MPP propone una “reforma profunda” del Codicen y un Plan Nacional de Educación con metas

El Movimiento de Participación Popular (MPP) reunió el sábado 16 de junio a su Comisión de Educación para reflexionar sobre el futuro programa, la Rendición de Cuentas y la Universidad de la Educación. Un documento aprobado en la comisión evalúa que en comparación con los países desarrollados, incluso con los de la región, “llevamos demasiado tiempo perdido en materia de inversión educativa, lo que ha provocado la exclusión de enormes sectores de la educación, así como una marcada lentitud para revertir este proceso”. Asegura que los gobiernos del Frente Amplio (FA) aumentaron el presupuesto destinado a educación, lo que se tradujo en una “diversificación de las propuestas educativas, negociación colectiva y aumento de salarios, incorporación de otras figuras a las instituciones (profesores de educación física, talleristas, auxiliares), aumento de la cobertura en primera infancia e inicial, reducción de la cantidad de estudiantes por grupo, reducción de brechas territoriales y de cobertura, así como de ingresos, explosión de la enseñanza técnica e inicial y primera infancia, creación de una Universidad Tecnológica, acompañamiento de la descentralización de la Universidad de la República con ampliación de la oferta educativa y el acceso a la educación universitaria por amplios sectores, desarrollo del Plan Ceibal, ampliación de becas, tutorías, boleto estudiantil”, entre otros.

De todas formas, los autores niegan que sea “suficiente”: entre los desafíos que faltan mencionan “la estructura jerárquica y burocrática de la ANEP [Administración Nacional de Educación Pública], la dispersión y multiplicidad de programas sin evaluar o pobremente evaluados, las escasas posibilidades de formación posgrado en profundidad”. Consideran que la reforma del Codicen debe comprender una “reforma político-estructural, simplificando su estructura jerárquica”, la reforma institucional “que permita desarrollar controles ex post en lugar de ex ante, liberando mecanismos burocratizantes y paralizantes”, y la reforma pedagógica “sobre la base de la autonomía docente colectiva”. A su vez, afirman que el Estado debe garantizar la promoción y desarrollo de experiencias educativas exitosas de amplia base territorial como “la de escuelas que ensayan cambios y transformaciones de la forma escolar, liceos comunitarios, centros educativos asociados, la experiencia de los maestros comunitarios o las desarrolladas en las ruralidades”.

Afirman que las diferencias en materia educativa “son de porte entre las políticas de cuño neoliberal y las que desplegó el progresismo”, y consideran que la derecha “está acumulando fuerzas entre diversos sectores conservadores o neoconservadores de la sociedad: ex gobernantes, sectores de la iglesia, partidos políticos de derecha, académicos de universidades privadas”.

Entienden que existe un discurso sobre la “nueva crisis” de la educación, que como tesis centrales expresa que “no sólo se arregla con presupuesto y que requiere básicamente de las mismas recetas presentadas en los 90 con otro tipo de implementación de las políticas”, que es presentada “por parte de casi los mismos actores” pero que “esta vez sí funcionaría”. En referencia al Libro abierto de Eduy21, el MPP considera que “la cristalización de esta propuesta a través de diferentes think tank que retoman ideas para nada novedosas (desburocratización, rol definitorio del MEC, rectoría de ANEP, autonomía de los centros, ciclo básico extendido, áreas de conocimiento y supresión de asignaturas, competencias vs. contenidos), buscan generar la idea de que es posible establecer amplios acuerdos políticos poniendo énfasis en la gestión, en propuestas teóricamente asépticas y apolíticas; que la Educación no ha tenido cambios sustanciales; que todos los gobiernos se han esforzado por igual en su transformación”. De esta manera, se da un “debate pobre para los desafíos de la educación pública”, en el entendido de que se fundamenta “en los mismos supuestos de la Ley Sanguinetti del año 73, acerca de la necesidad del ‘control político’ de la educación, un debate de actores que miran más el siglo XX que el siglo XXI”.

Sebastián Sabini, diputado del MPP e integrante de la comisión, mencionó que con algunas de las ideas de Eduy21 “podemos acordar”, pero consideró una “paradoja” que la organización proponga un acuerdo a los partidos políticos –“sobre bases que ellos mismos plantean”–, pero que los partidos políticos que han respaldado la propuesta no participaron en el Tercer Congreso de Educación. “Quieren un acuerdo pero no lo que establece la ley; se negaron a dar ese debate con docentes, estudiantes, y ahora dicen que quieren un nuevo acuerdo educativo”, planteó.

Los nudos

La Comisión de Educación analizó los desafíos de futuro, “que tienen que ver con la posibilidad de que se concreten algunos enunciados que sólo figuraban en los papeles”. Entre otros, plantean como necesaria la democratización de saberes para toda la población y, para eso, “definir qué es ser un ciudadano del siglo XXI, las coordenadas de ambiente, igualdad, democracia, diversidad, robótica y nuevas tecnologías deben aparecer”.

Identifican como “nudos” o problemas “las posibilidades de ampliar el tiempo pedagógico en los múltiples formatos existentes, la consolidación de la diversificación de propuestas en educación media, así como los cambios en las formas de mirar lo educativo que deberían priorizar la trayectoria educativa de cada uno de los estudiantes”, y advierten que estos nudos requieren “políticas de formación docente, medidas de gestión y trabajo pedagógico”, además de recursos.

En este sentido, aseguran que el presupuesto “no será solamente un 6% del PBI, seguramente será mayor”. Proponen, como forma de medir el presupuesto educativo, la inversión por estudiante asociada a los niveles de ingreso per cápita de los países, y plantean “retomar esta discusión sin dogmatismos ni esquemas”. Sabini mencionó que actualmente Uruguay destina 2.300 dólares por año por estudiante, cuando un país desarrollado invierte entre 8.000 y 8.500 dólares. Esta perspectiva, para el diputado, “da una imagen más nítida de la distancia que tenemos en inversión educativa”.

El proyecto de ley de Rendición de Cuentas que está por llegar al Parlamento estuvo sobre la mesa. Si bien aclaró que espera a analizar el proyecto, Sabini mencionó que creen que hay que “discutir” algunas formas de redireccionar el gasto, por ejemplo, lo transferido a instituciones educativas privadas, mediante exoneraciones fiscales consagradas en el artículo 69 de la Constitución. Anualmente significan 240 millones de dólares, 0,4% del Producto Interno Bruto, informó, y si bien aclaró que “no quiere decir que hay que quitar las exoneraciones a todas las instituciones privadas, porque no todas son iguales”, planteó discutir una eventual reforma constitucional para que dejen de recibirlas las que tienen un público “de sectores de ingreso alto”.