Christian Mirza, nexo entre el gobierno y los reclusos de Guantánamo, dijo ayer en Radio Uruguay que el abogado de Jihad Ahmad Diyab, uno de los seis ex reclusos de Guantánamo que llegaron a Uruguay en diciembre de 2014, le confirmó que Diyab había viajado a Turquía en junio, para reencontrarse con su familia. “Él quería una reunificación familiar que tenía prevista en Turquía o en Uruguay”, comentó. Mirza también dijo desconocer por qué Diyab utilizó un pasaporte marroquí falso: “Tiene un título de viaje que es un símil a un pasaporte uruguayo, que tienen todos los refugiados con ese estatuto en Uruguay, pero depende de cada destino y de los requisitos del país receptor. Para él, en concreto, siempre hubo necesidad de solicitar visa y los rechazos [anteriores] fueron porque ni siquiera había solicitado un ingreso legal, pero no estaba retenido en Uruguay”.
El sábado, la diaria informó que el gobierno uruguayo investigaba si Diyab había sido deportado a Siria desde Turquía, una hipótesis que complicaría aun más su situación, ya que en ese país está condenado a muerte “por crímenes políticos”.
Ayer la agencia de noticias rusa Sputnik confirmó, en base a fuentes cercanas al caso, que Diyab efectivamente está en Siria, a donde fue deportado por las autoridades turcas, luego de que estas comprobaran que había utilizado un pasaporte falso. Según recordó Sputnik, mientras estuvo en Uruguay, Diyab se reconoció como un disidente en Siria y calificó de “terrorista” al gobierno de Bashar al Assad, en una entrevista que se publicó en el libro Guantánamo entre nosotros, de la periodista uruguaya Diana Cariboni.
El Poder Ejecutivo, sin embargo, mantiene el silencio desde el viernes y continúa invocando la misma norma: la Ley Nº 18.076 del 19 de diciembre de 2006 (Derecho al Refugio y a los Refugiados), que establece la inhibición de brindar “información relativa a las personas refugiadas, salvo autorización expresa y escrita de la persona interesada o por resolución fundada de la justicia competente”.