Cuando la empresa finlandesa UPM desembarcó en Uruguay con su proyecto para construir una planta de celulosa en Fray Bentos, no sólo generó reacciones contrarias al otro lado del río Uruguay. Los cortes de ruta de la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú fueron el elemento más notorio de oposición, y al convertirse en una especie de enemigo común para todo el sistema político uruguayo, contribuyeron a invisibilizar otras disidencias. En Fray Bentos y en Soriano hubo en aquellos años movimientos ambientalistas contrarios a la pastera, que en ocasiones se plegaron a las acciones de la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú. Una de las referentes de esos movimientos fue la fraybentina Delia Villalba, quien años después fue candidata a la vicepresidencia de la República por Unidad Popular y que falleció el año pasado.
La situación es bastante distinta en el caso del proyecto de construcción de una segunda pastera de UPM a orillas del río Negro. En esta oportunidad, la oposición es más notoria y proviene de varios frentes, desde diferentes territorios y con distintos perfiles ideológicos.
A nivel político, en los partidos mayoritarios no hay una oposición frontal a la instalación de la pastera, más allá de las críticas de algunos dirigentes opositores a que se otorguen beneficios tributarios a UPM y no a las empresas locales. En cambio, sí se oponen a la instalación de la planta Unidad Popular (UP) y el Partido Ecologista Radical Intransigente (PERI). UP está manifestándose desde el año pasado en contra del proyecto, y el PERI difundió esta semana una carta abierta al presidente Tabaré Vázquez en la que le solicita una entrevista y denuncia el contrato entre el gobierno uruguayo y UPM por la “falta de equidad en el reparto de costos-ganancias-obligaciones y derechos que favorecen unilateralmente a la compañía finlandesa”. El partido detalla puntos del contrato que a su entender perjudican a Uruguay, como las condiciones en materia de plazos que se imponen a la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) o la obligación que se impone a UTE de comprar la energía excedente de la planta. Finalmente, sugiere que sea el Estado uruguayo el que construya la planta, y presenta algunos cálculos para mostrar que esta opción es viable y menos costosa para el país.
Petición por las redes
Pero la oposición más importante a la pastera proviene de algunos movimientos sociales. Hace dos meses se creó el grupo “UPM 2 No” en Facebook, que tiene 3.500 miembros y en el que participan otros movimientos constituidos previamente, como el Movimiento por un Uruguay Sustentable (Movus). Raúl Viñas, de Movus, dijo a la diaria que la organización que integra se dedica principalmente a hacer informes técnicos y económicos del impacto que tendrá la pastera. Por ejemplo, Viñas escribió el miércoles en su Twitter que UPM tuvo una ganancia de 689 millones de euros en lo que va de 2018, y que al menos 180 millones fueron gracias a su planta en Fray Bentos. “No pagar impuestos es negocio”, concluyó.
En la página de “UPM 2 No” se señala que el objetivo es “alentar la creación de un vasto movimiento ciudadano que impida la instalación de una segunda planta de UPM”. “Quitará fuentes de trabajo, aumentará nuestra deuda externa, incrementará el porcentaje de tierra erosionada, agregará contaminación al río Negro, inundará San Gregorio de Polanco, expulsará más gente del campo, expropiará centenares de predios, partirá ciudades al medio con su ferrocarril, modificará la legislación laboral de todo el país y alterará nuestros planes de estudio”, enumeran las organizaciones. “UPM en el río Negro será una zona franca donde no se pagarán los impuestos que deben pagar los emprendimientos uruguayos, obtendrá energía a un precio menor que el pagado por el resto del país, recibirá un sobreprecio por la energía que produzca y le entregaremos millones de litros de agua al día gratuitamente”, agregan.
En “UPM 2 No” participa, además de Movus y otros movimientos sociales, el grupo ecofeminista Dafnia, que promueve tanto las reivindicaciones feministas como la sustentabilidad ambiental esencial para la vida, explicó a la diaria una de sus integrantes, Ana Filippini. “Creemos que UPM va a ser un desastre nacional, y creemos que el agua es fundamental para la sobrevivencia del país y una de las cosas que se va a ver más afectada”, añadió.
La principal acción de este movimiento actualmente es la recolección de firmas para una petición contra el contrato firmado con UPM, que se entregarán al presidente Vázquez el 24 de agosto en la Torre Ejecutiva. A la petición y también al grupo se sumó Un Solo Uruguay (USU), y así lo ratificó el sábado en su asamblea general en Durazno. “Todos los uruguayos quieren el mismo trato que tiene UPM y las empresas que están en zona franca”, dijo a este medio Marcelo Nogué, integrante de USU. En el petitorio se sostiene que UPM “aumentará el endeudamiento público” y que las exoneraciones que se otorgan a la pastera generan “una grave inequidad” en relación al resto de los productores y trabajadores del país, entre otros cuestionamientos.
Por otra parte, hay movimientos sociales que no participan en “UPM 2 No” pero que también se oponen y han hecho movilizaciones contra la instalación de la segunda planta, como la Asamblea Nacional Permanente en Defensa de la Tierra, el Agua y los Bienes Naturales.