La presidenta del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, Cármen Lúcia, aseguró que se va a mantener la decisión de no tratar ni en marzo ni en abril un tema del que depende el futuro del presidente Luiz Inácio Lula da Silva: la definición de si una persona puede ir a la cárcel después de que su condena a prisión es ratificada en un tribunal de segunda instancia, o si esa pena recién se puede aplicar cuando el fallo es inapelable.

Lúcia aceptó reunirse con el abogado principal de Lula, Sepúlveda Pertence, quien buscará convencerla de que incluya el tema para que sea tratado en las próximas sesiones del STF. Sin embargo, la presidenta del órgano ya advirtió que no dará marcha atrás en la decisión, pese a que tres de los jueces del STF han manifestado que consideran que debería tratarse el tema.

El STF se pronunció tres veces sobre este punto en 2016 –la última en noviembre– y siempre resolvió que después de que la condena es confirmada en un tribunal de segunda instancia el condenado puede ser detenido para cumplir con la pena. Esa es la situación en la que se encuentra actualmente Lula, que fue condenado por corrupción a nueve años de cárcel, en primera instancia, por el juez de Curitiba Sérgio Moro, en una decisión que fue ratificada por el Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región (TRF-4), que aumentó la pena a 12 años.

Sin embargo, si el caso vuelve a ser sometido a votación el resultado podría ser distinto porque se ha renovado la integración del STF, algunos jueces han cambiado su postura y, según dicen algunas fuentes judiciales a medios brasileños, esto se debería a las implicaciones que tendría para Lula y para las elecciones de octubre.

El ex presidente aparece como el favorito en las encuestas de intención de voto elaboradas tanto antes como después de los fallos judiciales. El dictamen del STF no sólo afectará a Lula, sino también a otros políticos que tienen intención de participar en las elecciones de octubre pese a que sus condenas por casos de corrupción ya han sido ratificadas en tribunales de segunda instancia.

La decisión de Lúcia estuvo antecedida por una serie de acusaciones cruzadas. La revista Isto É publicó a comienzos de marzo una nota en la que denunciaba que dirigentes cercanos a Lula recorrían los pasillos del STF para presionar a los magistrados para que el tema fuera retomado y para que el fallo fuera favorable a Lula. Por su parte, el Partido de los Trabajadores (PT), del ex presidente, emitió un comunicado en el que manifestó que el STF “no puede omitir” pronunciarse sobre el asunto. Además, varios medios informaron que antes de que Lúcia tomara la decisión, recibió al presidente Michel Temer en su casa.

Con la decisión del STF de no tratar el tema y la del Supremo Tribunal de Justicia de rechazar, la semana pasada, un hábeas corpus presentado por la defensa de Lula, el ex presidente puede ser detenido después de que el TRF-4 publique la versión definitiva del fallo en el que ratifica la condena, con algunas correcciones pedidas por la defensa. Se prevé que esta versión se publicará antes de fin de mes.

La presidenta del PT, Gleisi Hoffmann, dio a entender el lunes que sus integrantes dan por descontado que Lula será detenido. “No vamos a aceptar mansamente la prisión de Lula”, dijo Hoffmann, y agregó: “No estoy hablando de ir a una revolución, pero la militancia de nuestro partido y los movimientos que siempre lucharon con nosotros no van a aceptar esto pacíficamente”.