"¿Quiénes no nos han dejado dormir? El Centro de Hoteles de Punta del Este, Andebu [Asociación Nacional de Broadcasters Uruguayos], la Cámara de Instituciones Deportivas, el Carrasco Lawn Tennis, el Club de golf, CUTA [Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados], la gremial de cables del interior y CAMBADU [Centro de Almaceneros Minoristas, Baristas, Autoservicistas y Afines del Uruguay], que han intentado que se nos quitara la personería jurídica", apuntaba la semana pasada Helena Nosei, directora de la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA). La denuncia de los empresarios se debe a que, desde abril de 2015, los comerciantes deben pagar una licencia por contar con televisores a disposición de sus clientes: EGEDA, autorizada en 2007 por decisión del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) en el marco de las normas sobre derechos de autor, es la encargada de recaudar y gestionar las modalidades del derecho de la comunicación pública, como la retransmisión, la comunicación en lugares abiertos al público y la exhibición de obras audiovisuales.

En cuanto al recorrido de un audiovisual, en su momento la entidad explicó a la diaria que cuando un productor cede los derechos de una obra a un canal de televisión, lo hace en relación con los llamados “derechos de antena” por determinado tiempo, pero que si ese canal, a su vez, vende un servicio de televisión por cable a un local comercial –responsable de la comunicación pública–, no se transfieren a este los derechos cedidos en el acuerdo original. Cuando se le preguntó por qué no se incluía el cobro por esa reproducción en una etapa previa, desde la entidad aseguraron que era imposible porque no se podía conocer de antemano “el recorrido de la obra”.

El miércoles 13, representantes de EGEDA y la Asociación de Productores y Realizadores de Cine del Uruguay (Asoprod) se presentaron ante la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Representantes para exponer la situación del sector. Uno de los voceros fue el reconocido productor Fernando Epstein, que comenzó su actividad con la película 25 watts (2001), además de haber sido uno de los fundadores de Control Z Films, y que, en el encuentro, advirtió que hoy el cine y el sector audiovisual “son como un chico de 14 años con un suéter que le compraron cuando tenía ocho y se está atrofiando por la imposibilidad de salir”.

Derechos de ida y vuelta

Epstein dijo a la diaria que, en paralelo a la situación en la que se encuentra el medio, desde que comenzaron las negociaciones EGEDA está recibiendo “embates muy fuertes por cobrar lo que corresponde a los cables”, y que el pedido de que se le quitara la personería jurídica había sido el “último manotazo frente a la falta de herramientas que puedan frenar la medida”. En la misma sintonía, el año pasado el docente y cineasta Walter Tournier, presidente de la organización, reivindicó que esto era “lo mismo que pasa con la música: la única diferencia es que lo nuestro es la imagen, pero también somos creadores. Y por eso mismo no entendemos qué sucede. Si nadie cuestiona que a los creadores de música hay que pagarles derechos cuando se reproducen sus obras, ¿por qué no habría que hacerlo al reproducir una imagen?”.

El productor explica que, en el caso de los largometrajes, lo que se comercializa son sus derechos de explotación. “Depende de cada legislación cómo se define lo que se vincula a los derechos transferibles, y los derechos de autor que conforman la obra cinematográfica. En el caso uruguayo, están el compositor de la música original, el director y el guionista. Estos son los derechos que el productor o quien detente los derechos de la película debe tener cedidos a su nombre, ya que es lo que le permite comercializar la obra. Claro que, como tarea normal, cualquier productor necesita tener un contrato con cada una de las partes”. Además, precisa, este reclamo no es exclusivo de EGEDA, sino que se da en representación de todos los que conforman los derechos de una obra audiovisual.

Enfrentados

En su planteo, Nosei recordó que desde 2016 el MEC ha auditado a la entidad. Cuando finalizó la auditoría que realizó el Consejo de Derechos de Autor (CDA), el “resultado fue que cumplimos con la legalidad vigente, e hizo unas apreciaciones de mérito, oportunidad y conveniencia que [...] no corresponde que sean realizadas por el Poder Ejecutivo”. Para Epstein, el MEC es el órgano competente para establecer si existen o no los méritos suficientes para quitarle la personería jurídica, pero “finalmente emitieron un dictamen entreverado, incluyendo una serie de consideraciones que no se corresponden con las potestades del MEC y que venían a embarrar la cancha, dentro de la misma resolución en la que se establece lo que esperábamos –por razón y por ley–: que la entidad de gestión colectiva tiene derecho a la personería jurídica y a seguir existiendo”.

Entre los cuestionamientos, los denunciantes (instituciones referidas al comienzo de esta nota) alegan que las empresas pagan las licencias correspondientes a los proveedores de las señales que se incluyen en sus programaciones, y que la mayoría de los audiovisuales que forman parte de la programación de los operadores de televisión para abonados es de origen estadounidense; según creen, EGEDA no las presenta en su repertorio. La resolución del CDA cuestiona que represente a estas producciones; sin embargo, EGEDA ha manifestado públicamente que sí las representa y que posee la documentación correspondiente.

A su vez, los denunciantes reclaman a EGEDA que aclare cuál es “la forma de ponderar el uso efectivo del repertorio a los efectos del cálculo de sus aranceles”, a lo que la entidad responde que “la licencia que otorgan las entidades de gestión colectiva tiene por finalidad poner a disposición del usuario un repertorio global”, y que “se otorga independientemente de que las obras sean efectivamente utilizadas”. Ante esto, el CDA se opuso y creyó necesario “determinar en cada situación el uso efectivo” del repertorio.

De acuerdo a consultas realizadas a fuentes cercanas al consejo, la ley les “da facultades de contralor sobre las sociedades de gestión colectiva”. Se explica que EGEDA cree que estas “facultades están limitadas a cuestiones formales, y que, por ejemplo, no se podría controlar aspectos más sustantivos. Así, afirman que si una entidad de gestión cumple con los requisitos formales, todo está resuelto, y que el CDA no debería juzgar si su funcionamiento es bueno o malo, si es beneficioso o no para el país”. En ese sentido, se recordó el planteo del consejo de que “no era conveniente que EGEDA funcionara, pero nunca se afirmó que hubiera que suprimirla, sino que había indicios de que su actividad no se desarrollaría totalmente dentro del marco legal. Por eso, se optó por observar una serie de aspectos y darle 180 días para que se adecuen”.

Financiamientos

Otro de los reclamos se centró en la ley de cine, que se implementó en 2008. Para Epstein, “el problema con la ley es que se creó durante el primer gobierno del Frente Amplio, y trajo aparejada una serie de inconvenientes” que se intenta modificar en la actualidad. Uno de los principales tiene que ver con que la ley surgió con un fondo fijo, “y más allá de si se actualiza o no, se trata de un fondo que sólo depende de la voluntad política de decir ‘el monto total es este’. El monto que se estableció con la ley en 2008 no tomó en cuenta ni siquiera la actualización por IPC [Índice de Precios del Consumo], o por unidades indexadas”. Esta es una demanda que generó varias movilizaciones en 2015, ya que la dotación del Fondo de Fomento Audiovisual se estableció –en 2008– en 25 millones de pesos anuales, y al día de hoy ese monto se mantiene congelado.

“Nosotros lo que buscamos es que se amplíen los fondos, con un gran argumento, ya que todo lo que se invierte en cine en su gran mayoría trae un porcentaje importante de inversión extranjera. Desde 2008 a esta parte ha cambiado mucho la composición del sector, ya que ha crecido el número de generaciones que egresan” de las escuelas de cine.

Epstein puntualiza que la actual estrategia no sólo hace foco en que se dedique más dinero a la ley de cine, sino también en que se puedan rastrear otras herramientas y mecanismos de financiamiento: “algunos, por ejemplo, pueden ser impositivos; el hecho de la existencia de EGEDA supone un fondo para el fomento de la actividad, pero, más que nada, estamos en un momento en el que, más allá de los fondos específicos, se intenta cambiar un poco el chip para comenzar a pensar como lo hacen otros países, y que no sea un sistema de pequeños concursos, como se está dando ahora. Lo que está pasando es que, por un lado, la Intendencia [de Montevideo] hace algunos esfuerzos; por otro, el gobierno nacional hace los suyos. También está la ley del cine, que depende del MEC, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que no se termina de reglamentar y que también genera lo suyo. Hoy estamos en una etapa intermedia en la que necesitamos apuntalar todos esos pequeños mecanismos. Estimo que en una etapa posterior se debería pensar de un modo más orgánico, que todo sea parte de una sola política y no de una serie de políticas de diferentes organismos”, analiza.

Contenidos nacionales

A su vez, el sector viene peleando por pequeños logros. En lo que tiene que ver con un ente estatal como Antel, se ha cuestionado su alianza con un extranjero como Netflix, y en 2015 denunciaban que les ofrecía “alojamiento gratis a sus contenidos en servidores de la empresa, promocionando la afiliación –también gratis, por seis meses– junto a la conexión Vera, cuando al día de hoy Netflix sólo aloja tres producciones nacionales en todo su catálogo”, y se preguntaban por qué no se le exigía a la empresa que comprara un cupo de películas nacionales al año.

Sobre esto, Epstein recuerda que no es nuevo: “Antes de que Netflix existiera, Antel te mandaba la factura con una promoción para Harry Potter, por ejemplo. En el gobierno anterior los productores propusimos generar una especie de video on demand a partir de Antel, y fue totalmente encajonado. A falta de esto, se podrían encontrar mecanismos para decirle a Netflix que, si viene al país, debe dejar un impuesto que tenga sentido, o lo que se llama cuota de pantalla, que exige determinado porcentaje de contenido nacional”.