Hoy el Ministerio del Interior, la Suprema Corte de Justicia y la Fiscalía General de la Nación brindarán sus puntos de vista acerca del funcionamiento que ha tenido hasta ahora el nuevo Código del Proceso Penal (CPP), al tiempo que en la bancada del Frente Amplio asoma un debate al respecto que será difícil de resolver.

La semana pasada, el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, dijo a Radio Uruguay que el CPP debía ser modificado, y señaló que desde que comenzó a aplicarse hay 1.200 personas privadas de libertad menos. Asoció la implementación del nuevo código con el aumento de las rapiñas y alegó que la figura de “prisión preventiva” es usada cada vez menos, porque ahora, “cuando agarran a uno por una rapiña chica, lo dejan dos o tres meses [libre] esperando el juicio”, al considerar que “no es peligroso”, y esa persona reincide. Además, Bonomi cuestionó la eficacia que tiene en algunos casos la aplicación de medidas alternativas al encarcelamiento: “Le dan tres años y algo de prisión, le cambian la prisión por medidas alternativas y entonces lo dejan libre. Esa persona va a seguir delinquiendo. Entonces hay que ajustar el código; más allá de que es bueno, hay que hacerlo”.

Rafael Paternain, senador suplente de Casa Grande, comentó que este debate “se veía venir”. Si bien sostuvo que esperará a oír los argumentos de Bonomi, afirmó que hay que disminuir las privaciones de libertad para frenar el crecimiento del delito, y que si esto no ocurre se “corre el riesgo de empezar a desarmar la lógica del código”, algo que le parece “muy posible”, dada la “correlación de fuerzas favorables a este tipo de medidas”. “Era esperable que las cosas buenas del código contrarias al encarcelamiento iban a empezar a tener ajustes”, resumió.

Paternain no quiso adelantar si estaría dispuesto a no votar esos cambios, aunque en agosto del año pasado ya se negó a apoyar un proyecto respaldado por el Ejecutivo sobre un tema similar, cuando suplía a Constanza Moreira. Se trataba de un artículo modificatorio del Código de la Niñez y la Adolescencia, que preveía la privación de libertad como medida cautelar obligatoria en los casos de delitos gravísimos cometidos por adolescentes, y Paternain se retiró de sala cuando el Senado lo aprobó, por considerarlo “una medida típica de política criminal”.

La semana pasada, el senador frenteamplista Marcos Otheguy dijo a la diaria que asociar el aumento de los delitos con la reforma del CPP requería una fundamentación “rigurosa”. Incluso sostuvo que no creía que fuera posible “hacer esas afirmaciones con el escaso tiempo que hace que el código está en funcionamiento”, y que “habría que conocer algún estudio que avalara eso”. En la misma línea, el senador del Partido Independiente, Pablo Mieres, opinó que Bonomi debería “probar” que hubo un vínculo entre la aplicación del nuevo CPP y el aumento de las rapiñas.