Jorge Abuchalja, Jorge Larrañaga, Jorge Díaz, Jorge Chediak y Eduardo Bonomi, ayer, en el almuerzo de ADM.

Bonomi y Jorge Díaz acordaron “atemperar” sus diferencias públicas

En almuerzo de ADM, el fiscal general de la Nación dijo que hay una “obsesión con el control” y se olvida la prevención.

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La composición del panel presagiaba grandes debates y reproches cruzados, pero no fue tan así. El ministro del Interior, Eduardo Bonomi; el fiscal de Corte, Jorge Díaz; el ministro de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Jorge Chediak; y el senador nacionalista Jorge Larrañaga se pusieron a tono con la consigna inclusiva que la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM) escogió para la charla –...
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La composición del panel presagiaba grandes debates y reproches cruzados, pero no fue tan así. El ministro del Interior, Eduardo Bonomi; el fiscal de Corte, Jorge Díaz; el ministro de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Jorge Chediak; y el senador nacionalista Jorge Larrañaga se pusieron a tono con la consigna inclusiva que la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM) escogió para la charla –“Seguridad, un tema que nos importa a todos”– y con el ameno entrechocar de cubiertos y saludos en Punta Cala, sus discursos recorrieron caminos paralelos con pocos cruces.

El primero en llegar al coqueto salón de recepción con vista al lago Calcagno fue Larrañaga, quien estuvo un rato intercambiando comentarios y risas con el ex ministro del Interior en el gobierno de Luis Alberto Lacalle, Juan Andrés Ramírez, y con su hijo, Juan Andrés Ramírez Saravia, quien cobró notoriedad por sus expresiones enardecidas contra el gobierno expresadas en Twitter. Entre los legisladores del Frente Amplio, prevalecieron en la concurrencia los integrantes del Espacio 609. Además, asistieron los principales referentes del Partido Colorado y del Partido Independiente: Pedro Bordaberry, José Amorín Batlle y Pablo Mieres.

Como es habitual en los almuerzos de ADM, algunas empresas y organizaciones reservaron una mesa completa para sus integrantes. Ayer, consideraron importante ocupar ese espacio el sector político Alianza Nacional, CPA Ferrere, CUTCSA y el diario El País, entre otras.

Como era de prever, la implementación del nuevo Código del Proceso Penal (CPP) fue el eje central de los discursos. Chediak consideró que hubo una “implantación exitosa” de la nueva norma, con una estimación de recursos “acorde a la realidad”, sistemas informáticos que “operan sin problemas e incorporan mejoras de forma sostenida” y jueces que “se han adaptado al nuevo proceso sin resistencias”. El ministro de la SCJ contó que desde la puesta en marcha del nuevo código, en noviembre de 2017, hubo 3.527 procesos abreviados (en los que no se llegó a juicio por un acuerdo previo entre fiscalía y defensa), 1.238 suspensiones condicionales de pena y 52 acuerdos reparatorios.

En concordancia con sus últimas apariciones públicas, Bonomi centró su discurso en argumentar que el nuevo CPP motivó el aumento reciente de los delitos. Mostró gráficos que marcan un punto de quiebre en el número de homicidios y de rapiñas en noviembre de 2017, cuando empezó a implementarse el nuevo código. “La reversión del proceso de descenso de los delitos tiene razones concretas; en noviembre de 2017 hay un solo factor novedoso: es la puesta en vigencia del nuevo CPP”, concluyó el ministro. Aclaró que su cartera comparte “totalmente la filosofía general” del nuevo código, porque “amplía derechos”. “Pero se constata que la implementación del nuevo código se ha llevado adelante en medio de contradicciones entre los distintos actores del proceso penal y judicial”, valoró. Mencionó en particular que algunos fiscales “siguen diciendo que hasta que no haya una orden de ellos, la Policía no puede actuar”, y aclaró que no se estaba refiriendo a las corporaciones sino a personas dentro de ellas. El martes, mediante un comunicado, 80 fiscales expresaron su “enfático y absoluto rechazo hacia la creciente tendencia de ciertos jerarcas públicos” de adjudicarles “responsabilidades directas, ante la aparente imposibilidad de resolver hechos con apariencia delictiva”.

Tanto Bonomi como Díaz intentaron bajar un poco el tono de la disputa pública que los tuvo como protagonistas en las últimas semanas. Díaz sostuvo que si fiscales y policías se pelean, sólo ganan los delincuentes. “Acá la investigación penal la tienen que llevar adelante los fiscales y los policías; si esa alianza estratégica no se graba a fuego en el ADN de ambas instituciones, vamos a tener problemas”, consideró. “Estamos mandando mensajes que no son los que corresponden, debemos dejar de hacerlo”, añadió luego. “Puede ser que nosotros tengamos que atemperar”, concedió Bonomi, pero acotó: “La prensa tiene que representar bien las cosas que decimos”. “Porque yo acá dije que no hay contradicción entre corporaciones como tales, sino de algunos policías y fiscales. Pero después ponen ‘Bonomi disparó contra los fiscales’ y no es cierto”, afirmó.

Propuestas

Todos los oradores consideraron que el país tiene un problema importante de seguridad, pero plantearon distintos caminos para abordarlo. Bonomi evaluó que con más policías y con la aprobación de la reforma del nuevo CPP, a estudio del Parlamento, se podrá retomar la tendencia a la baja en los delitos.

Para Chediak, la situación mejoraría emulando las políticas de seguridad de Estados Unidos. El ministro de la SCJ mostró en gráficos que desde 1992 hasta hoy, ese país logró revertir una tendencia ascendente en los índices delictivos, y que a medida que la tasa de personas privadas de libertad fue subiendo, los crímenes violentos fueron bajando. “Es muy probable que tenga mucho que ver la tasa de encarcelamiento con el descenso de los delitos”, valoró.

Bonomi coincidió con esta percepción. Se refirió a una baja de 13% en el número de personas encarceladas en menos de seis meses como resultado de la implementación del nuevo código en Uruguay. “Los delincuentes tuvieron una persecución penal más benigna, que en buena medida alentó conductas delictivas ante la ausencia de castigo”, afirmó. “No es que yo piense que cuanto más presos, mejor: pienso que si están presos los que tienen que estar presos, se evita que cometan delitos”, acotó.

En cambio, Díaz mencionó que el número de privados de libertad hasta diciembre de 2017 creció más que la evolución de los delitos, “y eso no evitó que los delitos siguieran creciendo”.

El fiscal de Corte sostuvo que la seguridad no es sólo vivir sin miedo, sino también vivir sin necesidades insatisfechas y dignamente. Cuestionó que el concepto de seguridad se restrinja a los problemas del delito o policiales. “Yo creo que en Uruguay estamos obsesionados con el control y nos estamos olvidando del elemento de la prevención. Mientras la usina que produce delito y violencia siga prendida, todas las estrategias de control son insuficientes”, afirmó, y abogó por la complementariedad de las estrategias de control y de las estrategias de prevención.

Díaz remarcó que es necesario concentrarse en la reducción de la pobreza y la desigualdad y, en particular, lograr que “los jóvenes pobres tengan oportunidades de trabajo legales”. Apuntó que el delito es una construcción cultural, y que “lo que para muchos de nosotros es un delito”, como el tráfico de drogas, “para sectores de la población uruguaya es un trabajo”.

A su turno, Larrañaga alteró un poco el clima de amabilidad. El moderador del panel le había avisado a Bonomi que tenía “tarjeta roja” porque se le había acabado el tiempo de la exposición, y el senador nacionalista retomó esta imagen. “Hace rato que el ministro tiene tarjeta subida de tono”, expresó. Aseguró que hay una situación “casi de estado fallido en materia de seguridad” y cuestionó a Bonomi por atribuir las culpas al CPP. “Parece que el drama de la delincuencia arrancó en noviembre del año pasado con el CPP, cuando ya había 17.000 rapiñas en Uruguay”, comentó. “Está faltando orden, autoridad”, sentenció.

Larrañaga acompañó el diagnóstico con una presentación en la que destacaba algunas palabras en grandes recuadros y con letra mayúscula, como “Paz” y “Conducción”. Luego presentó el logo en naranja y blanco de la campaña de recolección de firmas para crear una guardia con militares y habilitar la reclusión perpetua, entre otras medidas. La letra inicial de la consigna, “Vivir sin miedo”, se forma con dos manos simbolizando una paloma. A la salida del complejo de Punta Cala, había un puesto de recolección de firmas y se emitía a través de un parlante la canción “Vivir sin miedo”, de Rosana.

Discrepancia numérica

El fiscal de Corte Jorge Díaz hizo una crítica velada de la actuación policial. Señaló que con el antiguo Código del Proceso Penal, en 2016, de 236.000 denuncias, sólo se comunicaron al sistema de administración de justicia 91.000; “el resto quedó en el bolsón de la Policía”, deslizó. A partir de esos 91.000 casos se hicieron 50.000 investigaciones que resultaron en 12.000 imputaciones, que representan 5,4% de las denuncias realizadas. A su turno, Bonomi afirmó que la cifra de 5% es “equivocada” porque muchas veces una sola imputación vale por varias denuncias.
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