Se trata de una cuestión de competencia: el juez de Curitiba Sérgio Moro fue el que recibió el primer caso de corrupción en Petrobras, que se conoció por el lavado de dinero que se hacía en un lavadero de autos (por eso su nombre, Operación Lava Jato). Desde entonces, su juzgado no sólo se quedó con las causas vinculadas con la corrupción en Petrobras, sino también con otras que fueron surgiendo a su alrededor, algo que se le ha criticado de forma reiterada. Una corte del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil marcó, nuevamente, un límite a Moro y adoptó una decisión que permitirá retirar de su órbita al menos dos causas vinculadas con el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Esta no es la primera vez que el STF muestra que está dispuesto a controlar de cerca a quien hoy es el juez más famoso de Brasil y que se ha jactado de liderar una lucha contra la corrupción en su país. En otras decisiones el STF le ha retirado causas o ha anulado pruebas recogidas por Moro. Un ejemplo recordado es el de la grabación de una conversación entre la entonces presidenta Dilma Rousseff y Lula: el STF dictaminó que Moro no tenía competencia para analizar el contenido de la conversación porque la mandataria sólo podía ser investigada por el STF. De esta manera, anuló un intento de Moro de acusar a Lula de obstrucción a la Justicia.

La nueva decisión del STF fue, específicamente, la de retirar del juzgado de Moro las declaraciones de ex jerarcas de Odebrecht que llegaron a acuerdos para revelar información a cambio de una reducción de la pena. En algunas de sus declaraciones involucraron a Lula.

Esto tuvo como consecuencia que los abogados defensores de Lula pidieran, ayer mismo, que se retiren de la órbita de Moro al menos dos procesos judiciales que se basan en esas declaraciones. Estos casos recaerían en tribunales de San Pablo, donde se cometieron los delitos según las sospechas.

Durante el proceso judicial que terminó con la condena de Lula en el caso del triplex de Guarujá, la defensa llegó a recurrir la competencia de Moro. Argumentó, justamente, que la causa no estaba vinculada con la corrupción en Petrobras. Sin embargo, ese recurso fue rechazado en ese momento.

La decisión del martes se adoptó gracias al cambio de opinión de tres de los cinco jueces que integran las sesiones periódicas del segundo turno del STF, que en una instancia anterior, el año pasado, habían votado a favor de Moro. El cambio de postura no fue explicado, pero se atribuye a cierta molestia del STF por la decisión del juez de pedir la detención de Lula para que cumpla condena antes de que terminara el proceso en el tribunal de segunda instancia, tomada inmediatamente después de que el STF rechazara el hábeas corpus de Lula. Con estos argumentos, la defensa de Lula presentó un recurso en el que pide la nulidad de la orden de detención emitida por Moro; esta solicitud puede ser tratada a partir de la semana que viene en el mismo órgano del STF que adoptó la decisión del martes, y su aceptación implicaría la liberación del ex presidente.

Son dos los casos afectados por la decisión adoptada el martes por el STF, ambos basados en las delaciones de ex jerarcas de Odebrecht, entre ellos Marcelo y Emílio Odebrecht, quienes dijeron que pagaron a Lula a cambio de favores políticos. Entre esos pagos encubiertos se encontraría, según los directivos, la reforma de una casa en Atibaia, San Pablo, que está a nombre de uno de los socios de uno de los hijos de Lula, y la compra de un terreno para la instalación del Instituto Lula en San Pablo. Se trata de dos supuestos que Moro estaba investigando y que ahora debería abandonar.