Dirigentes frenteamplistas, académicos y operadores del sistema judicial mantuvieron reuniones con el intendente de Montevideo, Daniel Martínez, por el tema seguridad. Fueron varios encuentros con el objetivo de intercambiar visiones y escuchar propuestas programáticas pensando en la coyuntura actual pero también en el próximo gobierno, confirmaron a la diaria fuentes cercanas al intendente y participantes en esos encuentros.

“A Daniel le preocupa especialmente el tema seguridad. Se ha tratado de incorporar gente que tenga visiones distintas en un abanico amplio, tanto desde la gestión como desde la academia”, indicó una fuente cercana a Martínez.

En las reuniones participaron, por ejemplo, el senador suplente de Casa Grande, Rafael Paternain, y el ex secretario general de la Junta Nacional de Drogas, Milton Romani. Martínez también ha mantenido reuniones con operadores del sistema judicial.

El tema no le es ajeno a la Intendencia de Montevideo, que trabaja en conjunto con otros organismos nacionales, por ejemplo en el barrio Casavalle. De todos modos, el objetivo de los encuentros programáticos fue intercambiar en profundidad; se discutieron posibles reformas policiales y penitenciarias y Martínez escuchó ideas de carácter programático para un próximo gobierno, por ejemplo, las del sector Casa Grande (ver recuadro). “Fue un intercambio más bien de perspectivas, [Martínez] tiene un equipo programático que está consultando líneas de trabajo con distinta gente. Se discutió cómo establecer estructuras de gestión diferentes, con evaluación, con información. Fue una reunión larga y muy abierta”, indicó un asistente a los encuentros.

Las personas que participaron en las reuniones, algunas de ellas críticas con la actual gestión del ministerio encabezado por Eduardo Bonomi, destacaron la visión “integral” y “de izquierda” de Martínez sobre el tema seguridad y el hecho de que no tiene una visión “punitivista”. “Hay algo de eso, de reconstruir no sólo la fractura social sino de empezar a pensar algunas ideas de carácter fuertemente preventivo. Si bien es verdad que no hay un énfasis en la cuestión punitiva, la dimensión policial y penal también está en la agenda”, acotó uno de los participantes.

Desde el entorno de Martínez se señala que la visión del intendente “pasa por un abordaje integral” de la seguridad. “Es un tema vinculado a la fractura social y al desafío de recomponer la fractura social, que se expresa, entre otras cosas, en la trama urbana”, explicó una fuente.

Según las personas consultadas, el intendente de Montevideo defiende, por ejemplo, el espíritu del nuevo Código del Proceso Penal y no considera convenientes los últimos cambios impulsados por el Ministerio del Interior (MI), que establecen la prisión preventiva de manera preceptiva para algunos delitos.

Uno de los participantes en las reuniones afirmó que hoy en el Frente Amplio “no hay nadie que no esté preocupado” por el tema de la seguridad. “Algunos podrán verbalizar menos, otros más; a algunos les resultará más difícil pensar en cómo se hace una transición, pero, como está la situación, cualquiera que tenga aspiraciones a conducir un proceso de candidatura electoral y de gobierno no puede no tener esto en agenda. Me pareció muy interesante y muy saludable que se pudiera, con mucha anticipación, generar un espacio de intercambio, sobre todo de intercambio programático”, destacó la fuente.

Martínez también se reunió hace dos semanas con el director de Seguridad y Convivencia del MI, Gustavo Leal, pero según aclaró este último a la diaria, fue una reunión de trabajo vinculada a la gestión, “para intercambiar sobre zonas críticas en materia de seguridad en Montevideo”, en el marco del trabajo habitual de los dos organismos.

Campaña de desarme civil

Paternain le comentó a Martínez las propuestas que su sector, Casa Grande, presentó a la Comisión Nacional de Programa del Frente Amplio. Entre otras medidas, Casa Grande propone que las cárceles sean un servicio descentralizado del Ministerio de Desarrollo Social en lugar de depender del Ministerio de Educación y Cultura, como establece un proyecto de ley que envió el Poder Ejecutivo esta semana al Parlamento. Casa Grande propone también generar una campaña de desarme civil y una política de regulación estricta de las armas de fuego, y crear una secretaría de prevención de la violencia dependiente de Presidencia de la República. Este nuevo organismo centralizaría programas dispersos en materia de promoción de la convivencia y de la prevención de la violencia contra niños y niñas, entre otros.