Policía antidisturbios después de que cayera una bomba de humo, durante enfrentamientos entre manifestantes y policías, ayer, en Barcelona. Foto: Lluis Gene, AFP

Humo y fuego

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Miles de personas se manifestaron ayer en distintos rincones de Cataluña contra la detención del ex presidente catalán Carles Puigdemont y el encarcelamiento de otros dirigentes políticos y sociales, acusados de rebelión y malversación de fondos en el marco del proceso independentista. Puigdemont fue detenido ayer en Alemania, cuando intentaba volver a su residencia temporal de Bruselas desde Finlandia. Un juez alemán decidirá hoy si dictamina medidas cautelares o lo deja en prisión preventiva a la espera de un pronunciamiento sobre su extradición.

Cinco meses después de abandonar Cataluña –con una orden de detención en sus espaldas– para “internacionalizar” la “causa independentista”, como ha explicado él más de una vez, Puigdemont fue arrestado ayer en Alemania. El líder de Junts per Catalunya viajó a Finlandia el jueves para impartir una conferencia en la Universidad de Helsinki. Su plan era volver el viernes de noche a Bélgica, donde reside desde octubre, pero cambió de idea cuando, ese día, el juez a cargo de la investigación sobre el proceso independentista, Pablo Llarena, comunicó los autos de procesamiento a los implicados en el caso. El fallo reactivó una orden europea de detención y entrega contra Puigdemont y los demás procesados que están en el extranjero por delitos de rebelión o malversación de fondos, y las autoridades le perdieron el rastro.

Ante la posibilidad de que siguiera en Finlandia, las autoridades españolas enviaron una solicitud de arresto a la Oficina Nacional de Investigación de ese país. Esta respondió que sólo podría determinar si los actos de Puigdemont podían ser castigados penalmente según la ley finlandesa después de tener toda la información necesaria y analizar el caso en detalle.

El sábado, el abogado de Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas, dijo en Twitter que su cliente ya se encontraba en dirección a Bruselas y que se pondría “a disposición de la Justicia belga”. Un poco después reconoció que, sin embargo, no sabía “exactamente” dónde estaba el dirigente independentista y qué recorrido tenía pensado hacer.

La Policía alemana lo detuvo cuando cruzó la frontera desde Dinamarca, en un operativo que fue coordinado además por el Centro Nacional de Inteligencia y la Policía Nacional de España. En el momento de ser interceptado, Puigdemont había recorrido unos 1.300 kilómetros desde Finlandia y le quedaban cerca de 700 para llegar a Bélgica, de acuerdo con el diario catalán La Vanguardia.

El ex titular de la Generalitat fue trasladado de inmediato a una cárcel de la localidad de Neumünster, al sur de Kiel, la capital del norteño estado de Schleswig-Holstein. Será la Fiscalía general de este estado la que estudiará la “euroorden” contra Puigdemont, informó ayer un portavoz del Ministerio de Justicia alemán a la agencia de noticias Efe.

El primer paso de ese procedimiento tendrá lugar hoy, cuando el líder catalán comparezca ante un juez, que verificará su identidad y decidirá si lo deja en libertad provisional con medidas cautelares o le asigna prisión provisional hasta que se tome una decisión sobre su extradición. Los plazos establecidos para esto último se pueden extender de diez a 60 días, y son prorrogables a 90 en casos excepcionales.

Para Alonso-Cuevillas, una de las claves para la defensa de Puigdemont será demostrar ante la Justicia alemana que el ex presidente catalán no tendría en España las garantías de un “juicio justo”. El diario Kieler Nachrichten, de Kiel, informó sobre la posibilidad de que pida asilo, una movida que tendría pocas chances de prosperar, ya que una orden de detención europea siempre tiene prioridad.

Las principales calles de Cataluña se llenaron ayer de miles de personas que protestaron contra la detención de Puigdemont y los demás líderes independentistas, a los que califican de presos políticos. En Barcelona, una protesta convocada por la organización Asamblea Nacional Catalana reunió a más de 56.000 personas, según datos del ayuntamiento de la ciudad. Otras 1.000 se sumaron a movilizaciones convocadas por los Comités de Defensa de la República en contra de la “represión del Estado” frente a las sedes del gobierno español en Barcelona, Girona, Terragona y Lleida.

En Barcelona, manifestantes que se saltearon el cordón policial fueron reprimidos con violencia por los Mossos d’Esquadra, informaron La Vanguardia y Público. Tres fueron detenidos. Al cierre de esta edición, el Sistema de Emergencias Médicas reportó haber atendido a 50 manifestantes con heridas leves en Barcelona y a dos en Lleida.

En tanto, los partidos independentistas reclamaron a la Justicia alemana que no extradite a Puigdemont. Elsa Artadi, diputada de Junts per Catalunya y portavoz de esa alianza, dijo en Twitter: “España no garantiza un juicio justo, sólo venganza y represión”.

Para la nueva portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Marta Vilalta, “no tiene ningún sentido una extradición por delitos inventados que evidencian persecución política”.

La Candidatura de Unidad Popular fue un paso más allá: además de denunciar la “represión antidemocrática del Estado español” y llamar a una “huelga general” en Cataluña, se mostró dispuesta a convocar una sesión parlamentaria para investir a Puigdemont como presidente.

Por la República

El “periplo” de Puigdemont, como lo llaman los medios de todo el mundo, empezó en octubre, cuando el entonces presidente catalán intentó sin éxito declarar la independencia de Cataluña. Unas semanas antes, un referéndum –que había sido declarado inconstitucional por la Justicia española– le dio el respaldo popular para hacerlo, y en eso se basó. El gobierno de España, liderado por el presidente Mariano Rajoy, respondió con la aplicación del artículo 155 de la Constitución, mediante el cual cesó a todos los miembros de la Generalitat y asumió competencias de las autoridades autonómicas.

Además de haber sido cesados, los miembros del gobierno de Puigdemont y otros líderes independentistas fueron acusados de rebelión y malversación de fondos en el marco del procès. Varios de ellos están en prisiones de Madrid desde ese entonces – entre ellos el vicepresidente catalán, Oriol Junqueras–, otros fueron encarcelados después del fallo de Llarena del viernes y otros, como Puigdemont, se fueron del país.

En total, hay 13 líderes independentistas procesados por los delitos de rebelión y malversación. Nueve de ellos están encarcelados –cinco desde el viernes–. Mientras tanto, la secretaria general de ERC, Marta Rovira, el ex ministro de Salud Toni Comín, la ex ministra de Educación Clara Ponsatí, el ex ministro de Cultura Lluís Puig y la ex titular de Agricultura Meritxell Serret están en el extranjero y se enfrentan a la misma orden de detención y entrega que cayó sobre Puigdemont.

Según las autoridades escocesas, Ponsatí, que desde hace dos semanas se encuentra en esa región, se puso en contacto ayer “para acordar” su “entrega voluntaria”. La ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, adelantó ayer en Twitter que, si no lo hace, su gobierno no puede intervenir en solicitudes de extradición.

Los otros tres ex ministros se encuentran en Bruselas, mientras que Rovira permanece en Suiza. Ayer, en Twitter, Puig se dirigió a los cuatro países de Europa involucrados para aclararles: “No pueden extraditar por causas políticas”.

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