Michel Temer sigue recortando presupuestos y Brasil profundiza su crisis: disminuye la creación de puestos de trabajo, aumenta la mortalidad infantil por primera vez desde 1990, y 62% de los brasileños mayores de 17 años querría emigrar. Para el segundo semestre, se agregan las elecciones como un elemento adicional de inestabilidad: “Van a generar más incertidumbre en el consumo, por la indecisión política, sin la expectativa de algún candidato que pueda retomar la economía y hacer las reformas necesarias”, dijo Luís Augusto Ildefonso, presidente de Alshop (Asociación de Comerciantes de Centros Comerciales), en declaraciones al diario Folha de São Paulo.
Dilma Rousseff fue suspendida de su función presidencial en mayo de 2016 y acusada tres meses después. Esto agravó una situación ya débil al restar confianza en el funcionamiento de la economía, y la oportunidad fue buena para que Temer recortara y congelara presupuestos, imponiendo la recesión y revirtiendo los avances hechos en materia social. La directora del Departamento de Enfermedades No Contagiosas y Análisis del Ministerio de Salud, Fatima Marinho, vaticina un creciente deterioro de la situación, con cifras aun más graves que las actuales. “Ya no avanzamos, sino que vamos para atrás. Si continúa esta tendencia, habremos perdido rápidamente lo que ganamos en 15 años”.
Los datos analizados por Folha de São Paulo muestran que desde el comienzo de la década de 1990 Brasil acusaba una reducción anual media de la tasa de mortalidad de 4,9%, por encima de la media global de reducción, estimada en 3,2% en 2017 según UNICEF. Pero ya en el primer año de presidencia de Temer, la tasa de mortalidad fue de 14 muertes por cada 1.000 nacimientos, un aumento próximo a 5% en comparación con el año anterior, que venía mostrando estabilidad, con índices similares a los registrados en los años 2013 y 2014.
El aumento de la tasa de mortalidad infantil es asociado por el Ministerio de Sanidad a la epidemia del virus del zika y a la crisis económica, que causa pérdida de ingresos en las familias. Hay una caída de 5% en la natalidad, causado por madres que evitan el embarazo ante la amenaza del zika. La recesión estaría asociada a las muertes infantiles evitables, causadas por males perfectamente curables como la diarrea –que aumentó 12% como causa de muerte en los menores de cinco años, y 19% de esas muertes ocurrieron en regiones semiáridas– y la neumonía, en un panorama de paralización de programas sociales y recortes presupuestarios en el sistema público de salud. La directora de la Fundación Abrinq de San Pablo, Denise Cesario, afirma que estas muy significativas tasas proyectarán sus efectos, a través de la crisis económica, en los años venideros.
La mortalidad infantil (la que sucede en el primer año de vida) es uno de los indicadores clave en la medición del desarrollo de un país. Brasil había sido ponderado por su éxito en los avances hacia los Objetivos de Desarrollo del Milenio de Naciones Unidas en un estudio de 2010 del American Journal of Public Health, que destacó “los rápidos avances en salud maternal, neonatal e infantil”. La combinación de crecimiento económico con la reducción de la pobreza produjo gracias a programas fundamentales del gobierno, como Bolsa Familia, una transferencia de efectivo a familias que aseguraran la asistencia escolar de sus hijos y el estar al día con sus vacunaciones.
El secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Secretarías de Salud y ex secretario de Salud del estado de Ceará, Jurandi Frutuoso, dio cuenta de que sólo la mitad del gasto en salud de Brasil viene de arcas estatales; el resto proviene actualmente de planes privados y bienes personales. A su vez, el sistema de salud pública se está rezagando en sus prestaciones por el aumento de la población, los avances tecnológicos y los costos médicos.
El gobierno responsabiliza de la situación actual a los efectos de los ocho días del paro nacional de camioneros, que duró hasta fines de mayo de este año. La economía cayó ese mes 3,8% más que en abril, en lo que sería el peor desempeño de la serie histórica, iniciada en 2011, con la industria retrocediendo a niveles de 2003. También se maneja la cifra de 1.000 millones de dólares en pérdidas efectivas a causa de la paralización del transporte de carga y una caída de 3% en las exportaciones. “El sentimiento es de frustración”, dice José Velloso, presidente ejecutivo de la Asociación Brasileña de la Industria de Máquinas y Equipos.
El próximo gobierno, sea cual sea, debe hacerse cargo de una herencia pesada que se viene conformando. Entre proyectos que se tramitan a última hora en el Congreso y las medidas de contención de gastos que el equipo económico no logró aprobar, lo más probable es que un déficit de 68.000 millones de reales (17.600 millones de dólares) sea el legado para el próximo presidente. La cifra supera los 45.000 millones de reales (11.600 millones de dólares) que el gobierno federal gasta cada año en la administración pública. Además de pautas legislativas que implican la caída expresiva de la recaudación, también se acumulan los gastos que el gobierno creó o no tuvo fuerza política para revocar, como el reajuste salarial a funcionarios públicos.
Una consecuencia directa de la situación es que Brasil no crea actualmente 70% de los puestos de trabajo previstos. Esto constituye una interrupción de lo que parecía ser la mejora gradual del empleo formal que se experimentó a lo largo del año pasado. A principios de 2018, el ritmo de creación de puestos en el mercado formal de trabajo pronosticaba para este año algo así como 750.000 nuevos puestos. Desde marzo, sin embargo, la desaceleración ha sido tan brusca que, manteniendo el ritmo registrado a partir de ese mes, el mercado de trabajo puede cerrar 2018 con un saldo neto de sólo 220.000 nuevos empleos registrados.
La percepción de deterioro de la situación económica del país se ha extendido entre los brasileños. Para 72% de la población, el escenario ha empeorado en los últimos meses, mientras que sólo 6% apunta a una mejora, según una encuesta de Datafolha. Se trata de la evaluación más negativa desde febrero de 2016, cuando ya se vivía una profunda recesión. En el sondeo anterior, el pasado abril, eran 52% los brasileños que miraban con pesimismo la evolución de la coyuntura. El alza de las cotizaciones del dólar fue acentuada en el país por las dudas sobre la solidez presupuestaria y las elecciones presidenciales. Además, la huelga de los camioneros mostró la debilidad del gobierno (debió recurrir a las fuerzas armadas para despejar 132 cortes de rutas) y llevó a nuevos gastos públicos. 49% de los entrevistados dice haber vivido un retroceso, y para 32% el escenario económico se agravará aun más en los próximos meses.
La Fundación Getulio Vargas (FGV), a su vez, encuentra que reina el escepticismo en cuanto a la reanudación de la economía brasileña. En junio, seis indicadores de confianza de la FGV cayeron, contribuyendo a componer el escenario de estragos causados por la huelga de camioneros. Aunque el retroceso fue más abrupto en junio, más grave es que el empeoramiento de la confianza llegó antes que la paralización de los camioneros. Los índices ofrecieron una tímida mejora que parecía consistente entre finales de 2017 y comienzos de 2018, pero volvieron a caer entre marzo y abril. Los indicadores de confianza de la FGV captan el ánimo de industria, del comercio, de los servicios y de la construcción civil, además del de empresarios y consumidores.
Nada resultó más afectado que la confianza de los consumidores, según afirma la FGV. El desplome fue de casi cinco puntos en junio, el más acentuado desde febrero de 2015. La confianza en el sector de la construcción también preocupa porque, además de no reaccionar, está muy por debajo del nivel neutro. Lo que lastra al sector es la falta de recursos del gobierno para llevar a cabo las obras, las dificultades por las que pasan las empresas involucradas en la Operación Lava Jato y el débil desempeño del mercado residencial. En consecuencia, el Banco Central recalculó a la baja las previsiones de crecimiento económico, de 2,6% a 1,6%.
La desconfianza de los consumidores tiene fuerte expresión entre los jóvenes. Si pudieran, 62% de los jóvenes brasileños se marcharían del país. Eso implica que la población de los estados de San Pablo, Río de Janeiro y Paraná desaparecerían de Brasil. Son cerca de 70 millones de brasileños con más de 16 años los que dejarían Brasil si pudieran, según muestra una encuesta del instituto Datafolha.
Del sondeo, realizado el mes pasado en todo el territorio nacional, se desprende que 43% de la población adulta manifestó su deseo de salir del país, pero la cifra crece a 62% entre encuestados que tienen entre 16 y 24 años. Son al menos 19 millones de jóvenes los que abandonarían Brasil, el equivalente a toda la población de Minas Gerais. El éxodo no se queda sólo en la intención. El número de visados estadounidenses para inmigrantes brasileños llegó a 3.366 en 2017, el doble de 2008, cuando comenzó la crisis global. El país preferido de los que quieren mudarse es Estados Unidos. Sin embargo, hay a quienes los ata la lengua, como muestra el aumento de solicitudes de ciudadanía portuguesa. Sólo en el consulado de Portugal de San Pablo se expidieron 50.000 concesiones desde 2016. En el mismo período, se duplicó el número de visados para estudiantes, empresarios y jubilados que pretenden establecer su residencia en el país ibérico. No sólo los jóvenes quieren irse, sino que entre ellos, los que tienen mejor formación: son mayoría, 56%, aquellos que tienen enseñanza superior.