"Sistema democrático y fortalecimiento institucional" es una de las unidades programáticas (UTP) del “Desafío de la democracia”, una de las vertientes de discusión del programa del Frente Amplio (FA) de cara al próximo período de gobierno. Esta UTP ya terminó de redactar un documento que remitió a la Comisión Nacional de Programa de la coalición de izquierda, encargada de procesar los insumos de las distintas unidades.

En el texto se sostiene que el FA debe impulsar “un Estado conductor, regulador, proactivo y con el norte puesto en la excelencia”. El documento propugna la coordinación entre los diferentes organismos del Estado y para eso propone hacer una revisión de todas las actividades de las que se encarga el Estado y detectar las competencias que se superponen. También se propone definir un repositorio central de la información generada a nivel estatal y crear consejos consultivos por áreas temáticas dentro del Estado, donde se integre la opinión de la sociedad civil y de los trabajadores sobre la gestión.

La ética en la función pública se menciona en varios fragmentos del documento. Se subraya la necesidad de mantener la austeridad, así como “el decoro, el honor y el compromiso con la función”. Se promueve una “lucha constante contra el clientelismo, el nepotismo, la corrupción, el corporativismo y toda forma de ejercicio del poder para fines personales o de grupos de privilegio”. Se señala que se debe evitar “toda implicancia entre la gestión de gobierno y la obtención de beneficios personales, familiares o sectoriales”, así como la posibilidad de obtener estos beneficios “mediante la concesión de ventajas a particulares”; se debe en este sentido combatir “todo abuso, exceso o utilización de la función pública para fines individuales”. Se menciona también que los jerarcas frenteamplistas en la función pública deben respetar a los funcionarios y a sus organizaciones gremiales.

En cuanto a la formación de los funcionarios públicos, el documento plantea desarrollar un Plan Integral de Gestión Humana para la función pública y apostar a la formación de funcionarios “polivalentes en cuanto a sus competencias”, que puedan desempeñarse por áreas temáticas en cualquier institución u organismo del Estado. Asimismo, se propone instrumentar el Registro Interno de Consultores del Estado, que sintetice la información sobre los funcionarios públicos que se hayan formado en el exterior mediante becas, pasantías, cursos y toda otra formación otorgada o autorizada por el gobierno nacional, incluidos los convenios entre países, “con el fin de que transfieran su conocimiento a la Administración, y así devolver a esta los recursos invertidos en formación”. Por otro lado, este registro servirá para “llevar un listado de profesionales de alta especialización en el Estado con experiencia en consultoría y gestión pública”, explica el documento.

Además, el texto se planta contra las cuotas políticas como mecanismo para la designación de personas en la gestión pública. “Se hace necesario proyectar cambios globales en la forma en que se accede a los cargos de gobierno, dejando de lado los acuerdos o designaciones basadas en cuotas políticas, integrando la capacitación técnica, política y de gestión como elementos trascendentes e ineludibles”, indica.

Lobbies y justicia

El documento propone controlar a los lobbies –grupos que ejercen acciones ante la administración pública para promover decisiones favorables a sus intereses– y sostiene que es necesario legislar sobre las formas en que el Estado se vincula con estos. Actualmente, cerca de 20 países, entre ellos Estados Unidos y varios países europeos, tienen regulaciones sobre la actividad de los lobbistas. Este tipo de normas apunta a asegurar transparencia y rendiciones de cuentas sobre los lobbies y su impacto en la toma de decisiones, y a dar a todos los actores, en igualdad de condiciones, la posibilidad de influir en la administración pública. En algunos casos, las regulaciones incluyen sanciones administrativas y hasta penales por malas prácticas.

Por otra parte, el documento programático plantea reformar la Ley Orgánica de la Judicatura y del sistema judicial “en su conjunto, propendiendo a un sistema que sea igualitario y sin discriminación”. En particular, se plantea impulsar modificaciones constitucionales para cambiar la conformación y las funciones de la Suprema Corte de Justicia.

La UTP también propone fortalecer al Tribunal de Cuentas, haciéndolo transitar “hacia controles más eficaces y de plazos más cortos”, y a la Junta de Transparencia y Ética Pública, “ampliando sus competencias a asesoramiento en materia de ética pública y generándole roles de auditoría para la recepción y procesamiento de las denuncias de eventuales actos de corrupción”.

Asegurar el voto de los uruguayos en el exterior y garantizar la paridad de género en todas las listas para cargos electivos son otros dos objetivos mencionados en el documento. La paridad también fue una definición programática de la UTP de género, pero en ese caso para todos los poderes del Estado.