.

En el escrito de la sentencia, los magistrados del tribunal señalan que la gracia presidencial otorgada por Kuzcynski por razones humanitarias “resulta incompatible con los deberes de investigar, juzgar y sancionar graves violaciones a los derechos humanos, siendo además una medida que colisiona claramente con los derechos fundamentales amparados en la Constitución” de Perú. Agregan que el beneficio se otorga para personas que estén en la cárcel, y ese ya no es el caso de Fujimori.

Adicionalmente, los jueces precisan que si bien la resolución que otorga el indulto menciona los problemas de salud del ex presidente, no explica cómo las condiciones penitenciarias pueden poner en riesgo su vida.

Durante la audiencia en la que se evaluó la petición, el fiscal Landa agregó un argumento formal: afirmó que Fujimori no puede beneficiarse del derecho de gracia ya que fue emitido fuera de plazo para que pudiera ser aplicado al proceso por la matanza de Pativilca.

Por otra parte, el tribunal decidió que Fujimori debe enfrentar el proceso “en comparecencia simple”, es decir, en libertad. Así lo había reclamado horas antes la hija mayor del ex presidente y líder de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. “Confío en que mi padre será absuelto en un juicio sin presiones políticas. Este pronunciamiento judicial no debe ser una excusa para volver a encarcelar a un hombre de avanzada edad y delicado estado de salud. Alberto Fujimori merece afrontar este proceso en libertad”, escribió la dirigente en Twitter.

En tanto, la defensa del ex presidente ya avisó que contraatacará. Su abogado, Miguel Pérez, anunció ayer a medios peruanos que “lo que queda es impugnar la decisión” para librarlo del juicio.

Por su parte, Carlos Rivera, el abogado que defiende a las víctimas de las otras dos matanzas por las que Fujimori fue juzgado, aseguró que la del lunes es una decisión histórica. Sin embargo, dijo que el próximo paso es saber si Landa solicitará alguna medida que asegure la presencia de Fujimori en el juicio, ya sea la prisión preventiva o una prohibición de salida del país.

En un tono que intentó ser neutro, el presidente del Poder Judicial de Perú, Duberlí Rodríguez, defendió ayer la decisión del tribunal y pidió “que se respete”, ya que “los jueces actúan con independencia y en esa línea han tomado la decisión que ya es conocida”.

En declaraciones a la agencia oficial Andina, Rodríguez insistió además en que, en este caso, “el derecho a la verdad tiene que respetarse, porque está en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como el Tribunal Constitucional”.

En un comunicado, la organización Amnistía Internacional dijo que la decisión del tribunal reafirma la obligación del Estado peruano “de garantizar el derecho de las víctimas a la verdad, justicia y reparación”. La directora de la organización para las Américas, Erika Guevara Rosas, agregó: “Hoy las familias de las víctimas y la sociedad peruana han logrado un paso importante contra la impunidad y el olvido”.

A la vez, Guevara Rosas aseguró que Amnistía Internacional continuará acompañando los reclamos de justicia hasta que se esclarezca la verdad de los crímenes de Pativilca “y se garanticen los derechos de las víctimas y sus familias”.

Unos días después de recibir el indulto presidencial, Fujimori, de 79 años, fue dado de alta de una clínica donde estuvo internado por problemas de presión arterial. Desde entonces, reside en una lujosa casa en el distrito de La Molina, en Lima, cuyo alquiler cuesta cerca de 5.000 dólares mensuales.