Luis Gallo, ayer, en la comisión invastigadora de ASSE.

FA no votará prórroga para la comisión investigadora de ASSE y el Fonasa

Opositores dicen que el oficialismo le teme a los controles; este retruca que no supieron administrar los plazos.

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Mañana de tarde, el plenario de la Cámara de Diputados estudiará el pedido de la oposición de extender el plazo de funcionamiento de la comisión creada el 9 de agosto de 2017 para investigar la gestión de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) desde 2008 y una estafa al Fondo Nacional de Salud (Fonasa). La oposición se sorprendió en la sesión de ayer, cuando los diputados del Frente Amplio (FA) anunciaron que no votarían la prórroga.

En diálogo con la diaria, el diputado denunciante, Eduardo Rubio (Unidad Popular), reprobó la decisión del oficialismo. “Va a quedar trunca la investigación de prácticamente todos los temas”, afirmó. Según Rubio, en el capítulo de ASSE la comisión avanzó “sustantivamente” en las investigaciones de los hospitales de Bella Unión, Rivera y Soriano, pero resta terminar el tratamiento de la situación en el Hospital Pasteur, el tema de los traslados, de los servicios descentralizados y de la Comisión de Apoyo, entre otros. En discrepancia con lo que plantean los diputados del FA, Rubio sostiene que la comisión halló nuevos elementos, y criticó a ASSE por no haber establecido responsabilidades.

“Nos quedan más cosas pendientes que las que hemos podido investigar”, sentenció el nacionalista Martín Lema en diálogo con la diaria. Dijo que al rechazar la prórroga el gobierno “muestra el miedo al control, tanto en ASSE como en los prestadores privados”, que tienen su cuota de participación en las afiliaciones mutuales ilícitas de socios del Fonasa, capítulo que la comisión empezó a investigar el lunes 23 (ver recuadro). “El FA muchas veces dice que hay un ensañamiento con ASSE –ensañamiento no es, porque esto llevó a la destitución de todo el directorio–, pero a la hora de investigar a los privados agachan la cabeza”, reprochó.

Agregó que los diputados del FA “vieron que se venía otro escándalo con el Fonasa” y resolvieron interrumpir el trabajo, lo que “genera más suspicacias”.

Lema adelantó que presentará denuncias penales junto con los otros diputados de la oposición (que son mayoría en la comisión) para “sumar documentación respaldante de diferentes causas”, incluso de algunas que ya están siendo indagadas por la Justicia, como las irregularidades en la contratación de ambulancias en Bella Unión.

Cecilia Bottino, diputada del FA y vicepresidenta de la comisión, respondió a este medio que las prórrogas al plazo de las comisiones son eventuales, y que esta investigadora sesionó todas las semanas (la mayoría lo hacen del 1º al 18 de cada mes), criticando a la oposición por no haber usado “correctamente” el tiempo del que dispuso. Con respecto al Fonasa, negó que el FA quiera evadir el tema. “Es falso, en varias oportunidades solicitamos que queríamos empezar con la estafa al Fonasa porque se nos acercaba el plazo y ellos querían seguir estudiando las unidades ejecutoras”, dijo, y alegó que el FA no pudo conducir la comisión porque era minoría.

Según Bottino la investigadora “no encontró nada nuevo”, y con respecto a las responsabilidades subrayó que renunció el anterior directorio de ASSE y que “el nuevo directorio se comprometió a corregir varias irregularidades y hubo cambio de dirección en los hospitales más comprometidos con la denuncia”. En especial señaló que renunció el gerente general Richard Millán, a quien “se dirigían las cosas”, sobre todo en “los hospitales más comprometidos”.

Con respecto a la estafa al Fonasa, Bottino expresó que “hay contradicciones” en los testimonios de funcionarios del Banco de Previsión Social (BPS), pero comentó que la comisión tiene pocas posibilidades de descubrir cómo se produjeron las ilicitudes. “Para mí es un tema que tiene que dilucidar la Justicia penal, porque tendrían que entrar a sistemas informáticos –nosotros no podemos hacerlo–, ver qué funcionarios tenían las claves para realizar las modificaciones e investigar a instituciones privadas, para lo cual tampoco tenemos potestades”. Consultada sobre si el FA acompañaría la denuncia penal de varias irregularidades, respondió que aún no se ha considerado ese tema, y que se definirá en función del informe que apruebe la comisión por mayoría.

Afiliaciones irregulares

El lunes 23 la investigadora recibió a María Irma Rodríguez, jefa de Afiliaciones Mutuales del BPS desde diciembre de 2015. Según consta en la versión taquigráfica, tras asumir el cargo ella notó que muchas personas concurrían muy molestas porque habían sido cambiadas de mutualista: “Por ejemplo, figuraba que alguien estaba en el CASMU y que había pedido cambiarse a la [Asociación] Española, pero la persona insistía en que no había pedido nada”. Rodríguez aclaró que eso ocurría desde 2008, pero que el BPS no caratulaba esos casos como denuncias, sino que los enviaba a la Junta Nacional de Salud (Junasa) bajo el rótulo “Cambio mutual”. Dijo que al plantear el caso en la Junasa la funcionaria de ese organismo se enojó con ella, y que el BPS tomó represalias por su actitud. La funcionaria agregó que hacía expedientes, pero que cuando iba a informar a la Junasa “la persona estaba nuevamente cambiada a la mutualista original por un funcionario del BPS […]; a pedido de la mutualista, entraba en el sistema, cambiaba, y ahí quedaba todo tranquilo”. Según afirmó, en febrero de 2017 había 1.500 denuncias.
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