“Hicimos historia”, celebró el primer ministro de Irlanda, Leo Varadkar, al conocer los sondeos a boca de urna que indicaban que el viernes, en un referéndum, los irlandeses habían puesto punto final a una enmienda constitucional que igualaba los derechos de las mujeres a los de los embriones. El escrutinio mostró que el resultado fue más contundente que lo que preveían las encuestas: 66,4% frente a 33,6%. Otro dato revelador fue el de la participación: 64%, la más alta registrada en un referéndum en la República de Irlanda en los últimos 22 años.

Por su parte, quienes hicieron campaña para mantener la norma, agrupados bajo el lema “Salvemos la octava enmienda”, consideraron que el resultado implica una “tragedia de proporciones históricas” para Irlanda. “Pronto tendremos una legislación que permitirá matar a los bebés en este país”, lamentaron en un comunicado.

La historia de la octava enmienda de la Constitución irlandesa refleja el poder que tenían las fuerzas conservadoras en ese país. En 1983 la prohibición total del aborto se sumó a una serie de leyes promovidas por esos sectores, como una que impedía la importación y venta de anticonceptivos. La Justicia restringió esta última norma y estaba tratando la legislación vinculada al aborto cuando la iglesia católica y la mayoría de los partidos políticos irlandeses, incluidos Fine Gael y el Partido Laborista, promovieron una reforma constitucional para que la Corte Suprema de Justicia no pudiera modificar las leyes vigentes. Así nació la octava enmienda de la Constitución, que también fue aprobada en un referéndum, con 67% de los votos, y que prohibía el aborto en todos los casos. Se hicieron nuevos referéndums en varias ocasiones, pero la enmienda se mantuvo hasta ahora.

En 2002 un fallo judicial permitió que una adolescente de 14 años que había sufrido una violación viajara al exterior para terminar con su embarazo, pero la sentencia no afectaba la situación de otras mujeres. Diez años después, se habilitó la posibilidad de aborto en caso de que la vida de la madre estuviera en peligro. Sin esa excepción, las penas por interrumpir el embarazo son, hasta hoy, de hasta 14 años de prisión.

“Lo que hemos visto hoy es la culminación de una revolución silenciosa que ha ocurrido en los últimos diez o 20 años”, celebró Varadkar, líder el Fine Gael desde 2017 y el primer jefe de gobierno irlandés abiertamente homosexual. El primer ministro señaló como el inicio de ese recorrido la legalización del divorcio en 1995. Uno de sus últimos hitos fue la aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo, en 2015, también mediante un referéndum.

El paso siguiente será la aprobación en el Parlamento de un proyecto de ley que fue redactado por el gobierno en el marco de una comisión multipartidaria que hizo amplias consultas a la población desde 2015. Se considera que el trabajo de esa comisión promovió que creciera el respaldo a la legalización del aborto en la población y en los partidos políticos que, a la inversa de lo ocurrido en 1983, apoyaron en su mayoría la despenalización. El texto legaliza el aborto hasta las 12 semanas de embarazo y, en casos excepcionales, hasta las 24. El gobierno anunció que presentará el proyecto el martes en el Parlamento, pero se espera que la nueva norma entre en vigor hacia fines de año.