El directorio de ANCAP solicitó asesoramiento jurídico para analizar qué medidas tomar sobre el uso de las tarjetas corporativas por parte del senador Leonardo de León cuando estaba al frente de Alcoholes del Uruguay (Alur). La presidenta de la petrolera, Marta Jara, adelantó ayer a El País que el tema es “complejo” y que el ente ha “cooperado con todos los requerimientos de la Justicia”. No obstante, aseguró que ha “recibido comentarios” de que ANCAP debe “defender sus intereses” y aclaró: “Es lo que estamos haciendo, pero tenemos que estar bien asesorados, entender bien el tema”. Según lo que pudo saber la diaria, el directorio votó por unanimidad la propuesta, y algunos directores interpretan que el dictamen del fiscal de Crimen Organizado Luis Pacheco indicó, de alguna manera, que “Alur estuvo omiso”. Si bien consideran que la empresa colaboró con todo lo que se le pidió, aseguran que mientras la denuncia del senador Pablo Mieres estaba siendo analizada por la Justicia era difícil superponer una nueva denuncia. “El fiscal dice que habría cambiado su procesamiento si Alur hubiera hecho la denuncia; por lo menos amerita que le preguntemos al estudio jurídico si corresponde tomar alguna acción sobre el asunto”, aseguraron desde el directorio.

Asimismo, la Mesa Ejecutiva Nacional del Partido Independiente (PI) resolvió el lunes enviar a las autoridades de ANCAP y de Alur una copia de los pronunciamientos de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) y del fiscal de Crimen Organizado sobre el uso de tarjetas corporativas por parte del senador De León. En un comunicado difundido ayer, el PI argumentó que tiene un “compromiso irrenunciable” con el Estado y que seguirán denunciando todo accionar que se “aparte de la Constitución y las leyes”. Al mismo tiempo, el partido denunció “los agravios y amenazas” que recibió Mieres por parte de su par oficialista. Luego de trascender el dictamen fiscal, De León aseguró, en una conferencia de prensa, el 3 de mayo, que presentaría una denuncia contra el legislador por “daño moral” y lo acusó de ser un “carroñero de la política”. Sin embargo, el martes, durante la sesión de la Cámara de Senadores, el senador expresó que hasta el momento no había presentado ningún recurso.

Mieres dijo a la diaria que el partido decidió enviar el informe de la Jutep y el fallo fiscal al directorio de ANCAP porque Pacheco dejó una ventana abierta al decir que si “Alur denuncia, se podría desarchivar el caso”. El jueves pasado Pacheco señaló a la diaria que existió un “uso indebido” de las tarjetas por parte de De León y que no pidió su procesamiento porque el mayor damnificado no presentó una denuncia: “Si Alur hubiera hecho la denuncia el dictamen habría cambiado”, aseguró. En dicho dictamen, Pacheco subrayó que Alur es una sociedad anónima que se rige por normas del derecho privado; por lo tanto, indicó, sus directores no son funcionarios públicos. No obstante, el fiscal puntualizó que Alur está compuesta por 90,79% de activos y dineros públicos, por lo que sus directores deben cumplir con las “normas de conducta preceptuadas para los restantes funcionarios públicos”.