En un mes, el uribista Iván Duque se convertirá en el próximo presidente de Colombia. Asumirá el cargo con la promesa de implementar todos los puntos del programa conservador y de derecha que promueve su partido, el Centro Democrático, y con el desafío de terminar el proceso de paz con la ya desmovilizada guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Desde el 21 de junio, los equipos del futuro presidente colombiano y del actual, Juan Manuel Santos, han sostenido reuniones para planificar la transición de gobierno. Según informaron los medios colombianos, más allá de los trámites administrativos obligatorios, las dos partes se han centrado en la implementación de los Acuerdos de Paz y cuestiones de educación, medioambiente, trabajo y vivienda.

La consolidación de una paz duradera es una de las cuestiones que tiene que encaminar en el corto plazo el futuro presidente, que prometió modificar algunos puntos del pacto alcanzado con las FARC. En particular, Duque quiere que los ex combatientes que hayan cometido crímenes de lesa humanidad sean juzgados por un tribunal especial antes de poder ocupar cargos políticos en el Parlamento.

En una entrevista que publicó la semana pasada el diario colombiano El Tiempo, el presidente electo aseguró que trabajaría por una paz “creíble”, que logre que las víctimas y la sociedad “sientan que hay verdad” y “justicia proporcional”. Para alcanzar esto último, precisó, hay que evitar que quienes hayan cometido crímenes de lesa humanidad puedan ocupar escaños parlamentarios. “Y si alguien cometió delitos de lesa humanidad y está en el Congreso”, continuó, “debe salir y ser reemplazado por otra persona que no tenga deudas con la Justicia”. En la misma entrevista, Duque volvió a insistir en que no pretende “destruir” el acuerdo sino, más bien, “corregir aquellas cosas que no están saliendo bien, ya sea en la implementación o en la concepción”.

Después de las elecciones del 17 de junio, el partido que surgió de la guerrilla, la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, manifestó su disposición a reunirse con Duque para discutir sobre esos puntos. “Es necesario que se imponga la sensatez; lo que el país demanda es una paz integral, que nos conduzca a la esperada reconciliación, basada en el bienestar social, la verdad, la justicia, la reparación integral a las víctimas del conflicto y la garantía de no repetición. Burlar ese propósito no puede ser plan de gobierno”, advirtió la formación en un comunicado.

Como primera pista de la urgencia que supone el tema para el futuro gobierno, el Centro Democrático anunció hace una semana que la primera reforma será la de la Justicia Especial para la Paz (JEP), con la creación de una sala especial a la que serán llevados los miembros de las fuerzas de seguridad colombianas que se sometan a esa jurisdicción, distinta de las que fueron creadas para juzgar a ex combatientes. El anuncio se produjo el mismo día que el Senado colombiano aprobó, después de meses de discusión, la ley que reglamenta la JEP.

La paz en Colombia también incluye el futuro de los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que actualmente se desarrollan en La Habana. Tras conocer la victoria electoral de Duque, esta guerrilla manifestó su “preocupación” por el desconocimiento por parte del presidente electo sobre “lo avanzado en la mesa de conversaciones con el Estado”. El lunes, al inicio de una nueva ronda de negociaciones, el representante del ELN en esos diálogos, Carlos Velandia, aprovechó para invitar a Duque a que se sumara. Hasta anoche, no se conocía una respuesta oficial.

En tanto, en materia de política exterior, lo más urgente para el presidente electo parece girar en torno a Estados Unidos y Venezuela.

La semana pasada, Duque viajó a Washington para un primer encuentro con miembros del gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, y otros líderes políticos. El principal tema de las reuniones que mantuvo fue la necesidad de reducir el número de cultivos ilícitos en Colombia y la producción de cocaína, dos fenómenos que crecieron en el último año, de acuerdo con un reciente informe de la Casa Blanca.

En Estados Unidos, Duque también se reunió con el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, a quien expuso sus planes contrarios al gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro. En primer lugar, pidió a los demás gobiernos de la región que apoyen una denuncia que presentó en julio de 2017 ante la Corte Penal Internacional contra el Estado venezolano por delitos de lesa humanidad.

Por otro lado, instó a los países de América del Sur a abandonar la Unión de Naciones Suramericanas por haberse convertido, según afirmó, en un “cómplice de la dictadura venezolana”. En paralelo, Duque tendrá la tarea de gestionar la crisis fronteriza con Venezuela, causada por el éxodo masivo de venezolanos hacia Colombia.

Mientras estuvo en Washington, Duque también se reunió con la directora de la CIA, Gina Haspel; el secretario de Estado, Mike Pompeo; el asesor de seguridad nacional de Trump, John Bolton; y el senador Marco Rubio, uno de los principales consejeros del presidente sobre América Latina.