La iglesia católica de Nicaragua se ofreció como mediadora y testigo de un "diálogo nacional" para resolver la crisis social y política en el país, que comenzó hace casi un mes con protestas contra la reforma de la seguridad social impulsada por el presidente Daniel Ortega. La iniciativa fue derogada, pero las movilizaciones contra el gobierno continuaron y se transformaron, en el correr de los días, en manifestaciones contra la represión de las fuerzas de seguridad del Estado. El conflicto ha dejado, en menos de un mes, entre 54 y 65 manifestantes muertos, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). También cientos de heridos y detenidos.

Está previsto que la mesa de conversaciones se instale hoy con la presencia de representantes del gobierno, los estudiantes, los empresarios y la sociedad civil.

La vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, confirmó ayer que Ortega participará en la apertura de ese diálogo nacional, “según la metodología y la organización que dispongan los obispos de Nicaragua”, como mediadores de un proceso que definió como “histórico” y que, consideró, “va a trabajar por la paz decididamente” en el país.

A pesar de la expectativa que genera esta instancia de diálogo entre las partes, los enfrentamientos entre manifestantes y funcionarios de seguridad seguían ayer e iban a repetirse en la jornada de hoy, así como los saqueos a comercios. Ayer, en diversas ciudades –Managua, Masaya, Estelí, Matagalpa, Granada, Río San Juan, Chontales y Boaco– se registraron nuevos choques contra los manifestantes y varias carreteras fueron bloqueadas para impedir el paso de los vehículos.

El presidente de la Conferencia Episcopal nicaragüense, Leopoldo Brenes, reconoció el lunes que las circunstancias para iniciar el diálogo “no son las más idóneas”, pero insistió en la necesidad de allanar el camino para la “democratización” del país.

El viernes, la iglesia había exhortado a Ortega a cumplir cuatro requerimientos antes de comenzar las conversaciones. El primero era cesar de inmediato la represión contra las masivas manifestaciones que de forma pacífica exigen el fin del gobierno. Además, las autoridades religiosas solicitaron “suprimir” los “cuerpos paramilitares” y las “fuerzas de choque” del gobierno, no usar a la Policía nacional en acciones represivas y garantizar la integridad de los estudiantes universitarios que protestan en las calles.

También le pidieron que no se obligara a los empleados estatales a asistir a actos del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional y que el gobierno permita el ingreso al país de una misión de la CIDH para que investigue los hechos ocurridos desde el inicio de la ola de violencia, a mediados de abril. Hasta el momento, este pedido es el único que cumplió el mandatario, que no aparece en público desde el 30 de abril.

El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, informó sobre la decisión del gobierno nicaragüense el lunes en su cuenta oficial de Twitter. Almagro publicó en esa red una carta del Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua en la que el gobierno de Ortega expresa “su anuencia para que en el menor tiempo posible la comisión realice dicha visita de trabajo, con el objetivo de observar in loco la situación de los derechos humanos en Nicaragua en el contexto de los sucesos del 18 de abril del 2018 a la fecha”. Todavía no se conoce la fecha de esa visita.