Son múltiples las críticas que ha recibido durante su primer mes de gestión el presidente chileno, Sebastián Piñera. Algunas de ellas provienen del propio oficialismo y refieren a la lentitud que ha mostrado el gobierno a la hora de imponer una agenda propia en el Parlamento. Si bien el Ejecutivo no ha enviado muchos proyectos de ley, sí está avanzando en su redacción, de acuerdo con los anuncios que han hecho Piñera e integrantes del gabinete.
“Muy pronto”, dijo el ministro del Interior, Andrés Chadwick, el gobierno enviará al Parlamento un proyecto de ley para otorgar la prisión domiciliaria a presos de edad avanzada o que tengan enfermedades terminales. Este tipo de beneficios humanitarios ya están previstos en la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, al que Chile adhirió en 2017. Lo que permitirá el proyecto, aunque no necesariamente se incluirá en su redacción, es que el beneficio se extienda a todos los presos chilenos, incluso los condenados por violaciones a los derechos humanos.
La cuestión de si los represores deben recibir los mismos beneficios que otros presos ya se estaba debatiendo en Chile y está siendo tratado por la Justicia. La semana después de que asumiera Piñera el abogado Raúl Meza presentó, en nombre de 70 represores, una solicitud para que se les otorgue el arresto domiciliario, exponiendo como principal argumento el acuerdo internacional al que adhirió Chile durante el gobierno de Michelle Bachelet.
Una vez que trascendió que el gobierno enviaría un proyecto de este tipo al Parlamento, el presidente del Partido Radical, Ernesto Velasco, le pidió al Ejecutivo que excluya de la iniciativa a los violadores de derechos humanos. También surgieron críticas de diputados y senadores comunistas y socialistas, pero la crítica más fuerte llegó desde la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos. “El gobierno está cumpliéndoles a sus socios de antaño”, aseguró la presidenta de la organización, Lorena Pizarro. “Es impresentable”, agregó, antes de señalar que se trata de una “operación de impunidad que victimiza a quienes son genocidas”.