La fiscal general de Brasil, Raquel Dodge, pidió al Supremo Tribunal Federal que incluya al presidente, Michel Temer, en una investigación por un presunto caso de soborno. La Justicia busca determinar si la constructora Odebrecht hizo pagos ilícitos a dirigentes del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), del que Temer era presidente, a cambio de que los intereses de la empresa fueran atendidos en la Secretaría de Aviación Civil.
La investigación remite a los años previos a la destitución de Dilma Rousseff, cuando Temer era vicepresidente de Brasil, y además de involucrarlo a él alcanza al actual ministro de Presidencia, Eliseu Padilha, y al secretario general del mandatario, Wellington Moreira Franco, quienes dirigieron la Secretaría de Aviación Civil entre 2013 y 2015.
Dodge presentó como una prueba contra Temer la confesión de un ex directivo de Odebrecht, Cláudio Melo Filho, quien dijo que el entonces vicepresidente participó en un encuentro en el que se discutió cuánto le iba a pagar la empresa al partido.
Estos elementos no son nuevos, pero el anterior fiscal general, Rodrigo Janot, no pidió que se incluyera a Temer en la investigación. Consideró que por tratarse del presidente de Brasil, no podía ser juzgado por delitos cometidos antes de asumir el cargo. En opinión de Dodge, si bien eso es cierto, no implica que el presidente no pueda ser investigado. “Los hechos narrados por los colaboradores y los elementos que trajeron reclaman una investigación inmediata”, consideró.
Se suman
Temer ya es investigado por el Supremo Tribunal Federal a raíz de un pedido presentado en setiembre por Janot. Se indaga la firma de un decreto, en mayo de 2017, que afectó al sector portuario, por sospechas de que pudo haber beneficiado al Grupo Rodrimar a cambio del pago de sobornos al PMDB.
Al responder, por escrito, un cuestionario de la Policía Federal, Temer aseguró que el Grupo Rodrimar no fue beneficiado con lo que se conoció como el Decreto de los Puertos, y que los empresarios del sector portuario no solicitaron reunirse con él para intentar incidir en la redacción del texto. También hay algunas contradicciones: Temer primero dijo que no conocía al dueño del Grupo Rodrimar, Antônio Celso Grecco, pero después reconoció que se lo presentaron en “una fiesta de cumpleaños de un amigo en común”, aunque agregó que no le formuló ningún pedido. Por su parte, la Policía Federal cuenta con varias pruebas que no ha difundido, entre ellas lo que se ha identificado como una “tabla” en la que figuran apodos de las personas sobornadas y los montos que se les pagaron, entre los cuales figura un “MT”.
La Policía Federal, que ejecuta las investigaciones que dirige la Fiscalía, pidió esta semana al Supremo Tribunal Federal que extienda por 60 días el plazo para presentar sus conclusiones. La solicitud, que fue aceptada por esa corte, se presentó en un ambiente enrarecido en torno a esta investigación debido a que el director general de la Policía Federal designado por Temer hace tres meses, Fernando Segóvia, dijo en una entrevista con la agencia de noticias Reuters que no hay elementos para que Temer sea imputado en esta causa. Repitiendo los argumentos del presidente, Segóvia dijo que el decreto no ayudó a la empresa y que no hay pruebas de que el PMDB haya recibido dinero del Grupo Rodrimar. “Hasta ahora no apareció absolutamente nada que siente las bases de que hubo un acto de corrupción”, dijo.
A Segóvia le pidieron explicaciones por sus declaraciones tanto el juez del Supremo Tribunal Federal que lleva adelante la causa, Luís Roberto Barroso, como la fiscal general, que incluso pidió a esa corte que le ordenara que se abstuviera de hacer declaraciones sobre esta investigación. La polémica comenzó con la publicación de la entrevista, el 9 de febrero, y terminó el martes de noche, cuando Segóvia fue destituido.