Danilo Astori. Ilustración: Ramiro Alonso.

Gobierno presentó estudio de impacto del TLC con Chile

Prevé un aumento de 13% de las exportaciones de bienes a ese país.

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La presidencia del Frente Amplio distribuyó entre los integrantes del Plenario Nacional de la coalición de izquierda un estudio de impacto del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Uruguay y Chile, elaborado por la Asesoría de Política Comercial del Ministerio de Economía y Finanzas y por las direcciones de Asuntos Económicos Internacionales y de Asuntos de Integración y Mercosur del Ministerio...
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La presidencia del Frente Amplio distribuyó entre los integrantes del Plenario Nacional de la coalición de izquierda un estudio de impacto del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Uruguay y Chile, elaborado por la Asesoría de Política Comercial del Ministerio de Economía y Finanzas y por las direcciones de Asuntos Económicos Internacionales y de Asuntos de Integración y Mercosur del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El informe había sido solicitado por el propio plenario, como insumo para tomar una decisión sobre la conveniencia de ratificar el acuerdo.

En el documento, al que accedió la diaria, se realiza una simulación del impacto del TLC en las exportaciones de bienes de Uruguay utilizando una metodología denominada “modelo de equilibrio parcial computable”. Como el 100% de los bienes comercializados entre ambos países está libre de aranceles en función del Acuerdo de Complementación Económica Nº 35 (ACE 35), el incremento de las ventas de bienes a Chile que se proyecta surge de una estimación del impacto que tendrán sobre el comercio de bienes los mecanismos de facilitación del comercio previstos en el tratado y la liberalización en el área de los servicios. Los ministerios mencionados estiman que las exportaciones de bienes a Chile se incrementarán en 15 millones de dólares anuales. Según cifras de Uruguay XXI, las ventas a Chile alcanzaron en 2017 los 116 millones de dólares, por lo que la proyección estima un aumento de 13%. “El impacto es muy moderado”, se admite.

En cambio, el informe no estima el impacto del acuerdo en términos del incremento de las importaciones chilenas a Uruguay, y tampoco simula el impacto sobre el comercio de servicios. “Las limitaciones estadísticas de la información disponible sobre comercio de servicios por destino y origen imposibilitan la estimación de impactos”, se explica.

Por otra parte, el informe estima que si Uruguay no ratifica el acuerdo con Chile, en virtud del tratado que este último país ya tiene con Argentina, se registraría una disminución de las exportaciones uruguayas al país andino por un valor de 60 millones de dólares anuales (más de la mitad de lo que nuestro país exporta anualmente con ese destino).

La capacidad regulatoria

En el documento se argumenta que el TLC “no tiene ningún costo” para el país “ni compromete la capacidad regulatoria del Estado uruguayo en ninguna área o materia considerada estratégica”, y en cambio “implicará beneficios desde el punto de vista económico, político, medioambiental y social para Uruguay”. Al mismo tiempo, se agrega que este acuerdo “es concebido como un primer paso interesante y una señal política hacia un Uruguay integrado en América Latina y con un acceso creciente y predecible en terceros mercados mundiales”.

En las 70 páginas del texto se analiza capítulo por capítulo el acuerdo.

En materia de propiedad intelectual, el documento destaca que Uruguay “se negó a aceptar la adhesión automática al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT, por su sigla en inglés)”, y que si bien el texto establece que se realizarán “los mejores esfuerzos para adherir” a ese acuerdo, “en ningún caso este compromiso es vinculante”. De todos modos, el Poder Ejecutivo ya envió al Parlamento, como proyecto de ley aparte, una propuesta de adhesión al PCT.

En cuanto al comercio de servicios, se menciona que Chile ocupa el puesto 42 entre de los principales importadores mundiales de servicios modernos, y por ende, “el mercado chileno resulta sumamente interesante para los servicios profesionales uruguayos, para los servicios audiovisuales y para los servicios de TIC”.

El documento advierte que Uruguay ya asumió obligaciones en materia de comercio de servicios con Chile cuando el Mercosur suscribió con ese país el “Protocolo sobre el comercio de servicios”, y añade que este último acuerdo es más liberalizador que el que está a estudio del Parlamento, porque “incluye a los servicios de telecomunicaciones y habilita negociaciones futuras para servicios financieros”.

En cuanto a las críticas al TLC vinculadas con la eventual pérdida de la capacidad regulatoria del Estado, el gobierno sostiene que reservó su capacidad de regular en varios servicios, entre ellos los profesionales y los de investigación, seguridad, enseñanza, transporte y pesca. Además, resguardó de la liberalización las medidas de regulación que puedan tomarse en el futuro (en el anexo “Reservas a futuro”), entre ellas las destinadas a proteger “a los sectores social o económicamente en desventaja” o las dirigidas a servicios de investigación científica, de industrias culturales, de combustibles y energía, medioambiente, agricultura, transporte y sociales.

Además, el documento defiende la utilización de listas negativas. “Es el sistema preferido en las negociaciones internacionales, pues aporta mayor transparencia y por tanto mayor seguridad jurídica”, alega, y destaca que “para las empresas genera un ambiente de transparencia y claridad”. Se recuerda que Uruguay ha negociado por listas negativas el Acuerdo de Inversiones con Estados Unidos, el Acuerdo de Inversiones con Canadá, el Acuerdo de Inversiones con Chile y los capítulos de servicios e inversiones del TLC con México. “En tal sentido, se cuenta con los técnicos con el expertise suficiente para salvaguardar a los sectores que se consideran estratégicos”, asegura el texto.

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