La justicia laboral brasileña ordenó que se suspenda la privatización de la empresa estatal Eletrobras, la mayor empresa de energía del país. Un tribunal tomó esta decisión al considerar que antes de llevarla adelante es necesario que se presente “un estudio sobre el impacto de la privatización” en los trabajadores, informó la empresa en un comunicado.
Además de Eletrobras, el fallo incluye a cinco de sus seis distribuidoras y les da un plazo de 90 días para presentar el estudio solicitado, de forma individual o colectiva. Allí se deberá informar “sobre los impactos de la privatización en los contratos de trabajo, considerando formas de protección al empleo y reglas para eventuales dimisiones”, entre otras cosas, según se detalla en el fallo.
El gobierno de Michel Temer presentó a mediados del año pasado un amplio plan de privatizaciones y concesiones entre las cuales estaba la de Eletrobras, considerada una de las más importantes por integrantes del gabinete. Con este objetivo presentó, a comienzos de año, un proyecto de ley que especifica las condiciones de la privatización de la empresa, que implicaría el ingreso de algo más de 3.200 millones de dólares a las arcas brasileñas. El proyecto fue aprobado en varias comisiones de la Cámara de Diputados, pero el presidente del órgano, el oficialista Rodrigo Maia, no la ha incluido en la agenda para que siga avanzando.
La iniciativa de la privatización genera mucho rechazo: según encuestas presentadas en diciembre, siete de cada diez brasileños se oponen a este tipo de medidas. Además, en el Parlamento se conformó un frente que integra a diputados y senadores que se oponen a la privatización, mientras en las calles organizaciones civiles y sindicatos anunciaron que si la iniciativa es tratada en la Cámara de Diputados harán movilizaciones para reclamar que sea rechazada.
A este contexto se suma la época preelectoral, en la que diputados y senadores son reacios a respaldar proyectos que puedan condicionar el apoyo de sus votantes en las elecciones del 7 de octubre. A su vez, se desconoce qué apoyos podría reunir el gobierno de Temer en el Congreso en momentos en que los partidos que tradicionalmente han respaldado las iniciativas del Ejecutivo están fragmentados en su apoyo a distintos precandidatos presidenciales.
Así las cosas, ayer prácticamente se daba por descartado que el proyecto que reglamenta la privatización pueda aprobarse antes del fin del gobierno de Temer, el 31 de diciembre. Antes de las elecciones es casi seguro que no obtendría los votos suficientes, y después de estas sería necesario el apoyo del presidente electo, pero casi ninguno de los precandidatos manifestó su intención de respaldarlo.