La Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados estudia el proyecto de ley que autoriza al Estado a enajenar dos padrones en el predio Mauá para la construcción de una nueva terminal portuaria. La iniciativa, que cuenta con media sanción en el Senado, establece que el Estado otorgará los padrones 6.177 y 7.751 al adjudicatario de la licitación pública para realizar las obras sobre la rambla sur de Montevideo. En este caso, el adjudicatario probablemente sea Buquebus, ya que al presentar la iniciativa en el marco de la Ley de Reactivación Económica tendrá ventaja con respecto a los otros posibles competidores.

Cuando el proyecto se trató en la Comisión de Transporte del Senado, varios legisladores se mostraron preocupados por las consecuencias que podría tener para el Estado la enajenación de los predios. Por ese motivo, la comisión resolvió agregar el artículo 6, en el que se establece que la transferencia se podrá hacer solamente “bajo la condición resolutoria del cumplimiento de las obras”, y se agrega que, en caso de incumplimiento, los inmuebles volverán a ser propiedad del Estado.

Sin embargo, la figura de enajenación también despierta preocupaciones por fuera del Parlamento. El ex catedrático de Derecho Civil de la Universidad de la República Artur Yglesias, especializado en derecho de propiedad, señaló en la última sesión de la Comisión de Transporte que el procedimiento previsto “es complicado” y puede traer una “cantidad de problemas” al Estado porque genera una “situación confusa con la propiedad”. Por otro lado, manifestó que el negocio “aparece, en principio, insinuado”, pero no hay “cálculo de costos ni cálculo de retorno de la inversión”. Destacó que si bien la empresa parece haber presentado estudios vinculados con la cuestión marítima, no se han hecho públicos los estudios contables ni los de viabilidad del proyecto.

La iniciativa propuesta por el empresario argentino Juan Carlos López Mena incluye la construcción de una nueva terminal portuaria, un hotel, un estacionamiento subterráneo y una escollera de 1.500 metros. Según estima el empresario, la inversión será de unos 200 millones de dólares. El ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, explicó a los integrantes de la comisión el 18 de abril que “se trata de un proyecto ambicioso, que implica una inversión importante, porque hay que hacer escolleras de protección para procurar dar condiciones de operación a los barcos en los muelles que también tendrán que construirse”, y “buena parte de las obras civiles a desarrollarse estarían sobre terrenos que hoy son propiedad del Estado”. En el proyecto se aclara que las obras portuarias terrestres y marítimas que deberá llevar a cabo el adjudicatario no formarán parte de la enajenación. Además, se establece que esas obras pasarán a ser parte del “sistema portuario de Montevideo de propiedad estatal y constituyen la contrapartida de la enajenación que se autoriza”.

Yglesias explicó que la propiedad privada de los predios enajenados va a “coexistir” con una “propiedad nacional de uso público”: la del puerto y la ribera. Por otro lado, indicó que también se encuentra implicada la rambla, que es propiedad pública municipal. El problema de esta coexistencia, advirtió el especialista, es que los bienes de propiedad privada “estarán integrados a un proyecto que es inescindible del puerto, que es de dominio público”. Por lo tanto, si la empresa se “desentiende” del proyecto, tiene “problemas económicos” o resuelve “enajenar sus bienes”, va a crear “una situación en la que no van a poder funcionar esos bienes en conjunto o, si lo hacen, será de otra manera”.

Según el ex catedrático de Derecho Civil, no sólo se debe “prever una situación optimista”, sino también las eventuales complicaciones que puedan aparecer, y “los motivos por lo que pueden surgir problemas son múltiples”, de modo que el Estado tiene que dejar establecido en un contrato cuáles son las condiciones de propiedad de ese predio en caso de que el negocio no camine. El académico comentó que se trata de una “situación atípica”, que puede causar problemas “no sólo a la empresa, sino al Estado, que es lo que nos interesa”.

Por su parte, Rossi explicó a la diaria que en el país existe una “cantidad de emprendimientos” en los que la propiedad privada convive con la pública. “No va a ser todo entreverado; cada cosa cumple su rol. En ese sentido, yo no advierto problemas”, aseguró. El ministro de Transporte y Obras Públicas enumeró los posibles escenarios y descartó que pueda existir una situación desventajosa para el Estado: “Si el negocio [de Buquebus] no funciona, habrá que ver si el puerto existe o no existe; si el puerto existe, entonces el Estado ya recibió su correspondiente compensación”, afirmó, y agregó que en caso de que la empresa no pueda hacerse cargo de la terminal de pasajeros, el Estado tomará la iniciativa, ya que “puerto de pasajeros vamos a necesitar siempre”. Por último, “si el puerto no existe, no se concretó la enajenación y, por lo tanto, los padrones continuarán siendo del Estado”, concluyó.