La Contraloría de Ecuador determinó la “responsabilidad penal” del ex presidente ecuatoriano Rafael Correa en la gestión de la deuda pública durante el período transcurrido desde enero de 2012 hasta mayo de 2017.

En un comunicado, la Contraloría reveló que en un informe especial sobre la deuda pública detectó irregularidades. Una de ellas es que mediante tres resoluciones ministeriales se declaró “secreta y reservada” la documentación de operaciones de endeudamiento; otra, que no “se emitió una normativa técnica” para la ejecución de esas operaciones o de la administración de deuda; y una tercera es que la documentación que respalda estas operaciones “no es íntegra ni confiable”. Además, se indica que se modificó por decreto la forma de medir la relación entre la deuda pública y el Producto Interno Bruto, “situación no prevista en la ley”.

Por su parte, Correa –que vive en Bélgica, de donde es originaria su esposa– negó en declaraciones a la radio FM Mundo que su gobierno haya cometido irregularidades y aseguró que la afirmación del organismo ecuatoriano contradice los análisis económicos del Fondo Monetario Internacional. Agregó que no tiene pensado volver a Ecuador a mostrar su inocencia y desafió a la Contraloría a que “demuestre” que es culpable.

El día después del anuncio, el Movimiento Revolución Ciudadana –fundado por Correa tras desafiliarse de Alianza País– convocó a protestas en Quito contra el gobierno del actual presidente, Lenín Moreno, a quien acusa de “traidor” por haberse alejado de los postulados de su antecesor e impulsar “políticas neoliberales”.