La semana pasada se cumplieron tres meses del inicio de las protestas antigubernamentales en Nicaragua que, según datos de distintas organizaciones defensoras de los derechos humanos, han dejado entre 277 y 351 muertos. La gran mayoría eran manifestantes. Las movilizaciones comenzaron en repudio a una reforma del sistema de seguridad social y se convirtieron en un reclamo masivo por la renuncia del presidente, Daniel Ortega, a quien acusan de abuso de poder, control de los medios de comunicación, manipulación de la Justicia y corrupción, entre otras cosas.

Sin embargo, Ortega continúa aferrado a su cargo y el lunes reiteró que no lo abandonará porque su período electoral termina en 2021. Además, en una entrevista concedida al canal estadounidense Fox, afirmó que un adelanto de los comicios para marzo de 2019, como exigen varios gobiernos y organismos internacionales, crearía “inestabilidad e inseguridad” y “empeoraría las cosas” en su país.

Ese mismo día, las calles de Managua fueron escenario de dos protestas paralelas a favor y en contra del gobierno, convocadas en el marco del Día Nacional del Estudiante pero centradas en la crisis política.

La marcha convocada por los detractores de Ortega reunió a cerca de 5.000 personas –en su mayoría jóvenes universitarios– y se realizó bajo el lema “Unidos por la libertad y la justicia". Reclamaban que Ortega deje el gobierno, que se aclaren las muertes en las protestas y que cese la represión. Los participantes, que llevaban consigo banderas de Nicaragua, hicieron un minuto de silencio por los más de 100 estudiantes asesinados en las últimas semanas por las “fuerzas combinadas” gubernamentales, integradas por policías, parapolicías, paramilitares y antimotines. El silencio fue roto a los gritos con consignas como “¡Eran estudiantes, no eran delincuentes!”, “¡Que viva Nicaragua libre!” y “¿Cuál es la ruta? ¡Que se vaya ese hijo de puta!”.

En otra zona de Managua, miembros de la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua, de la Juventud Sandinista y trabajadores estatales marcharon para exigir “que se aplique la ley para todos aquellos asesinos y golpistas”, en alusión a los manifestantes opositores. Los simpatizantes del gobierno –que también alcanzaban las 5.000 personas– llevaban banderas rojas y negras del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional y de Nicaragua. A la vez, cargaban fotografías de los policías que murieron durante las protestas y de algunos civiles.

En la entrevista con Fox, Ortega rechazó las acusaciones de que su gobierno financió a grupos de choque para provocar la violencia, y responsabilizó, en cambio, a grupos paramilitares financiados por parlamentarios opositores y narcotraficantes. Lamentó que su pueblo viva un “auténtico terrorismo”. También dijo –ignorando completamente lo que sucedía en Managua– que las protestas habían cesado y que la situación se estaba “normalizando”.

Unas horas después, manifestantes opositores informaron que tres personas más murieron en un nuevo ataque de las fuerzas combinadas en la ciudad de Jinotega, al norte de la capital. “Esta es la normalidad de la que habla Daniel”, ironizó uno de los denunciantes en un mensaje público, mientras mostraba fotos de las víctimas.

En las últimas horas, surgieron además denuncias de “secuestros” y “detenciones ilegales” por parte de las fuerzas gubernamentales. Uno de esos detenidos es el alcalde del municipio de Mulukukú, Apolonio Fargas, informó el Partido Liberal Constitucionalista del que forma parte.

Organismos internacionales y asociaciones civiles denuncian desde hace semanas el aumento de la lista de “presos políticos” que, según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, asciende a 226.