El Poder Ejecutivo movió las primeras fichas para que el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) se transforme en un organismo descentralizado y se vincule con el Ministerio de Educación y Cultura (MEC). El presidente de la República, Tabaré Vázquez, remitió el lunes al Parlamento un proyecto de ley que apunta a que el sistema penitenciario deje de estar en manos del Ministerio del Interior (MI).

Luego de barajar esta posibilidad en el marco de las reuniones multipartidarias de seguridad de 2016, el gobierno decidió retomar el asunto, buscando que el INR elabore las líneas de trabajo “para la intervención psico-socio-educativa de las personas privadas de libertad, que incluya la atención a la familia y el proceso de pre-egreso, brindando herramientas que contribuyan a la reinserción social con el fin de evitar repetir las conductas delictivas”.

Específicamente, según consta en la exposición de motivos del proyecto, el Poder Ejecutivo “aspira a que por primera vez en nuestro país se establezca un marco legal de tratamiento integral para la rehabilitación de las personas privadas de libertad, que tenga como base fundamental el respeto a los derechos humanos de todas aquellas personas que, por diferentes razones, se encuentran vinculadas al quehacer penitenciario”. La titular del MEC, María Julia Muñoz, dijo a Radio Uruguay que la iniciativa se pondría en práctica, si resulta aprobada, con recursos que se asignarían a ese ministerio en la Ley de Presupuesto para el próximo período de gobierno.

El comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Juan Miguel Petit, dijo a la diaria que le “simpatiza mucho la idea”, y explicó que la novedad del planteo es que el INR pasaría a ser un servicio descentralizado. Acotó, además, que “simbólicamente es muy interesante que el nexo sea con el MEC, porque, por naturaleza, el relacionamiento propio del Ministerio del Interior tiende a ser muy vertical”. Esto implica, agregó, que se va a dar un salto de lo “vertical custodial” a lo “técnico educativo”. No obstante, opinó que el cambio no puede empezar con la próxima Ley de Presupuesto, “porque si este organismo nace mal, lo primero que van a decir es: ‘¿Vieron que tenía que funcionar bajo una lógica policial?’”.

La iniciativa ya causó críticas desde la oposición. El ex comisionado parlamentario Álvaro Garcé, actual asesor del sector nacionalista Todos, aseguró que el MEC no está preparado para cumplir con la función de ser el nexo con el Ejecutivo de ese servicio descentralizado. Opinó que en las condiciones actuales de las cárceles, donde la “vida no vale nada”, la “rehabilitación es una utopía” y, por lo tanto, el Poder Ejecutivo debería primero “asegurar un esquema de vigencia de los derechos y la integridad física”, antes de plantearse un “objetivo tan ambicioso” en tan corto plazo.

El senador Javier García, del mismo sector nacionalista, aseguró que no es “oportuno” que el organismo elegido como referencia sea el MEC, ya que este “tiene otras misiones y ni siquiera las puede cumplir”. Por su parte, el diputado nacionalista Pablo Abdala, de Alianza Nacional, explicó que su sector está “totalmente de acuerdo” con el “aspecto central” de darle autonomía al INR, pero considera que es mejor que el MI siga siendo su organismo de referencia, porque “el MEC tiene una amplitud de competencias y con esto se lo va a recargar”.