Gabriela Garrido, Sandra Romano y Alejandra Moreira, representantes de Psicología y Psiquiatría, ayer, en la Comisión de Población y Desarollo.

Colorados quieren revisar parte reparatoria de ley integral trans

Psicólogos y psiquiatras a favor de los tratamientos en personas menores de 18 años.

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Germán Coutinho (Partido Colorado, PC), presidente de la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión del Senado, que estudia el proyecto de ley integral para personas trans, dijo ayer que “en general” hay acuerdo con su contenido, pero persisten discrepancias en algunos puntos. Para Coutinho, uno de los artículos “más complejos” es el 17 –que habilita el acceso a los tratamientos hormonale...
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Germán Coutinho (Partido Colorado, PC), presidente de la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión del Senado, que estudia el proyecto de ley integral para personas trans, dijo ayer que “en general” hay acuerdo con su contenido, pero persisten discrepancias en algunos puntos.

Para Coutinho, uno de los artículos “más complejos” es el 17 –que habilita el acceso a los tratamientos hormonales y quirúrgicos no sólo para las personas adultas sino también, con ciertos requisitos, para menores de 18 años–, pero además hay que “repasar” la parte reparatoria y ver cuáles van a ser las exigencias. El artículo 7 dice que quienes nacieron antes del 31 de diciembre de 1975, y “por causas relacionadas a su identidad de género” fueron víctimas de violencia institucional, tendrán derecho a una prestación mensual.

La comisión recibió ayer a las psiquiatras Gabriela Garrido y Sandra Romano, docentes grado 5 de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, quienes dieron su opinión sobre el articulado. Romano dijo a la diaria que el proyecto intenta dar respuesta al problema de un sector de la población que ha sido discriminada, y que, además de asegurar el acceso a tratamientos médico-quirúrgicos, se debería hacer lo mismo con los psicosociales. Sostuvo también que hay que considerar caso a caso, “contemplando las singularidades” tanto de las personas adultas como de las menores de 18 años.

Garrido acotó que sería adecuado ampliar las referencias a artículos del Código de la Niñez y Adolescencia para “que se contemple la noción de autonomía progresiva”. La redacción actual establece que para menores se decidirá “conforme al derecho al libre desarrollo personal consagrado” en ese Código”, y la docente señaló que este contiene “un avance en la legislación” al definir que “la autonomía progresiva es una noción multidimensional que debe ser tenida en cuenta a la hora de la toma de cualquier decisión”.

Irene Barros, profesora adjunta de la Facultad de Psicología, también asistió ayer a la comisión, acompañada por la licenciada en Psicología y activista trans Marcela Pini. Barros dijo que muchos de los contenidos de este proyecto están en leyes anteriores, pero que ahora se plantea un “enfoque integral para una población históricamente vulnerada”. Afirmó que es importante que exista un artículo que contemple a los menores, porque se tiene que preservar “el interés superior del niño, entendiéndolo como un sujeto de derecho”, y aseguró que los tratamientos no responderán a “decisiones arbitrarias” porque surgirán de un abordaje interdisciplinario. La profesora coincidió con Garrido sobre la necesidad de tener en cuenta la autonomía progresiva de los menores, y dijo que eso ya está presente en la ley de salud sexual y reproductiva. Para Barros, la polémica al respecto está vinculada con que se trata de “una población que es objeto de discriminación”. Pini subrayó que la ley “no trae ninguna novedad al ámbito de la práctica médica o psicológica”, y sostuvo que la hormonización adolescente “no es privativa de las identidades trans”, ya que existe desde que la píldora anticonceptiva es prescripta a menores de 18 años.

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