Carlos Beraldi, el abogado de la ex presidenta argentina Cristina Fernández, denunció ayer irregularidades en los allanamientos que se llevaron a cabo desde el jueves en propiedades de su defendida por el caso conocido como el “de los cuadernos”. En un documento publicado en la página web de Fernández, Beraldi afirmó que los allanamientos se prolongaron más de lo necesario para generar “estrépito y material para las tapas de los diarios” y reiteró que no se le permitió estar presente durante los procedimientos, tal como había pedido.

Además, dijo que “en ninguno de los domicilios hay bóvedas ni documentos u objetos que puedan tener una procedencia ilícita”, que los elementos que fueron confiscados “no guardan relación con la causa”, y que el procedimiento “no tuvo otro propósito que generar daño y humillación” a la ex presidenta. También insinuó que podría haber sucedido algo más grave al referirse al allanamiento que se llevó a cabo en El Calafate: “No sabemos quién entra o sale de la casa y, mucho menos, si se planta cualquier tipo de prueba falsa”.

Esos segmentos del comunicado parecían estar dirigidos a contrarrestar información publicada, entre otros, por los diarios Clarín y La Nación, que indicaba que se retiraron de la casa de Fernández en El Calafate 94 cajas con documentos, antigüedades, obras de arte y objetos de valor. Entre estos objetos, se encontraban, por ejemplo, una carta del general José de San Martín a Bernardo O’Higgins y un documento original de Hipólito Irigoyen, así como una escultura de Marta Minujín.

En un operativo que se extendió por 72 horas, se confiscaron carpetas, discos y pendrives de una bóveda encontrada en el sótano de la casa, informó Clarín. Según este periódico, allí había informes sobre políticos, empresarios y empresas. Entre otros, figuran los nombres de Carlos Reutemann, y el de la ex esposa del fiscal Alberto Nisman, Sandra Arroyo Salgado.

Similares a las de Beraldi fueron las declaraciones de una de las trabajadoras domésticas de la casa de El Calafate, María Rosales, quien dijo al canal Todo Noticias que los policías se llevaron “chucherías” y negó que existiera una bóveda. “No encontraron nada importante”, aseguró.

En referencia al apartamento allanado en el barrio porteño de Recoleta, el abogado aseguró que cuando tres trabajadoras domésticas estaban “ordenando la ropa y limpiando los estantes” después del procedimiento sufrieron mareos, dificultades para respirar y picazón en la garganta y los ojos. “Se constató que las dolencias padecidas tienen como origen un tóxico de contacto”, informó, y dijo que por eso Fernández no regresó a ese apartamento. Un informe toxicológico confirma que hubo síntomas vinculados con algún producto tóxico, pero no se supo de qué tipo y no se descarta que se trate de uno utilizado para la limpieza. La Policía Federal rechazó la denuncia y aseguró que “no se dejaron tóxicos”.

Beraldi también criticó un informe enviado por el juez de la causa, Claudio Bonadio, al Centro de Información Judicial, una oficina estatal que se encarga de difundir la información del Poder Judicial. Allí Bonadio hace un repaso de las conclusiones que sacó en su investigación judicial y afirma que los ex presidentes Fernández y Néstor Kirchner son los “verdaderos beneficiarios de la maniobra ilícita”, un esquema de corrupción en el que supuestamente los empresarios pagaban sobornos para obtener licitaciones de obras públicas.

El abogado afirma que en ese “insólito informe” Bonadio “anticipa la decisión que adoptará” con respecto a la ex presidenta “prejuzgando sobre su supuesto carácter de jefa de una asociación ilícita”. Según expone Beraldi, “este nuevo capítulo” se suma a una serie de “hostigamientos y persecuciones hacia la doctora Fernández de Kirchner”.

Mientras tanto, las encuestas intentan medir el impacto que ha tenido en la opinión pública y en la intención de voto este caso y su exposición en los medios, y parece ser nulo. Según dos encuestas citadas por el diario Tiempo Argentino y diez repasadas por Clarín, el respaldo a la ex presidenta no decae y las principales preocupaciones de los argentinos son las vinculadas con la economía, en particular la inflación, la devaluación y el desempleo.