La comisión investigadora sobre el financiamiento de partidos de la Cámara de Diputados avanzó ayer sobre dos grandes temas que estudia: el cobro diferente de minutos de publicidad televisiva a los partidos en la última campaña electoral, y la vinculación entre la empresa Aire Fresco y el gobierno que presidió José Mujica. Además, analizaron las cartas enviadas por Francisco Paco Casal y Nelson Gutiérrez, empresarios de Tenfield, y el pastor Jorge Márquez, de la Iglesia Misión Vida, que decidieron no comparecer.

A fines del año pasado, el colorado Adrián Peña solicitó incluir a Tenfield entre las empresas a investigar. Uno de los argumentos que manejó, según informó el 20 de noviembre El Observador, fue que esa empresa resultó beneficiada por el gobierno de Mujica, que la exoneró de una deuda de 11 millones de dólares por impuestos no pagos a la Dirección General Impositiva. Casal y Gutiérrez enviaron a la investigadora una carta –a la que accedió la diaria– explicando que declinaron concurrir porque entienden que se busca “rédito político o aprovechamiento indebido de pretendidas y falsas situaciones de financiamiento por parte de nuestra empresa que nunca ocurrieron”.

Indicaron que el propio presidente de la comisión, Alejo Umpiérrez, había alertado a sus integrantes que no debía transformarse a la investigadora en un “reality show”. También señalaron que el frenteamplista Daniel Caggiani dijo que el Partido Nacional (PN) “generó un circo en torno a la investigadora”, y por lo tanto alegaron: “Con todo respeto, no es esta la forma que pretendemos se siga en un Estado de derecho, no debemos participar ni de un reality show ni de un circo, calificado así no por nosotros sino por los propios actores”. Umpiérrez dijo en conferencia de prensa que los integrantes de la comisión rechazaron la nota por su “forma” y “tenor”. De todas formas, señaló que continuarán con las citaciones por el caso Tenfield y que se votó la comparecencia del senador Mujica.

Márquez también envío una nota a la investigadora. Alegó que la Justicia investiga los hechos, y que es su “competencia privativa” determinar si Misión Vida está vinculada “en forma ilegal al financiamiento y campañas electorales de los partidos”. Opinó además que los dichos de algunos integrantes de la comisión lo “agravian públicamente”. Aseguró que ni su iglesia ni la ONG Esalcu, que gestiona los centros Beraca, “han financiado campaña política alguna”, y que eso es “una mentira hecha pública sin investigación seria y pertinente que compruebe tal falacia”. En este sentido, se dirigió directamente al frenteamplista Óscar Groba: “¿No debería usted retractarse y pedirnos disculpas?”. Según Groba, está “claramente demostrado” que Misión Vida participó en la campaña de la senadora nacionalista Verónica Alonso, pero su comparecencia es necesaria para que pueda “defenderse”. Señaló que no descarta “la posibilidad de iniciar una acción penal en Crimen Organizado”, porque en la carta Márquez “da elementos de que algo está violando”.

Los integrantes de la comisión del PN concurrieron a la comisión para responder sobre los gastos en publicidad televisiva en la última campaña electoral. Según el estudio “El gasto electoral en publicidad televisiva en Uruguay: cobro diferencial y subdeclaración”, el Frente Amplio (FA) fue el partido que pagó más caro el minuto de publicidad en televisión. Al salir, Umpiérrez aseguró a la prensa que “quedó demostrado” que ese estudio es un “informe seudoacadémico” con “grandes inconsistencias”, y señaló que incluso uno de sus autores, Rafael Piñeiro, reconoció ante la investigadora que “había errores” y que se trata de un “mero trabajo introductorio”.

El frenteamplista Alfredo Asti dijo a la diaria que lo único que hicieron los representantes del PN fue criticar el informe, “sin aportar ninguna información que avale esas críticas”. Los nacionalistas aseguraron que si se analiza a nivel de partidos, la diferencia de cobro no es muy significativa: 12% de diferencia entre el FA (el partido que pagó más caro el segundo) y el PN (el que lo pagó más barato). Ellos argumentan, indicó Asti, que informaron su gasto publicitario a la Corte Electoral, y que no corresponde que detallen a cuánto negociaron el minuto.

Lo referido a la empresa Aire Fresco no arrojó mayores novedades. Concurrieron integrantes de la empresa avícola Tres Arroyos, que exportó pollos a Venezuela mediante un mecanismo “muy particular”, según Umpiérrez, en el que “facturaba primero Aire Fresco y después esta vendía a Venezuela, en vez de hacer una única operación de venta directamente” con el país caribeño. Groba dijo a la diaria que el tema ya fue tratado por la Justicia, y que ahora es un “tema puramente ideológico: golpear a Mujica y al MPP”. Los empresarios de Tres Arroyos expresaron ante los legisladores que el gobierno había hecho un acuerdo con Aire Fresco para proveer a Venezuela de pollos y, como la capacidad no les dio, Aire Fresco los contrató para complementar la exportación. “Entonces, es un tema de empresas privadas que hicieron un acuerdo con el gobierno venezolano en el cual no hubo ninguna participación del gobierno uruguayo para favorecer a Aire Fresco”, señaló Groba.