El sábado el Poder Ejecutivo (PE) presentó el proyecto de Rendición de Cuentas que ingresará formalmente mañana a la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Diputados. Este miércoles la comisión definirá el procedimiento de trabajo y la semana siguiente recibirá al equipo económico del gobierno, conformado por el Ministerio de Economía y Finanzas y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

Si bien el proyecto todavía no comenzó a ser estudiado en el Palacio Legislativo, integrantes de la oposición ya espetaron sus primeras críticas. El diputado del Partido Nacional (PN) Jorge Gandini dijo a la diaria que el ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, hace “un relato muy complejo de la situación económica pero concluye resultados muy optimistas”. Según sostuvo, las metas económicas que el Ejecutivo se propone no se van a cumplir. “Vamos a tener problemas con la inversión, el turismo y el consumo”, sostuvo. Además, dijo que no se genera “ninguna medida para estimular la producción”, y destacó que en los últimos artículos del proyecto se aumenta el tope de la deuda. “Uruguay se puede endeudar hasta un monto fijado por ley, y esta es la cuarta vez que se corre el límite”. Gandini sostuvo que el empleo seguirá cayendo y sólo se podría revertir en 2019, si es que se empieza a construir la nueva planta de UPM, “a costo del Estado”. El nacionalista encontró “llamativo” el artículo 310 del proyecto, que dice que el Fondo de Estabilización Energética “se destinará a financiar tanto las expropiaciones, como la ejecución de obras adicionales” del Proyecto de Infraestructura “Ferrocarril Central”. Gandini mencionó que hace un año el PE quiso destinar el ahorro del Fondo, más de 170 millones de dólares, a “construir las vías de UPM” sin una ley que lo habilitara, pero después de un “gran debate” en el Parlamento “finalmente se detuvo”. Más tarde, recordó que se aprobó una ley que decía que el monto se destinaría a Rentas Generales, y ahora es reasignado en esta rendición presupuestal. Para el diputado del PN, a los 150 millones de dólares de incremento, “sin decir ‘agua va’”, se sumaron otros 170 millones de dólares “para las obras de UPM”, lo que es “un sinsentido enorme”.

Por su parte, Conrado Rodríguez, diputado del Partido Colorado (PC), dijo a la diaria que el gobierno se perdió la oportunidad de proyectar una rendición austera. “Se debería haber aprovechado la oportunidad para recortar gastos superfluos del Estado, en toda la administración”. Afirmó que se “incumplieron una cantidad de promesas de la campaña y del primer año de gobierno”. “Astori había prometido que al final del quinquenio se iba a reducir el déficit a 2,5% del PIB [Producto Interno Bruto], y eso no se va a cumplir”, aseguró.

En cambio, en el Frente Amplio (FA), el diputado Alejandro Sánchez dijo a Montevideo Portal que lo “conforma mucho” el proyecto y que, “más allá de que no se logran resolver todos los problemas”, teniendo en cuenta la situación de la región, el proyecto que el FA trae “es el único en América Latina que aumenta el gasto público social”.

En lo que tiene que ver con la implementación de la ley de violencia hacia las mujeres basada en género, el PE le asigna en el proyecto de ley de Rendición de Cuentas una partida de 25 millones de pesos para que el Ministerio del Interior implemente el uso de tobilleras, además de 20 millones de pesos al Ministerio de Vivienda para otorgar subsidios para atender situaciones vinculadas con la ley; y 30 millones para la atención de las víctimas de violencia basada en género en el interior del país y cinco millones de pesos para campañas de bien público sobre temas de género.

Por otra parte, en el capítulo del Ministerio de Salud Pública (MSP) se establece la conformación de la Comisión Técnica Asesora sobre Medicina Altamente Especializada. El artículo dice que estará formada por un presidente, designado por el MSP; un representante de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República; un representante del Fondo Nacional de Recursos y un miembro designado por el MSP, a propuesta del cuerpo médico nacional. “La Comisión asesorará a la Dirección General de la Salud del MSP en los aspectos técnico-asistenciales vinculados a la incorporación o desincorporación de tecnología médica al Sistema Nacional Integrado de Salud”.

En el inciso también se especifica que la historia clínica “es de propiedad del paciente” y sólo podrán acceder a esta los responsables de la atención médica, el personal administrativo y el paciente, o llegado el caso la familia y el MSP “cuando lo considere pertinente”. “También podrá ser solicitada directamente al prestador de salud por el Ministerio Público cuando se trate de la historia clínica de una víctima de un delito cuya investigación tenga bajo su dirección, siempre que recabe previamente el consentimiento de aquella o, en su caso de la familia, y a los solos efectos de la acción penal”. En tanto, otro artículo dice que los prestadores de salud públicos y privados “deberán utilizar obligatoriamente la plataforma de Historia Clínica Electrónica Nacional para asegurar la continuidad asistencial”.