El presidente de Francia, Emmanuel Macron, todavía no cumplió un año en el Elíseo y la cantidad de protestas que desató su agenda de reformas ya bate récords. En medio de paros y manifestaciones masivas contra la reforma ferroviaria –que pretenden extenderse durante tres meses–, el gobierno francés lanzó las líneas principales de lo que será su reforma institucional. Se trata de un proyecto de ley que, si bien no afecta directamente a los trabajadores de ese país, sí repercute en lo que tiene que ver con la democracia representativa.

El primer ministro francés, Édouard Philippe, presentó la reforma la semana pasada en una conferencia de prensa en la que no se permitieron preguntas, por lo que habrá que esperar a que se haga público el documento para conocer más detalles. El objetivo de la iniciativa, según plantea el plan de gobierno de Macron, es “fortalecer la confianza” de los franceses en sus representantes y “modernizar” el funcionamiento del Parlamento.

La reforma, que será presentada ante el Consejo de Estado y el Consejo de Ministros el 9 de mayo, consistirá en un proyecto de ley constitucional, uno de ley orgánica y uno de ley ordinaria. Philippe explicó que los tres textos deberán discutirse en el Parlamento antes de fin de año, aunque la reforma se “completará” en 2019.

Uno de los puntos más polémicos de la iniciativa es el que establece que el número de diputados disminuya de 577 a 404, y el de senadores de 348 a 244. Esto implicaría una reducción de 30% en cada cámara, lo que convertiría a Francia en el país con el Parlamento menos numeroso de Europa, de acuerdo con un estudio del diario Le Monde.

Si bien Philippe prometió garantizar “la representación de todos los departamentos y territorios”, la oposición teme que esta medida deje sin representantes a las zonas rurales menos pobladas, tal como advirtió el presidente de la bancada del partido Los Republicanos en el Senado, Bruno Retailleau. La formación de derecha exige que cada departamento tenga al menos un senador y un diputado.

Otro de los cambios cuestionados es el de la elección de 15% de los escaños, en las legislativas, mediante un sistema de representación proporcional, en lugar del actual, por el cual el candidato debe obtener la mayoría absoluta o competir por el cargo en segunda vuelta. Este punto fue especialmente criticado por la presidenta del ultranacionalista Frente Nacional, Marine Le Pen, que escribió en Twitter: “15% de elegidos con el [sistema] proporcional. ¡Una limosna a la democracia!”. Por su parte, el titular del centrista Movimiento Demócrata, François Bayrou, dijo que la reforma no es más que un “punto de partida” que tendrá que ser “mejorado” durante el debate parlamentario para encontrar “el equilibrio correcto”.

La reforma institucional de Macron también prevé que los funcionarios públicos no puedan acumular más de “tres mandatos idénticos, completos y consecutivos”. La medida no afectará a alcaldes de las municipalidades con menos de 9.000 habitantes, que se acercan a los 35.000. El gobierno ve en esta excepción una forma de no desalentar a los habitantes de esas comunidades pequeñas que quieran postularse a alcaldes, explicó el primer ministro. Lo que no especificó fue a partir de qué elecciones comenzaría a regir esa medida.

Además, el proyecto de ley contempla la descentralización de los poderes del gobierno respecto de las regiones (con un trato especial para Córcega), para que las comunidades “adapten las reglas que rigen sus áreas de competencia a la realidad de su territorio”.

El primer ministro también propuso reforzar el control parlamentario, y en particular la posibilidad de proceder directamente a las “correcciones o simplificaciones de las leyes” que son objeto de una evaluación. En tanto, el examen del presupuesto –que monopoliza el debate durante 70 días todos los años– se acortará a 50 días para contemplar una segunda instancia dedicada a la evaluación y el control de su ejecución por parte de los ministros. En paralelo, varias medidas apuntan a acelerar el procedimiento legislativo. Por otra parte, el gobierno abandonó su idea de condicionar el número de enmiendas presentadas por cada bancada a sus miembros, algo que había causado un gran revuelo.

Las reacciones de la clase política a la reforma en términos generales fueron variadas. El presidente del Parlamento, el oficialista François de Rugy, se mostró “contento de que el proyecto del gobierno tome los compromisos adquiridos por el presidente y la mayoría parlamentaria en las elecciones de 2017”. Sin embargo, dijo que “espera que la revisión parlamentaria sea una oportunidad para enriquecer el texto presentado por el gobierno, en especial para mejorar los procedimientos parlamentarios y fortalecer los medios de supervisión y evaluación de las políticas públicas por el Parlamento”.

En tanto, para el líder de La Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon, la reforma es “una vez más, bajo el color de la modernidad, un nuevo intento de disminuir el Parlamento”. Por su lado, la senadora del Partido Socialista Marie-Noëlle Linemann dijo en un comunicado que, en su opinión, “las propuestas de cambios constitucionales y orgánicos anunciadas por el gobierno consagran los excesos autoritarios y tecnocráticos de la presidencia de Macron”.