El miércoles, la senadora del Partido Nacional (PN) Verónica Alonso oficializó su precandidatura. Hizo el anuncio luego de participar en una reunión en la casa del PN con otros cuatro dirigentes nacionalistas que, hasta ahora, pretenden competir en la interna, además del secretario general de la Intendencia de Durazno, Juan José Bruno, en representación de Mejor País, el novel sector de los intendentes. El sábado 11 de agosto, en un acto en el interior del país, Alonso presentará a los dirigentes que la apoyan y a los equipos técnicos que trabajan con ella.

La senadora dijo a la diaria que lo importante de esa jornada no fue el anuncio de su candidatura sino el encuentro de los precandidatos. Antes de que diera a conocer que se lanzará de manera independiente con la agrupación Esperanza Nacional, la senadora había mantenido conversaciones con el grupo de los intendentes, que están anunciando que presentarán su propio candidato. Consultada sobre su relación con Mejor País, sostuvo que la instancia de diálogo “nunca está cerrada” y agregó que coincide con los intendentes en la necesidad de descentralizar la educación, la seguridad y la salud.

El martes 12 de junio, Alonso se reunió con el presidente Tabaré Vázquez para hablar sobre seguridad. Ese día le dijo al primer mandatario que el Poder Ejecutivo tiene que “tomar medidas ya” y le planteó la necesidad de reforzar la Guardia Republicana. “Uruguay ya tiene una guardia militarizada que depende de la Policía, no tenemos que crear un organismo, ni una institución, ni un cuerpo; lo que hay que hacer es darle el respaldo de la ciudadanía y del sistema político”, aseguró. De esa manera se puso en la vereda opuesta a Jorge Larrañaga (Alianza Nacional), quien propone que militares cumplan tareas de seguridad pública integrando una “Guardia Nacional”. Alonso coincide con el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, en que el trabajo tiene que ser obligatorio para las personas privadas de libertad. “La seguridad tiene distintas patas y una es el sistema penitenciario. Muchas veces lo miramos de costado, preferimos dejarlo allá, como en una especie de reciclaje de personas”, interpretó. La senadora aseguró que 65% de las 10.500 personas privadas de libertad reincide al salir de la cárcel y, por lo tanto, “van a volver a atentar contra la vida y la propiedad”. Afirmó que hace un año le propuso a Bonomi que los presos trabajen de manera obligatoria, aunque en realidad la idea la está manejando el ministro desde 2015. Además, la legisladora plantea que se incentive a empresas para que “se instalen en los centros penitenciarios y puedan tomar mano de obra”. Si bien dijo que no todas las personas están en condiciones de trabajar o estudiar, porque “viven situaciones familiares y sociales muy complejas”, muchas sí lo pueden hacer.

Elecciones

Alonso espera que el Frente Amplio (FA) “resuelva de la mejor manera posible” su interna, pero acotó que “un candidato como el ex presidente [José] Mujica nos haría mucho daño como país y como sociedad”.

Una de las frases que repite es que su candidatura es “un desafío” y que hubiera sido más fácil estar “bajo el paraguas” de otro sector. En ese sentido, aseguró que entiende “las reglas de juego”, pero contó que una de las cosas que más se cuestionó fue la repercusión de las redes sociales en la vida de sus hijas y sus padres. “[Ellos] no entienden las lógicas en la que convivimos en el mundo de las redes, teniendo en cuenta que muchas de las cosas que se dicen no son verdad”, ilustró. Sostuvo que hay gente que “amparada en el anonimato, pone [en su perfil] la foto de un gatito o un perrito y detrás de eso hay un monstruo que dice cosas muy horribles”. “Creo que sería muy bueno legislar sobre los trolls y las identidades falsas, porque le hacen mucho daño no ya a la política sino a la convivencia ciudadana”.

En junio, Alonso tuvo que comparecer ante la Comisión de Diputados que estudia el financiamiento de las campañas electorales entre 1999 y 2015 por una presunta vinculación con la iglesia Misión Vida para las Naciones, cuyo principal referente es el pastor Jorge Márquez. Ayer reiteró que su campaña no fue financiada por ninguna institución social ni religiosa y también dijo que “se están buscando cosas donde no hay”.

La senadora forma parte de la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión que estudia el proyecto de Ley Integral para Personas Trans. Respecto de esta iniciativa, Alonso consideró que “tiene que haber una consagración de derechos por las desventajas que esta población ha vivido, pero, a pesar de todas las delegaciones que pasaron [por la comisión], hay algunos artículos que me generan duda y temor, específicamente los que tienen que ver con la operación y hormonización en menores de edad sin la autorización de sus padres”.