En plena negociación colectiva en el sector público y con la discusión de la Rendición de Cuentas en la interna del Poder Ejecutivo, la Federación Uruguaya de Magisterio (FUM-TEP) convocó ayer a la mesa redonda “El presupuesto que la educación necesita” en el Palacio Legislativo, el lugar donde se deberá aprobar los recursos para 2019 y 2020. “¿Por qué mayor inversión en educación? ¿Para qué? Dos dimensiones: para mejorar las condiciones de aprendizaje de los niños y para mejorar las condiciones de trabajo de los docentes. Son dos dimensiones que van juntas, y no se pueden pensar una sin la otra”, aseguró Elbia Pereira, la secretaria general de la FUM-TEP, al justificar el planteo. También enumeró algunas de las prioridades de la federación: la creación de cargos en escuelas de tiempo extendido y de tiempo completo, cargos de maestros de educación especial y mayor cantidad de maestros comunitarios. Por estos y otros elementos, consideró que el 6% del Producto Interno Bruto (PIB) para la educación es “el mínimo” a reivindicar.

Jorge Gandini, presidente de la Cámara de Diputados, advirtió que para rendir cuentas “hay que mostrar cómo se gastó el dinero y qué resultados se obtuvo”. En ese trabajo parlamentario, aseguró, “aparecen cosas muy buenas y cosas que quedan en el debe”.

Mario Pomata, uno de los abogados del PIT-CNT, manifestó que “no hay reforma sin presupuesto” y que tampoco hay reforma “sin los trabajadores”. Manifestó que según la ley de negociación colectiva del sector público los trabajadores “tenemos derecho no sólo a discutir salario, sino todas las condiciones de trabajo”.

El economista Pablo da Rocha, del Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT, consideró que el 6% del PIB “es un umbral mínimo indispensable” y opinó que el “debate de fondo” no debería centrarse en el presupuesto, que en sí es un instrumento, sino “en el para qué”. Explicó lo que desde el instituto se ha llamado “el dilema presupuestal”, en relación a los compromisos programáticos que asumió el gobierno del Frente Amplio (FA) y la falta de recursos para cubrirlos, y mencionó las propuestas que también presentó la central sindical para atender este dilema. En ese sentido, manifestó que “el capital tiene que hacer el mayor esfuerzo de impuestos, y no el trabajo”.

El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Álvaro García, destacó que desde que el FA está en el gobierno “ha habido un trasiego enorme de gasto financiero a gasto social”, y por eso defendió la postura de cuidar el déficit fiscal: “el día que Uruguay perdió el grado inversor automáticamente pasó a pagar el doble o más de tasa de interés”, dijo, y advirtió que si el país vuelve a perder el grado inversor “vamos a estar de vuelta en ese trasiego”. Antes de los gobiernos del FA, graficó, 21% del total del presupuesto eran gastos de amortización, proporción que hoy está en 10%.

García también mencionó que la educación es hoy la segunda prioridad presupuestal, con 18% de los recursos, y presentó algunos números que dan cuenta del crecimiento: de 2004 a 2017 el presupuesto de la Administración Nacional de Educación Pública creció 150%, el de la Universidad de la República 133% y la ejecución presupuestal por estudiante aumentó 130%. Además, señaló que el sueldo de los maestros tuvo un aumento real de 86% entre 2005 y 2018, mientras que el salario de los docentes de educación media tuvo un incremento de 76% en ese período. García ratificó la voluntad de “seguir incrementando el presupuesto de la educación, pero siempre pensando en el para qué”, y si bien consideró “bienvenidas” todas las propuestas, advirtió que “necesitamos valorarlas y ponerles números: hay propuestas que se pueden plantear muy lindas, pero también hay que buscarles la viabilidad”.