Integrantes de la cúpula de la guerrilla desmovilizada de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) fueron citados por la Justicia Especial para la Paz (JEP) para responder por secuestros cometidos entre 1993 y 2002. Los ex jefes de la guerrilla deberán comparecer este viernes ante la Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y Determinación de Hechos y Conductas en lo que será el primer proceso de la JEP, instancia creada para juzgar los crímenes que se cometieron durante el conflicto armado en Colombia.
“Los estamos llamando por la decisión de la organización de hacer estos secuestros. Lo que vamos a hacer es darles traslado a los convocados de un listado de personas presuntamente retenidas de manera ilegal y a recibir información, como el lugar de notificación, los correos electrónicos y los datos de sus abogados”, explicó Julieta Lemaitre, presidenta de la Sala, en declaraciones citadas por el diario colombiano El Espectador. Muchas de las personas que figuran en ese listado permanecen desaparecidas y uno de los objetivos de la Justicia transicional será recabar datos para poder dar con su paradero. La JEP aclaró el viernes, en un comunicado, que la lista de las personas secuestradas fue elaborada con datos de la Fundación País Libre y dos informes del Centro Nacional de Memoria Histórica.
Entre los 32 citados a declarar se encuentran el máximo líder de las FARC, Rodrigo Londoño –conocido como Timochenko– y otros ex dirigentes, como Iván Márquez, Pablo Catatumbo, Carlos Antonio Lozada y Jesús Santrich. Este último fue detenido en abril por un delito de narcotráfico supuestamente cometido después de la firma de los acuerdos de paz, y su caso está pendiente de extradición a Estados Unidos.
Tendrán que declarar sobre los secuestros siete de los diez congresistas que tiene el partido político que surgió de la ex guerrilla luego de la firma de la paz, la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, que conserva las iniciales del grupo armado.
La decisión del tribunal fue aplaudida por políticos de los principales partidos colombianos, que compartirán escaños con esa decena de ex combatientes cuando asuma el nuevo Congreso, el viernes 20.
El senador electo de Alianza Verde Antonio Sanguino dijo que, con el llamado, “la JEP está cumpliendo la finalidad para la cual fue creada”. Al mismo tiempo, Sanguino recordó que “esta comparecencia de ex guerrilleros no significa que pierdan los derechos políticos hasta que no se tome una decisión de fondo”.
Por su parte, el senador del Polo Democrático Alternativo Jorge Robledo dijo que con la citación el tribunal empieza “a cumplir con su deber de llamar a los responsables, según lo avalado por la Corte Constitucional”.
En tanto, a los representantes del Centro Democrático –el partido del presidente electo, el uribista Iván Duque– les pareció una decisión “obvia”, aunque se mostraron escépticos respecto de la imposición de “verdaderas sanciones”. En ese sentido, el senador Jaime Amín, del Centro Democrático, expresó: “No hay una expectativa muy alta por lo que seguramente va a pasar, el sobreseimiento punitivo”. A la vez, Amín consideró “paradójico” que “quienes estén acusados por delitos de lesa humanidad ejerzan derechos políticos en un cargo de elección popular”.
La futura senadora de la FARC, Victoria Sandino, defendió por su lado que los antiguos jefes de la guerrilla tienen una “absoluta” voluntad de contar la verdad e insistió en que los congresistas de su partido podrán responder a la Justicia “sin perder sus derechos políticos”. Por último, pidió a la JEP que llame a “todos los actores del conflicto” –en el que también participaron representantes del Estado– y no sólo a los ex guerrilleros, tal como fue acordado.