Luego de que a mediados de junio el semanario Voces publicara una larga entrevista a Franklin Rodríguez, en la que el actor criticaba el acuerdo financiero de Socio Espectacular (SE), y el teatro El Galpón –uno de los principales gestores del proyecto– le impidiera continuar ensayando en la institución, a fines de la semana pasada la Sociedad Uruguaya de Actores (SUA) decidió sancionar a Rodríguez durante seis meses por sus “agravios públicos” –lo que fue ampliamente cuestionado por el sector– y convocó a una asamblea para el martes 7.

El plan de SE surgió en 1997, impulsado por El Galpón y el teatro Circular, y se planteó como una posible salida a la profunda crisis económica que vivían las salas independientes. Ahora, dos décadas después, la directora y dramaturga Marianella Morena reconoce lo bueno de que se democratice el acceso a la cultura, pero evalúa que esta es una medida que se le debe reclamar al Estado, y que para eso “están los proyectos públicos, en los que los artistas reciben sueldos acordes a su función”, como es el caso de los elencos estables de la Intendencia de Montevideo y el SODRE. “La taquilla subvencionada, como pasa en cualquier parte del mundo, no es a costa del trabajador. ¿Nadie hace las cuentas? ¿Nadie pregunta? ¿A nadie le llama la atención cómo sobrevive el sistema?”, se cuestiona. Advierte que “es hora de terminar con el silencio, aunque para mí significará estar en una lista negra”. Cree que la salida es acabar con “el odio, con la persecución, con el adoctrinamiento”, y que hay que “pensar soluciones sin estar castigando y señalando con el dedo”. Para Morena la única salida factible es generar “proyectos sustentables en los que cada uno de los involucrados tenga un respaldo económico acorde a su tarea, y no un sistema laboral desproporcionado en tareas y protagonismos”. En este contexto, dice, es necesario rever la Ley 18.384 –Estatuto del Artista y Oficios Conexos– porque tiene “vacíos legales”, a la vez que “malinterpreta nuestra forma laboral”; redefinir el concepto de teatro independiente, que “abarca distintas realidades, instituciones, creadores”, y múltiples formas de creación y producción; que SUA sea un “sindicato que defienda siempre y por encima de todo al trabajador”, y que se aparte “de otro tipo de intereses, vínculos, alianzas o sistemas circunstanciales”; y que el proyecto de ley de teatro independiente abarque a todos y no sólo se limite a las salas.

Ecuaciones

Desde SE plantean que desconocen por qué los acusan de que su programa ofrece beneficios a costa de la precarización salarial de los actores. Aclaran que SE les compra las entradas a las distintas instituciones, y que estas “deciden qué hacer con ese dinero; nosotros no tenemos nada que ver con los salarios de los actores”. Creen que los salarios se han vuelto “un problema político muy preocupante, porque el teatro debe obtener subsidios públicos para poder sobrevivir. En el mundo no existen teatros con elencos profesionales que no tengan subsidios públicos, y este es un reclamo que no se le puede hacer a un privado ni a un proyecto de socios. Además de que, en su momento, nos fortaleció el crear puentes con sectores sociales que no podían asistir al teatro y esto no quiere decir que la ecuación no resulte positiva para las dos partes”, plantean.

Proyectos a futuro

En su caso, la actriz y dramaturga Raquel Diana evalúa que SUA no tuvo una “actitud feliz” y que procedió con “impericia”, porque habilitó a que muchos dijeran que se trataba de una censura. “Conozco a los compañeros que integran la Comisión de Ética y no creo que esa sea su intención, pero hay un problema de interpretación. Estoy a favor de la libertad de expresión, pero creo que SUA es mucho más que estos últimos cinco minutos. Veremos qué se resuelve en la asamblea”.

Sostiene que en su momento ella no estuvo de acuerdo con la propuesta de SE, pero luego de una serie de asambleas, el teatro que integraba (El Galpón) resolvió ser su promotor. “Para mí ha sido difícil porque nunca creí que fuera un buen proyecto: hay una baja en el costo de las entradas, que estaría bien si fuera a favor de gente que no pudiera acceder al teatro, pero eso no sucedió mucho, y esta cuota la asumieron otras personas que de todos modos siempre hubieran asistido; esto implicó que la boletería se viera mermada”. Recuerda que esta iniciativa se dio en los 90, cuando el “Estado no estaba presente y todos estábamos convencidos de que nunca intervendría”. “El tema del trabajo no está en el centro del asunto, y han pasado los años pero eso se ha mantenido. Esta es una amable crítica, porque cuando di la batalla, perdí. Hoy mi crítica más fuerte es hacia lo estatal, porque si bien se han implementado subsidios, aún faltan políticas a largo plazo que integren una planificación y que contemplen a todos. Y si una sala recibe subsidios, no debería cobrar lo que cobra como seguro”.

Diana se pregunta cuáles son las políticas culturales actuales, ya que “el Estado se ha vuelto un actor ausente”: “No alcanza con dar un poco de dinero: es necesario tener políticas, desarrollos, estrategias. Nosotros trabajamos en colectivo y obtenemos cosas, pero ¿qué sucede con el libro, por ejemplo, que tiene un instituto nacional creado por ley pero nunca ha funcionado?”.

Consultado por la diaria, el director nacional de Cultura –y ex presidente de SUA–, Sergio Mautone, dijo que no haría declaraciones porque se trata “de un tema interno de SUA con un afiliado”. En cuanto al proyecto de ley del teatro independiente, considera que es importante generar un contexto que permita la existencia y el desarrollo de las instituciones culturales, y si bien él está “abocado a la [futura] ley de cultura”, cree que esto se debería discutir en un contexto más general.