La comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores trató ayer las modificaciones del nuevo Código del Proceso Penal (CPP) enviadas al Parlamento por el Poder Ejecutivo (PE). El lunes, después de un intercambio en la bancada del Frente Amplio (FA), la mayoría de esta introdujo algunos cambios al proyecto original, que ayer fueron presentadas a la oposición. La idea es sumar adhesiones del Partido Colorado (PC), el Partido Nacional (PN) y el Partido Independiente (PI), ya que no hay acuerdo en el FA para aprobar todo el articulado.

El nacionalista Carlos Camy dijo a la diaria que él y su correligionario Luis Alberto Heber ven “bien orientado” el proyecto, pero acotó que citaron a la bancada del PN para el lunes 25, a fin de definir una posición colectiva. Al día siguiente la comisión se volverá a reunir para votar el proyecto, cuyo tratamiento se prevé para el plenario del Senado en julio.

El artículo que causó más discrepancias dentro del FA fue el que establecía que, cuando una persona fuera imputada como reincidente en alguno de 16 delitos, sería preceptiva (obligatoria) su prisión preventiva. En la nueva redacción se quitó la palabra “preceptiva” y se habilita al fiscal a pedir el procesamiento con prisión cuando considere que existe peligro para la sociedad o riesgo de fuga o de entorpecimiento del proceso si la persona queda libre.

A Camy no lo convence esta redacción, que considera “pasible de ser inconstitucional” porque “obliga al juez a seguir estrictamente lo que sugiere el fiscal, y así le quita independencia”. En cambio, Pablo Mieres (PI) aseguró que su partido acompañará todos los artículos propuestos por la mayoría del FA, y comentó que el nuevo texto sobre la posibilidad de prisión preventiva “es un indicativo fuerte hacia los fiscales, pero no implica preceptividad”. “El artículo dice que el juez podrá establecerla cuando se trata de reincidentes, pero el ‘podrá’ no es un ‘deberá’, por lo que desaparece la perceptividad”, sostuvo.

Rafael Paternain (Casa Grande) dijo a la diaria que aunque en la bancada oficialista “se buscó la vuelta” para no decir expresamente que alguien tendrá prisión preventiva “automática”, esa consecuencia “se mantiene”, y esta nueva redacción les “quita la capacidad de evaluación a los operadores del sistema”. “Es un proyecto que desconfía muy profundamente de los operadores judiciales. Es una barbaridad porque, de alguna manera, presume la hipótesis de peligrosidad en función de tipologías delictivas”, alegó.

Los legisladores del FA también cambiaron la lista de delitos a los que se les podría aplicar la prisión preventiva en caso de reincidencia. La del PE incluía la violación, el abuso sexual y el abuso sexual especialmente agravado, el atentado violento al pudor, el abuso sexual sin contacto físico, las lesiones graves que pongan en peligro la vida, las lesiones gravísimas, el hurto, la rapiña y la rapiña con privación de libertad, la extorsión, el secuestro, los homicidios y los delitos de narcotráfico. Paternain comentó que esa lista tan amplia llevaba al “absurdo” de que la excepción se convirtiera en regla, y recordó que el nuevo CPP dice expresamente que en ningún caso podrá ser obligatoria la prisión preventiva. Además, apuntó que en la lista del PE había delitos con pena de menos de 24 meses, y que eso está prohibido por la Constitución. En la nueva lista se eliminaron el hurto, la rapiña y algunos delitos relacionados con el narcotráfico.

Según Paternain, la propuesta del PE se refería a los delitos contra la propiedad más comunes, para que la cárcel funcionara como “un mecanismo de control en un contexto en el que el delito se fue al diablo”. Así se estaría “hipotecando una de las pocas reformas del viejo CPP que iban en una dirección correcta”, afirmó.

Juan Castillo, senador del Partido Comunista, dijo a la diaria que ese sector acompañará el proyecto en general pero no en lo referido a la prisión preventiva obligatoria. Lo mismo harán Casa Grande y el Partido Socialista.