El diputado nacionalista Pablo Abdala propuso citar al subsecretario del Ministerio del Interior (MI), Jorge Vázquez, al Parlamento por su participación en el proceso de licitación de las cámaras de reconocimiento facial de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF). En diálogo con la diaria, el legislador explicó que el MI se encuentra bajo la lupa, ya que fue “acusado de corrupción”, y la gravedad de la denuncia requiere una “explicación” de las autoridades.

Al diputado no le “cierran” las declaraciones que ha brindado el MI y que, posteriormente, dio públicamente el jerarca. El jueves 9 la cartera publicó un comunicado en el que asegura que “jamás insinuó ni direccionó la contratación de ninguna de las empresas que participaron del llamado”, y explica que “en todo momento” se informó a las autoridades de la AUF de que “dicha decisión era de absoluta y exclusiva competencia de la AUF”. El comunicado se emitió a raíz de una publicación del semanario Búsqueda, en la que se transcribe una conversación entre el empresario Walter Alcántara y el entonces presidente de la AUF, Wilmar Valdez, en la que este último asegura que el MI ejerció presión para que la empresa DDBA ganara la licitación: “Está el ministerio metido y adentro del ministerio va la cometa de la empresa que ganó. Tiene que ser de esa forma, ¿me entendés?”. En otra conversación, Alcántara explica la influencia que tuvo el subsecretario en la decisión final de Valdez: “El ministro del Interior y el Perro Vázquez, te digo textual lo que me dijo, poco menos le pusieron un revólver en la cabeza ordenándole que tenía que ser esa empresa DDBA, que está involucrado el hijo de Tabaré. Eso me dijo Valdez”.

El subsecretario del MI optó por aclarar cuáles fueron los motivos que llevaron a esa cartera a recomendar el servicio de DDBA. En una entrevista con la radio M24 dijo que si bien la propuesta de Servinfo –la otra empresa que se presentó a la licitación– era más barata que la DDBA, presentó 49% de nivel de acierto en identificación de personas, mientras que la otra empresa llegó a un porcentaje del 99% de acierto. “No cobramos ninguna coima y no dirigimos ninguna compra para recibir ninguna coima”, replicó el jerarca, y agregó que la empresa tenía “mejor capacidad” y cumplía con los requisitos de seguridad necesarios. Según dijo, en los pliegos se exigía a las empresas un margen mayor de reconocimiento facial, de 85%.

Para Abdala, las declaraciones de Jorge Vázquez sólo agregan “confusión”, porque primero asegura que no incidió en el proceso de licitación y luego sostiene que se hicieron “recomendaciones técnicas”. “No entiendo cómo dice que no tuvo la más mínima incidencia, porque se supone que era competencia exclusiva de la AUF, pero después los hechos muestran que no fue tan así. Entonces queremos saber por qué el subsecretario se apartó de la verdad”, señaló.

Ayer el MI volvió a referirse al asunto, y nada menos que en la sesión del Consejo de Ministros. Luego de la reunión del gabinete, la ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, afirmó en diálogo con la prensa que el ministro Eduardo Bonomi explicó a sus pares que la licitación es un “invento de la AUF”, porque como institución privada “no tenía ninguna obligación de hacer una licitación”, y que la cartera lo único que planteó fue que la “identificación de los rostros” tenía que ser la adecuada. La ministra señaló, además, que Jorge Vázquez se presentó “donde se tenía que presentar: ante la Justicia, la Fiscalía, la Junta de Transparencia [y Ética Pública] y el Tribunal de Ética del Frente Amplio”.

En tanto, el director de la empresa DDBA, Diego Bello, dijo a la radio El Espectador que el resultado final de la licitación se justifica porque su empresa presentó mejores resultados técnicos. Aseguró, además, que el MI cumplió un “rol de asesoramiento” y, en la última etapa de la licitación, la AUF solicitó al ministerio una carta en la que le pide que le recomiende a la empresa que debían seleccionar. También negó cualquier vínculo de su empresa con el hijo del presidente Tabaré Vázquez: “Eso ya nos hemos encargado de desmentirlo por todos lados. Nosotros no tenemos ningún tipo de vínculo con Javier Vázquez ni con la familia Vázquez ni con ningún miembro del Poder Ejecutivo”, manifestó, y agregó que “es un rumor falso” y que no tienen “nada que ocultar”.

En bloque

El Partido Independiente también apoyará la citación de Jorge Vázquez al Parlamento. Según dijo el senador Pablo Mieres a la diaria, es necesario “aclarar” su rol en la licitación. También aseguró que “hubo una responsabilidad política del MI” en el negocio y “su opinión fue determinante” para el resultado final de la adjudicación. Además, el senador se refirió a los comentarios que hizo Jorge Vázquez en M24 sobre él. Vázquez dijo que Mieres lo “injurió” al acusarlo de “corrupto” y esbozó que “capaz” que “abusa un poco de los fueros que tiene”. Para Mieres, no se puede calificar de “injurias” lo que él dice, porque eso significaría que lo que sostiene “no es verdad”. “Acá el MI dijo que no intervino en la licitación y luego dijo que sí participó, por lo tanto, mintieron”. También cuestionó el supuesto abuso de sus fueros: “Yo no necesito los fueros para decir lo que quiero decir. Ese comentario estuvo de más”.