La presentación del proyecto de construcción de una torre de más de 100 metros de altura donde está ubicado el emblemático e histórico hotel San Rafael, ícono de Punta del Este, debe llevarnos a dar una necesaria discusión sobre el desarrollo de Maldonado, el manejo del territorio y las proyecciones a futuro. A los pocos días de presentado el proyecto original del arquitecto Rafael Viñoly de un edificio de 300 metros de altura, se recolectaron vía internet miles y miles de firmas contra él, despertando preocupación tanto en vecinas y vecinos como en el ámbito académico.

Antes de la votación del martes en la Junta Departamental, el intendente Enrique Antía amenazó con que personalmente se iba a ocupar de saber y difundir los nombres de los ediles que votaron en contra, constituyendo un claro amedrentamiento a los legisladores departamentales y atentando así contra su necesaria libertad a la hora de manifestarse, y en definitiva contra los valores fundamentales de nuestra democracia.

Viñoly afirmó la semana pasada en el semanario Búsqueda que Uruguay “no tiene un proyecto sostenible. Falta rumbo, planificación, regulación. Los políticos no tienen la menor idea de lo que están haciendo” y “todo queda en manos de la iniciativa privada”. Viñoly está en lo correcto: en lo que va del período de gobierno del Partido Nacional (PN) en Maldonado se han aprobado más de 60 excepciones edilicias, convirtiéndose así la excepción en regla.

El argumento principal de esta política de flexibilización urbana impulsada por el intendente Antía es la necesidad de generar nuevos puestos de trabajo en el corto plazo, argumento que consideramos muy noble pero con altísimos costos para la población. Es pan para hoy y hambre para mañana. Quisiéramos saber qué va a pasar en tres o cuatro años, cuando las obras proyectadas se finalicen. ¿Se seguirán otorgando exoneraciones tributarias, para entrar así en un infinito círculo vicioso de exoneraciones a la construcción? ¿Se seguirá flexibilizando la normativa de ordenamiento territorial en Maldonado? ¿Se autorizará la construcción de cualquier edificio sin importar dónde, en qué condiciones y con cuáles características?

Con discursos demagógicos y falaces, se está permitiendo que los inversionistas privados, quienes tienen el capital, decidan cómo, hacia dónde y en qué condiciones se desarrolla el territorio en Maldonado. No se advierte que de esta manera estamos hipotecando el futuro, sin pensar en las consecuencias que puede traer este crecimiento desmedido e infundado, postergando las cuestiones ambientales y urbanísticas.

El intendente Antía y el PN utilizan la normativa con total inconsistencia, sin considerar que es el instrumento técnico fundamental con el cual las administraciones públicas deben desarrollar y gestionar el territorio, generando ese tan necesario equilibrio entre el interés general y el interés privado. Se prioriza, una vez más, la inversión, sin tener en cuenta que las obras edilicias van construyendo nuestras ciudades, y de esta forma se van condicionando sus dinámicas.

La realidad es que, como bien sostenía Viñoly, en Maldonado no existe planificación. Es tiempo de que discutamos cuál es la gestión que le queremos dar a nuestro territorio. Debemos debatir sobre qué desarrollo pretendemos darle al departamento, hacia dónde queremos que crezca y en qué condiciones, valorando las realidades de todos los vecinos fernandinos.

El territorio de Punta del Este tiene particularmente un gran potencial, en el que nuestro patrimonio natural tiene un rol preponderante, pero no lo tenemos en cuenta como deberíamos. Pensar el progreso en clave sostenible es fundamental. La máxima de Artigas nos debe guiar en este proceso: “No venderé el rico patrimonio de los orientales al bajo precio de la necesidad”.

No podemos permitir que el futuro del departamento y de la vida de sus habitantes quede sometido a los intereses y a la voluntad de la iniciativa privada. El Estado y las organizaciones de la sociedad civil, representantes de la voluntad general en su más amplio espectro, deben definir en forma plural y participativa los lineamientos generales que nos permitan tener una idea de hacia dónde queremos ir, escuchando y considerando todas las voces, porque sin planificación todo queda sometido a las circunstancias.

Lamentablemente, en la actualidad quienes están definiendo cómo se construye la ciudad y cuál será nuestro futuro son los inversionistas, y el gobierno departamental flexibiliza la normativa para que esto pueda ser así, postergando de esta forma el interés común.

Allá por 1963, el pensador José Carlos Lorente, vecino de la ciudad de San Carlos, escribía: “Cuando los gobernantes ya no gobiernan para la República, sino para sus propios intereses o los de quienes más tienen, el hábito de la deshonra conduce insensiblemente a la hipocresía; entonces resulta ridículo llenar nuestra boca con la palabra Democracia cuando el nombre apropiado al caso es Plutocracia”. Es tiempo de poner fin a esta realidad, y la única manera de lograrlo es sumando nuestras fuerzas y nuestras voces.

Joaquín Garlo es edil del Movimiento de Participación Popular