La ex presidenta de Chile, Michelle Bachelet, intentó hasta el último momento de su mandato cumplir con su promesa de quitarles los privilegios a los condenados por crímenes de la dictadura de Augusto Pinochet que cumplen condenas en el penal de Punta Peuco. El diario La Tercera informó, a partir de declaraciones de ex integrantes del gabinete que pidieron no ser identificados que la mandataria tenía un decreto con su firma acerca de esta prisión pero era necesaria también la del ministro de Justicia, Jaime Campos, quien se negó a firmarlo.
El plan de la presidenta era que los violadores de derechos humanos fueran trasladados a otras prisiones y que Punta Peuco se convirtiera en una cárcel para presos en condiciones especiales de salud, como enfermos terminales o mujeres embarazadas. El decreto, que disponía el traslado de varios represores presos, estaba redactado desde el viernes y la Gendarmería estaba preparada para cumplirlo, pero tanto ese día como el domingo, horas antes del cambio de mando, Campos se negó a firmarlo.
El ex ministro negó esta información y aseguró que nunca recibió un borrador de decreto sobre Punta Peuco. El Partido Radical, al que pertenece Campos, emitió un comunicado en el que considera que “las actuaciones de los ministros de Estado deben ser evaluadas y sancionadas por quien ejerce el cargo de presidente” y no, una vez que dejan el cargo, por otros políticos. El comunicado respondía así a las críticas que generó la noticia, y además reiteró el apoyo del Partido Radical al cierre de Punta Peuco. Su presidente, Ernesto Velasco, dijo a la prensa: “Siempre dijimos que Punta Peuco se debía cerrar, pero evidentemente no al final del gobierno, sino en el momento y la forma en que correspondía”.