La presidenta de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, Mariana Mota, manifestó su preocupación por algunas consecuencias que podría tener la aprobación de las modificaciones del nuevo Código del Proceso Penal (CPP) que el Poder Ejecutivo envió la semana pasada al Parlamento. En declaraciones a Telenoche, Mota dijo que el proyecto podría ocasionar un incremento de la población carcelaria y una permanencia más prolongada de los reclusos en las prisiones. “Es un tema que a la institución le importa y mucho, y seguramente, en el ejercicio de nuestra competencia, vamos a emitir opinión”, expresó la ex magistrada. El nuevo texto que envió el Parlamento acota el beneficio de la libertad anticipada, hace obligatoria la prisión preventiva para reincidentes en algunos delitos graves y da mayores potestades a la Policía en sus operaciones. En el oficialismo, las autoridades del Ministerio del Interior y algunos legisladores –como el senador Charles Carrera– admitieron que la implementación del nuevo código erosionó la seguridad pública. En cambio, otros actores argumentan que estos cambios echan por tierra las virtudes del nuevo código. Uno de ellos fue el ex ministro de la Suprema Corte de Justicia Ricardo Pérez Manrique, quien dijo que las modificaciones no preservan el “principio de inocencia”, por lo que, en los hechos, se vuelve al “sistema anterior”. A estas voces se sumó la del senador suplente Rafael Paternain, de Casa Grande, que sostuvo en declaraciones recogidas por el portal Ecos que las modificaciones propuestas “van en línea con el desmontaje” del nuevo código.