La Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), el partido político de la ex guerrilla que lleva las mismas iniciales, acusó al gobierno del presidente colombiano, Juan Manuel Santos, de no cumplir con los acuerdos de paz firmados en noviembre de 2016.

En un comunicado difundido el miércoles, la FARC afirmó que el gobierno y las instituciones estatales “alteraron” el texto del pacto “en su esencia”, tanto en su paso por el Congreso y la Corte Constitucional como mediante “varios decretos presidenciales”. Además, la organización política denunció las deficiencias en el proceso de reincorporación socioeconómica –que, según el texto, “nunca despegó”– y la falta de garantías en la reinserción de los ex combatientes a la vida política.

En contraste, la FARC insistió en que los ex guerrilleros sí han cumplido con su parte del pacto. “Nos agrupamos en las zonas veredales transitorias de normalización, dejamos las armas, entregamos el inventario de bienes para contribuir a la reparación de las víctimas y la reincorporación [a la vida civil], hemos ratificado nuestro compromiso de aportar verdad, ante la Jurisdicción Especial de Paz, realizamos actos tempranos de reconocimiento de responsabilidad y pedimos perdón a las víctimas”, especifica el partido en el documento.

Unas horas después, y sin hacer referencia explícita a las denuncias de la FARC, el presidente Santos reconoció que algunos puntos del acuerdo todavía no se cumplieron e instó al Congreso a que agilice el trámite de los proyectos de ley necesarios para su implementación. “Hacemos un llamado para que aquellas leyes, aquellos proyectos que todavía están en trámite, que no han comenzado a ser discutidos, por favor se aprueben a la mayor brevedad posible”, dijo el mandatario en una declaración desde la sede presidencial.

En total, son siete los proyectos pendientes de aprobación, incluidas algunas cuestiones medulares como el sometimiento colectivo de las bandas criminales a la Justicia ordinaria, el servicio de adecuación de tierras o la modificación a la ley de garantías para los ex combatientes.

Ese mismo día, en paralelo, el Alto Comisionado para la Paz de Colombia, Rodrigo Rivera, echó más leña al fuego al afirmar, durante un debate en el Congreso, que el deber de la ex guerrilla va más allá de la entrega de armas. “Este proceso de paz va a ser exitoso no solamente si nosotros cumplimos nuestra obligación como Estado [...]. También va a ser exitoso si las FARC cumplen con todas sus obligaciones y no se limitan simplemente a entregar todo el material de guerra. Incluye también el narcotráfico”, afirmó Rivera.

Sus declaraciones llegan en un momento en el que el tema del narcotráfico generó tensión entre las dos partes, después del arresto, hace un mes, de Jesús Santrich, uno de los líderes de la FARC, acusado de planear el envío de diez toneladas de cocaína a Estados Unidos.

Una de las primeras reacciones a la detención de Santrich fue la de Iván Márquez, número dos de la ex guerrilla convertida en partido, quien dijo que el 20 de julio no va a asumir su escaño en el Senado colombiano por falta de garantías jurídicas.

A mediados de abril, y en consonancia con la FARC, la misión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) encargada de monitorear el avance de la implementación de los acuerdos de paz en Colombia advirtió que la reincorporación socioeconómica de los ex combatientes avanza con lentitud e instó al gobierno a tomar medidas al respecto “en los próximos tres meses”.

A la vez, la misión pidió la ampliación de las garantías de seguridad para los integrantes de la FARC, varios de los cuales sufrieron atentados o han sido asesinados en los últimos meses. De acuerdo con la ONU, desde que se firmó el acuerdo de paz se han registrado en total 44 asesinatos de ex integrantes de la guerrilla y 18 de familiares de ellos. La mayoría de los crímenes tuvo lugar fuera de las zonas veredales.